Por: Venus Reyes Palacios. Investigadora Fundación SOL

El Ciudadano. 29/04/2026

La hipótesis del derrame, que el gobierno insiste en sostener, carece de sustento empírico: no existe evidencia comparada concluyente de que este enfoque mejore las condiciones de vida de las familias trabajadoras. En Chile, esta fórmula ha resultado en un país sumamente desigual, donde el 1% más rico concentra más del 50% de la riqueza y el 10% más rico concentra más del 80%, según datos de la Oficina de Altos Patrimonios del Servicio de Impuestos Internos.

Hace unos días, el gobierno de José Antonio Kast presentó el anunciado “Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”. Bajo este título amplio y ambicioso, la iniciativa reúne diversas materias, desde medidas de reactivación económica hasta respuestas a los incendios de los últimos años.

La heterogeneidad de tópicos que abarca ha llevado, con razón, a catalogarla como una ley miscelánea o “tutifruti”. Esta columna examina qué hay detrás de la propuesta y cuáles podrían ser sus efectos para la clase trabajadora.

En su argumentación, el mensaje sostiene que “a nivel fiscal, el bajo dinamismo económico ha impedido generar la recaudación suficiente para sostener las aspiraciones legítimas de la ciudadanía en educación, salud, previsión y seguridad”. Sin embargo, de manera contradictoria, el proyecto no apunta a resolver dichas aspiraciones ni a avanzar en la ampliación de derechos sociales.

El objetivo del gobierno con esta ley es hacer de Chile un país más atractivo para la inversión a través de dos vías. Por una parte, con la reducción de impuestos corporativos a las utilidades de las grandes empresas del 27% al 23%. Por otra parte, con la simplificación de la tramitación de proyectos (la llamada “permisología”).

Esta iniciativa se instala bajo la promesa de que, en el futuro, el dinamismo económico permitirá financiar las necesidades y derechos sociales. No obstante, la señal es clara, se vuelven a postergar las demandas de la clase trabajadora, condicionándolas a que el crecimiento económico termine por derramarse sobre el conjunto de la sociedad.

Es, otra vez, una política del chorreo que demora en responder a los problemas estructurales que requieren acciones urgentes, como los bajos salarios y pensiones, o el acceso a derechos sociales como la salud, educación y vivienda.

La hipótesis del derrame, que el gobierno insiste en sostener, carece de sustento empírico: no existe evidencia comparada concluyente de que este enfoque mejore las condiciones de vida de las familias trabajadoras. En Chile, esta fórmula ha resultado en un país sumamente desigual, donde el 1% más rico concentra más del 50% de la riqueza y el 10% más rico concentra más del 80% (según datos de la Oficina de Altos Patrimonios del Servicio de Impuestos Internos).

Nuevamente, a la clase trabajadora le toca esperar a que la riqueza generada por el capital se derrame. Mientras tanto, entre 2020 y 2026, el costo de la vida acumulado ha aumentado más de un 40%, sin que los salarios hayan logrado seguir ese ritmo.

Según datos de la ESI 2024, entre 2019 y 2024, el ingreso líquido real promedio de las personas ocupadas creció apenas un 6,6%, lo que equivale a un aumento cercano a $55 mil en cinco años. En el mismo período, el PIB real se expandió un 10,1%, es decir, un 53% por sobre el crecimiento del salario promedio. Las cifras confirman que el crecimiento no se distribuye.

A pesar del evidente foco en impulsar una reforma tributaria, el Presidente Kast anunció que la “prioridad uno es dar empleo”. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló en su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados que “no hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente”.

Las declaraciones son contradictorias y las principales autoridades económicas del gobierno no parecen estar alineadas. Más preocupante aún es que el Ejecutivo vuelve a desconocer un aspecto clave, y es que la creación de empleo solo en términos cuantitativos aborda apenas la superficie del problema. Sin una mejora en la calidad del empleo y los salarios, el aumento de puestos de trabajo difícilmente se traducirá en mejores condiciones de vida.

Hoy, tener un empleo no garantiza una vida digna. Según datos de la Encuesta Casen 2024, el 55,7% de las y los trabajadores gana menos de $600 mil líquidos y el 63,5% de las personas ocupadas no podría sacar a un hogar promedio de 3 personas de la pobreza, considerando aquellas personas que arriendan el lugar donde viven.

A pesar de este crítico panorama y de las soluciones urgentes que requiere, el gobierno insiste en utilizar la misma estrategia del chorreo que ha estado presente en Chile durante las últimas décadas. En este tiempo no se ha comprobado que la reducción de impuestos se traduzca en mayor inversión, de hecho, puede producir el efecto contrario al aumentar los márgenes de ganancia del capital.

Los datos respaldan esta tendencia: en base a información del Banco Central, entre 1990 y 2024 las utilidades han crecido a un ritmo mayor que la inversión.

Si se esperan resultados distintos, es necesario intentar caminos distintos, y para eso es clave pensar en alternativas desde el mundo del trabajo. La literatura muestra que la existencia de modelos de negociación colectiva ramal y sindicatos fuertes es compatible con economías que presentan mayores niveles de ocupación, mejor distribución de la riqueza, mejores salarios y menores niveles de desigualdad.

La salida de la crisis no pasa por recortar derechos ni por empobrecer a la clase trabajadora, bajo la promesa de un crecimiento que no llega para todos. La salida es colectiva: fortalecer los salarios a través de la organización sindical e instalar mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza.

En este 1° de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, resulta más urgente que nunca avanzar en el fortalecimiento y la unidad de la clase trabajadora para hacer frente a reformas que perpetúan un modelo que, en lo esencial, no se toca.

Venus Reyes Palacios

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