Por: Simon Del Valle
El Clarín de Chile. 23 mayo, 2026
La ofensiva comunicacional del Ministerio de Hacienda para defender la rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23% busca instalar una idea simple: Chile tendría impuestos “demasiado altos” y por eso estaría perdiendo inversión frente al resto del mundo. El problema es que la comparación utilizada por el gobierno de José Antonio Kast es parcial, selectiva y omite elementos esenciales del sistema tributario internacional.
El video difundido por Hacienda insiste en comparar la tasa chilena de 27% con el 21% federal de Estados Unidos y con promedios OCDE más bajos. Formalmente, el dato existe. Chile efectivamente tiene hoy una tasa corporativa superior al promedio simple de la OCDE, estimado en torno al 24,2%.
Pero la conclusión política que extrae el gobierno —que la economía chilena no atrae inversión por “altos impuestos”— está lejos de ser una verdad demostrada.
La principal omisión del relato oficial es Estados Unidos. El gobierno de Kast utiliza únicamente la tasa federal de 21%, instalada tras la reforma tributaria de Donald Trump en 2017. Sin embargo, las empresas estadounidenses también pagan impuestos estatales, que varían entre 0% y más de 11% dependiendo del territorio.
Diversos estudios tributarios indican que la tasa combinada real en Estados Unidos se acerca más bien al 25%-26%, muy cerca del promedio OCDE y bastante menos distante de Chile de lo que sugiere el Ministerio de Hacienda.
En otras palabras: el video gubernamental compara el 27% chileno con un 21% incompleto.
La segunda debilidad del argumento oficial es más profunda. La evidencia internacional no demuestra que una rebaja tributaria garantice automáticamente crecimiento, inversión o empleo.
De hecho, informes recientes de la propia OCDE sobre Chile identifican otros problemas estructurales como las principales trabas a la inversión:
- lentitud regulatoria,
- incertidumbre política,
- baja productividad,
- burocracia
- debilidad del crecimiento,
- y dificultades institucionales para acelerar proyectos.
El punto es crucial porque desmonta el corazón ideológico del discurso del gobierno: que el problema económico chileno se explicaría fundamentalmente por la carga tributaria empresarial.
Chile, además, ha mantenido durante años altos niveles de inversión minera y estabilidad macroeconómica incluso con una tasa corporativa de 27%. La propia historia económica reciente contradice parcialmente la tesis de Hacienda.
El debate tampoco puede separarse del diseño específico del sistema chileno. Chile opera bajo un régimen parcialmente integrado, donde parte importante del impuesto pagado por la empresa se descuenta posteriormente de los tributos personales de los dueños o accionistas.
Eso significa que comparar simplemente “27% versus 21%” distorsiona una discusión mucho más compleja sobre carga tributaria efectiva.
Además, los críticos de la reforma advierten que la reducción propuesta por el gobierno beneficiará principalmente a grandes grupos económicos y altos patrimonios, disminuyendo simultáneamente la capacidad recaudatoria del Estado en momentos de fuerte presión fiscal y desaceleración económica.
La discusión recuerda inevitablemente la reforma de Trump en Estados Unidos. En ese caso, la gran promesa fue que la rebaja tributaria generaría un boom de inversión y salarios. Sin embargo, numerosos análisis posteriores concluyeron que una parte importante de los recursos terminó orientada a recompra de acciones, dividendos y fortalecimiento financiero corporativo antes que a expansión productiva o empleo.
En Chile, el gobierno de Kast apuesta al mismo relato económico: menos impuestos para grandes empresas producirían automáticamente más inversión, crecimiento y bienestar general.
Pero incluso dentro de organismos promercado y centros tributarios internacionales existe debate sobre cuánto impacto real tienen las rebajas corporativas cuando los problemas estructurales son otros.
La propia OCDE reconoce que las tasas corporativas son solo uno de múltiples factores que inciden en la inversión.
El problema político para La Moneda es que la ciudadanía parece no comprar completamente esa narrativa. Diversas encuestas recientes muestran un creciente rechazo a la llamada “Megarreforma” y una percepción extendida de que el gobierno privilegia a grandes empresas mientras el costo de la vida continúa aumentando.
Por eso el debate tributario ya dejó de ser una discusión técnica. Se ha transformado en una disputa política sobre quiénes serán los beneficiarios reales del nuevo modelo económico impulsado por José Antonio Kast.
Simón del Valle
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