Por: Joaquín Riffo B.

Interferencia. 24/04/2026

El Ejecutivo negó usar fondos públicos para la Oficina del Presidente Electo, pero luego lo justificó como parte del cambio de mando, comparándolo con el gobierno anterior.

El Gobierno de José Antonio Kast emitió un comunicado de prensa para responder a la controversia, negando el uso de fondos públicos para costear los gastos operativos de la Oficina del Presidente Electo (OPE). El Ejecutivo argumentó que los desembolsos en cuestión se relacionan, en realidad, con tareas propias del cambio de mando.

Esta polémica se originó, en parte, tras la visita de un equipo de la Contraloría General de la República a las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia. Dicha inspección tuvo como objetivo auditar los pagos a personal y otros gastos ligados a la OPE durante el periodo de enero a marzo de 2026.

Ante las interrogantes sobre los gastos de la OPE, la Presidencia afirmó categóricamente que “no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”.

Respecto a la información sobre pagos a integrantes de la OPE, el Ejecutivo aseguró que estos se efectuaron “en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.

En un dato comparativo con el gobierno anterior, las autoridades indicaron que en 2022 el proceso de cambio de mando involucró a 19 funcionarios, incluyendo a las exministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes ejercieron funciones entre enero, febrero y marzo de ese año. En contraste, en 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11.

Finalmente, la Presidencia comunicó que “La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido”.

Cabe recordar que once personas que integraron la OPE —el organismo privado que José Antonio Kast utilizó para coordinar su llegada al poder— recibieron pagos de la Presidencia de la República, lo que consta en los informes de actividades mensuales de febrero y marzo de 2026, que fueron publicados en los registros de Portal Transparencia.

La polémica había sido levantada en enero por el diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri, quien cuestionó que Kast realizara giras internacionales, instalara oficinas y contratara personas antes de asumir, sin explicar el origen de los recursos. Manouchehri exigió que si el financiamiento era privado, se transparentara quiénes eran los aportantes y en qué calidad jurídica realizaban sus aportes, advirtiendo sobre eventuales "deudas de favores". La senadora socialista Daniella Cicardini se sumó al cuestionamiento, pidiendo saber quién pagaba las giras de Kast a Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Panamá y Europa.

Durante la jornada de ayer, Manouchehri sostuvo que la acción de la Contraloría confirma las dudas que —según dijo— han planteado desde el Congreso respecto al financiamiento del proceso de instalación del presidente Kast.

“El tiempo nos está dando la razón que todas las fiscalizaciones que nosotros hemos hecho cuentan con un profundo sustento jurídico y se empiezan a pillar las mentiras del Gobierno, porque cuando nosotros hicimos la interrogante pública de cómo estaban financiando el proceso de instalación, la OPE, los viajes del presidente, ellos dijeron que todo era con cargo a recursos propios del presidente”, afirmó.

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