Por: Leopoldo Lavín

El Clarín Chile. 28 mayo, 2026

Hay una crueldad muy deshumanizante en despojar a quienes ya dieron todo. A quienes trabajaron décadas, cotizaron, criaron hijos, construyeron este país, y hoy dependen de una pensión, de un programa de alimentación o de una residencia comunitaria para vivir con la dignidad que les corresponde. Eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno de José Antonio Kast a través de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: recortar, descontinuar y rebajar los programas que sostienen la vida de cientos de miles de adultos mayores en Chile. Eso no es mantener una Nación, es neoliberalismo aplicado. Viejas recetas por supuesto.

El periodismo de investigación de CIPER lo reveló con frialdad documental: el 21 de abril de 2025, Hacienda emitió una circular que propone reducir en al menos un 15% el presupuesto de nueve programas destinados a personas mayores, lo que equivale a cerca de $427 mil millones en recortes proyectados desde 2027. No como rumor, no como filtración: por escrito, firmado, instrucción oficial de un ministerio del Estado de Chile.

Lo que la vejez revela

En 1970, Simone de Beauvoir publicó La Vieillesse, su estudio filosófico y político sobre el envejecimiento humano, una obra que la sociedad prefirió ignorar entonces y que hoy resulta perturbadoramente actual. Beauvoir escribió sin eufemismos que «la vejez expone la verdad de las relaciones sociales» y que el modo en que una civilización trata a sus mayores es «la prueba irrefutable de lo que esa civilización vale». No como metáfora: como diagnóstico.

La filósofa francesa S. Beauvoir argumentó que el sistema capitalista convierte al ser humano en un instrumento de producción. Mientras produce, tiene valor. Cuando deja de producir, se convierte en un problema, en una cifra de gasto, en un renglón susceptible de ser tachado en una circular ministerial. Lo que la filósofa francesa describió como una «conspiración del silencio» en torno a la vejez —la sociedad que prefiere no ver, no nombrar, no confrontar la condición de sus mayores— encuentra hoy en Chile una expresión burocrática precisa: una lista de programas a descontinuar, redactada sin respaldo técnico, sin evaluación de impacto, sin rostros.

Eso es exactamente lo que CIPER documentó.

Las brutales medidas en cifras para los adultos mayores

Es un atentado a la dignidad de la persona humana viniendo de un gobierno de católicos conservadores:

• $427 mil millones en recortes proyectados desde 2027
• 15% de rebaja mínima propuesta a nueve programas
• 546 mil pensionados del sistema de reparto amenazados
• 900 mil beneficiarios del programa de alimentación
• 183 mil del programa Más Adultos Mayores Autovalentes
• 0,13% de gasto administrativo, lo que desnuda que el recorte va directo al bolsillo de los pensionados

Que nadie se confunda con el lenguaje tecnocrático. Los números tienen rostros, historias, vidas enteras detrás.

Las pensiones del antiguo sistema de reparto que el ministro Quiroz pretende rebajar en $322 mil millones son cobradas hoy por 546 mil personas. Son jubilaciones y montepíos de un sistema al que estas personas cotizaron durante toda su vida laboral, en muchos casos bajo dictadura, sin opciones ni elecciones. Son derechos legales consagrados. El propio exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, recordó a CIPER que modificarlos requiere una reforma legal, y que la última vez que alguien osó hacerlo fue en 1985, cuando el ministro Hernán Büchi retuvo parcialmente los reajustes bajo el régimen de Pinochet. Estamos, pues, ante una medida que no tiene precedente democrático en la historia de Chile.

Los recortes no son austeridad técnica, sino ideología neoliberal aplicada sobre los más vulnerables, sin respaldo en evidencia. Un retroceso evidente.

El Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor —que entrega alimentos con micronutrientes a 900 mil personas para prevenir carencias nutricionales y sostener su funcionalidad física— también está en la lista. Y aquí la lógica del ajuste alcanza su expresión más reveladora: el último informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres), de 2024, señala que el programa enfrenta déficit financiero por exceso de demanda. Es decir, más adultos mayores necesitan el beneficio del que estaba previsto, porque el país envejece y la necesidad crece. La respuesta del gobierno de Kast: reducirle el presupuesto.

A esto se suma la propuesta de eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que beneficia a 183 mil personas y que, como comprobó CIPER, fue «recomendado favorablemente» en su evaluación técnica de 2021. Ningún informe posterior había sugerido eliminarlo. Ninguno. La instrucción de Quiroz no nació de la evidencia, sino de una convicción ideológica que precede a cualquier dato.

La frialdad de una circular sin fundamentos

Uno de los aspectos más graves que revela la investigación de CIPER es que ninguno de estos recortes descansa en informes técnicos de la Dipres ni en estudios económicos formales. No existe diagnóstico de ineficiencia. No hay evaluación de impacto social. No hay nada que los sustente, salvo la voluntad de un ministerio que resolvió, desde un escritorio, que las personas mayores de Chile representan un gasto prescindible.

Esto no es austeridad responsable ni planificación presupuestaria rigurosa. Es ideología neoliberal en su forma más pura: la que reduce al ser humano a su utilidad económica y descarta lo que no produce. Y son precisamente los gobiernos que abrazan esa ideología —los que anteponen la ortodoxia fiscal al contrato social— los que aplican ese tipo de ajustes con la misma naturalidad con que se firma un memorando.

El argumento del ahorro administrativo, además, se disuelve ante los propios datos del gobierno. Como señala el informe de la Dipres sobre las pensiones de reparto, el gasto administrativo de ese programa alcanza apenas el 0,13% del total. Una rebaja del 15% no puede, por tanto, absorberse en burocracia: se traduce, con aritmética inexorable, en menos dinero en el bolsillo de cada pensionado.

El ser humano como recurso: la genealogía de una crueldad

Llamar a estas medidas simplemente «neoliberales» no es una opinión política ni un insulto: es una categoría analítica documentada. El historiador francés Johann Chapoutot, en su riguroso estudio Libres d’obéir: Le management, du nazisme à aujourd’hui (Gallimard, 2020), rastreó la genealogía intelectual de la gestión moderna del «capital humano» y encontró raíces perturbadoras. Chapoutot documentó cómo juristas y tecnócratas formados en el nazismo —como Reinhard Höhn, oficial de las SS reconvertido en gurú del management de posguerra— trasladaron al mundo corporativo y estatal la lógica de los seres humanos como recursos productivos: útiles mientras rinden, prescindibles cuando no.

No se trata de equiparar ideologías ni de hacer analogías apresuradas. Se trata de reconocer, con rigor histórico, que la lógica que reduce a las personas a su capacidad productiva —que las valora mientras trabajan y las descarta cuando envejecen— tiene una genealogía documentada, y que el neoliberalismo la perfeccionó en lenguaje de eficiencia y mercado. Cuando una circular ministerial propone eliminar sin sustento técnico los programas que alimentan a 900 mil personas mayores, no estamos ante una decisión contable neutral. Estamos ante esa misma lógica, operando con corbata y hoja de cálculo.

La promesa que no duró ni una firma

José Antonio Kast prometió en campaña que la Pensión Garantizada Universal no sería tocada. CIPER reveló que la misma circular del 21 de abril propuso rebajarla también en un 15%. La promesa duró exactamente lo que tarda la tinta en secarse sobre una instrucción ministerial.

Esta no es solamente una traición política de las que la historia registra con notas al pie. Es el patrón estructural del ajuste neoliberal: se llega al poder invocando la protección de los más vulnerables, y se gobierna para desmantelar pieza a pieza el Estado que los sostiene. América Latina lo conoce bien. Lo vivió en los años noventa. Lo está padeciendo Argentina en tiempo presente.

El modelo Milei: una lección que Chile no puede ignorar

Mirar al otro lado de la cordillera no es catastrofismo. Es memoria y es política comparada.

En Argentina, el presidente Javier Milei aplicó los mismos argumentos —eficiencia, austeridad, eliminación del «gasto improductivo»— para congelar y licuar las jubilaciones. El resultado fue que personas mayores que habían trabajado toda su vida vieron evaporarse, en pocos meses, el poder adquisitivo de pensiones que representaban décadas de esfuerzo. Cuando salieron a la calle a reclamar —con sus años sobre los hombros, sus bastones, sus enfermedades crónicas— fueron reprimidas con gases lacrimógenos y violencia policial frente al Congreso de la Nación. Personas de 70, 75, 80 años, dispersadas por el Estado que primero les arrebató el dinero y luego les negó el derecho a protestar.

Lo que describió Beauvoir con precisión filosófica en 1970 —la sociedad que convierte al mayor en paria, en peso muerto, en problema a resolver— Milei lo ejecutó como política de gobierno cincuenta años después. Y lo que Chapoutot documentó como genealogía histórica de la deshumanización productivista encontró en el Río de la Plata su versión más brutal y contemporánea.

Chile no es inmune a ese proceso. El mismo esquema ideológico, la misma retórica de la eficiencia sin rostro, el mismo desprecio por los derechos adquiridos operan hoy en los pasillos de Santiago. La diferencia entre el presente chileno y el presente argentino no es de naturaleza, sino de velocidad y de resistencia social.

La solidaridad generacional como imperativo democrático

Chile envejece aceleradamente. En 2050, cerca de un tercio de su población tendrá más de 60 años. No se trata de un problema demográfico abstracto: es el país que ya está llegando, el que se construye o se destruye con las decisiones que se toman hoy.

La solidaridad generacional no es filantropía ni sentimentalismo. Es el fundamento ético de toda sociedad que aspire a llamarse democrática. Las personas mayores de hoy edificaron la infraestructura material e institucional que los más jóvenes habitan. Reducirles la alimentación, las pensiones, los cuidados y la autonomía no es eficiencia: es el olvido convertido en política pública, la ingratitud elevada a rango de decreto.

Por eso, la organización de los pensionados y de las personas mayores no es un asunto sectorial ni gremial. Es un imperativo político de primer orden. Las agrupaciones de adultos mayores, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias y los sindicatos de pensionados tienen hoy la responsabilidad histórica de levantar un movimiento social articulado que afirme con claridad meridiana: los derechos conquistados a lo largo de una vida no se negocian en una circular ministerial de abril.

El movimiento social chileno tiene memoria y tiene experiencia. El octubre de 2019 comenzó, entre otras razones, porque la gente salió a decir que la dignidad no estaba en venta. Las personas mayores de Chile tienen hoy razones propias, concretas, documentadas por CIPER con rigor periodístico, para pronunciar esa misma frase.

La calle, la organización, la movilización no son el último recurso de los impotentes. Son el primer recurso democrático de quienes no disponen de lobby, de capital ni de acceso a los corredores del poder. Solo tienen décadas de vida entregada a este país y la certeza filosófica, histórica y humana de que eso, en una democracia que se respete, debería ser suficiente.

Leopoldo Lavín Mujica

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