Por: Félix Montano
El Clarín Chile. 28 mayo, 2026
El traslado de reos comunes desde el actual Centro Penitenciario de Tiltil desató críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que acusan al gobierno de José Antonio Kast de buscar revertir la reconversión impulsada por Gabriel Boric y devolver al recinto su carácter exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad.
El posible retorno de Punta Peuco a su condición de cárcel exclusiva para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura volvió a instalar un intenso debate político y moral. Parlamentarios de oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos acusaron al gobierno de José Antonio Kast de intentar revertir uno de los cambios simbólicos impulsados por la administración de Gabriel Boric: terminar con el carácter privilegiado del recinto penitenciario.
La polémica se desató luego de que trascendiera el inicio de gestiones administrativas para trasladar a tres reos comunes desde el actual Centro Penitenciario de Tiltil hacia otras cárceles del país. Según información revelada por CNN Chile, los internos serían enviados a recintos en Casablanca y Temuco, en una medida que Gendarmería calificó como técnica y voluntaria.
Sin embargo, para sectores de izquierda y organizaciones de memoria histórica, el movimiento tiene un trasfondo político mucho más profundo: reconstruir el antiguo modelo de Punta Peuco como un penal diferenciado y exclusivo para militares y agentes condenados por crímenes de lesa humanidad.
La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, calificó la situación como “un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país”. Según afirmó, detrás de las decisiones administrativas “podría estar escondiéndose el propósito real de reconstruir Punta Peuco como una cárcel privilegiada para criminales de lesa humanidad”.
En la misma línea, la exalcaldesa de Santiago y actual diputada comunista Irací Hassler sostuvo que “Punta Peuco no puede volver a ser una cárcel de privilegios para violadores de derechos humanos”. Hassler recordó que el gobierno anterior avanzó precisamente en desmontar “un símbolo de desigualdad e impunidad dentro del sistema penitenciario”.
Las críticas apuntan a que el eventual retroceso no sería un simple ajuste penitenciario, sino parte de una disputa ideológica más amplia sobre la memoria histórica del país. Durante años, Punta Peuco fue visto por organizaciones de derechos humanos como el emblema de los privilegios otorgados a responsables de torturas, desapariciones y ejecuciones durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El penal, construido en 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, operó durante décadas con condiciones diferenciadas respecto del resto del sistema penitenciario chileno. Las críticas históricas apuntaban a mejores condiciones materiales, menor hacinamiento y un trato excepcional para condenados por crímenes considerados imprescriptibles por el derecho internacional.
Por eso, cuando en noviembre de 2025 el gobierno de Boric anunció el término del carácter especial del recinto y su transformación en una cárcel común, la medida fue presentada como un gesto político y ético de alto contenido simbólico. El decreto, posteriormente visado por la Contraloría, cambió oficialmente el nombre del recinto a Centro Penitenciario de Tiltil y permitió el ingreso gradual de reos comunes.
El primer traslado ocurrió ese mismo año con el ingreso de un condenado por violación a una menor de edad. Posteriormente llegaron otros internos condenados por delitos sexuales. Entre quienes ahora serían removidos del penal figuran Clemente Espinoza Fuentes, condenado a 15 años por violación de una menor de 14 años; Juan Carlos Carrasco Zamorano, condenado por abuso sexual; e Iván Ricardo Moreno Tobar, sentenciado también por violación de una menor.
El debate volvió a encenderse después de declaraciones públicas del propio Kast, quien había cuestionado abiertamente la decisión del gobierno anterior de convertir Punta Peuco en un penal común. A ello se sumaron palabras del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien reconoció que el Ejecutivo estaba “disponible para evaluar, analizar y revisar” la situación del recinto.
Aunque desde el Ministerio de Justicia insisten en que la destinación de internos es una atribución administrativa exclusiva de Gendarmería, las señales políticas del gobierno han sido interpretadas por la oposición como un intento deliberado de reinstalar un régimen especial.
El diputado comunista Marcos Barraza y la diputada frenteamplista Lorena Fries se sumaron a las críticas, mientras el diputado independiente Jaime Araya acusó al gobierno de “triturar los avances en derechos humanos”.
Para el mundo progresista y las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, el conflicto excede la gestión penitenciaria. Lo que está en juego es el significado político de Punta Peuco en la historia reciente de Chile.
La discusión reaparece además en un contexto donde el gobierno de Kast ha sido acusado reiteradamente de impulsar una “batalla cultural” sobre la memoria histórica, relativizando consensos construidos desde el retorno a la democracia. Para amplios sectores, reinstalar un penal exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad implicaría restaurar una excepción incompatible con los principios de igualdad ante la ley y reparación simbólica hacia las víctimas.
En ese escenario, la controversia sobre Punta Peuco vuelve a transformarse en algo más que una discusión carcelaria: se convierte nuevamente en un debate sobre memoria, justicia y el lugar que ocupa la dictadura en la conciencia política chilena.
Félix Montano
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