By Simon Del Valle  - El Clarin Chile - 31 mayo, 2026  

La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast no ocurrirá en un momento de fortaleza política, sino en medio de un escenario contradictorio: caída en las encuestas, desempleo en aumento, tensiones internas en el gobierno y una oposición que comienza a reorganizarse. Pero al mismo tiempo, La Moneda llega al 1 de junio con un triunfo estratégico que puede definir todo el período: la aprobación inicial de la llamada megarreforma económica, el verdadero corazón ideológico de su proyecto.

Cuando José Antonio Kast suba este lunes al Salón de Honor del Congreso en Valparaíso, el país verá mucho más que un balance de gestión. Lo que estará en juego será la narrativa política de su gobierno para los próximos años.

Porque detrás de las cifras, de los anuncios y de las promesas, existe una pregunta central que atraviesa toda la coyuntura: ¿está el gobierno administrando una crisis económica y social o está utilizando esa crisis para impulsar una transformación estructural del modelo chileno?

La respuesta parece cada vez más evidente.

La llamada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico no es simplemente una reforma tributaria. Tampoco es únicamente un paquete para enfrentar emergencias o estimular la inversión. Lo que ha ido apareciendo durante las últimas semanas es algo más profundo: una tentativa de reorganizar la relación entre Estado, mercado y derechos sociales bajo una lógica neoliberal mucho más radical que la conocida durante los años de la Concertación.

La rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la invariabilidad tributaria por largos períodos, los ajustes al gasto público y las señales de reducción del papel estatal no forman parte de medidas aisladas. Constituyen un proyecto coherente que busca redefinir las prioridades económicas del país.

Por eso la Cuenta Pública adquiere un carácter especial.

Kast no necesita únicamente defender su gestión. Necesita legitimar políticamente esa transformación.

Y necesita hacerlo rápido.

Las encuestas muestran una tendencia preocupante para La Moneda. La aprobación presidencial se ha debilitado desde el inicio del mandato y la desaprobación vuelve a acercarse a sus peores registros. El desempleo llegó al 9,1%, mientras el empleo femenino muestra señales particularmente alarmantes. Los recortes en salud abrieron un conflicto con alcaldes, gremios y parte del Senado. La discusión sobre la Sala Cuna Universal amenaza con transformarse en un símbolo de las contradicciones sociales del proyecto oficialista.

En otras palabras, el gobierno enfrenta el fenómeno más peligroso para cualquier administración recién instalada: el desgaste prematuro.

Eso explica la urgencia política que rodea a la megarreforma.

Durante los últimos días el ministro Claudio Alvarado insistió en mantener suma urgencia para la tramitación en el Senado, pese a que simultáneamente el gobierno hablaba de diálogo y apertura a modificaciones. Esa contradicción fue inmediatamente denunciada por senadores opositores, quienes acusaron incoherencia, prepotencia y presión legislativa.

La tensión refleja algo más profundo que una disputa procedimental.

La Moneda parece haber concluido que necesita aprobar rápidamente el núcleo económico de su programa antes de que la erosión política limite su capacidad de maniobra.

Es una lógica conocida en procesos de reformas ideológicas profundas: aprovechar el capital político inicial antes de que aparezcan plenamente los costos sociales de las medidas.

Pero justamente ahí aparece la principal vulnerabilidad del gobierno.

Mientras en la Cámara de Diputados logró construir mayorías transversales mediante negociaciones específicas, el Senado presenta un escenario mucho más complejo. El oficialismo enfrenta mayores resistencias y la presión social comienza a ampliarse. Ya no se trata únicamente de la izquierda. Alcaldes de distintos sectores políticos, incluyendo figuras de la derecha tradicional, han expresado preocupación por los efectos fiscales y territoriales de la reforma.

Ese fenómeno es relevante porque rompe uno de los principales activos comunicacionales del gobierno: la idea de que las críticas provienen exclusivamente de sectores ideologizados.

La discusión ya no enfrenta solamente a oficialismo y oposición.

Empieza a enfrentar al Ejecutivo con actores territoriales, municipalidades, gremios de salud, organizaciones sociales y sectores moderados que observan con inquietud los efectos concretos de los recortes y ajustes.

Por eso la Cuenta Pública probablemente buscará reordenar el escenario político mediante una narrativa de emergencia nacional.

Durante meses el gobierno ha insistido en conceptos como reconstrucción, modernización, eficiencia y recuperación económica. La estrategia parece orientada a presentar las reformas no como decisiones ideológicas, sino como respuestas inevitables frente a una situación heredada.

Sin embargo, cada vez resulta más difícil sostener esa explicación como único argumento.

Porque las medidas impulsadas por el Ejecutivo no apuntan solamente a resolver problemas coyunturales. Buscan alterar equilibrios históricos construidos durante décadas: la relación tributaria con las grandes empresas, el financiamiento municipal, el rol regulador del Estado y los mecanismos de protección social.

Lo que el gobierno llama reconstrucción, sus críticos comienzan a describirlo como refundación.

Y esa diferencia semántica puede transformarse en uno de los ejes centrales del conflicto político de los próximos meses.

La oposición parece haber comprendido lentamente ese cambio de escenario. Durante semanas reaccionó de manera fragmentada frente a cada medida. Ahora comienza a construir un relato más amplio: que detrás de la urgencia legislativa existe un intento de consolidar un nuevo ciclo neoliberal aprovechando el shock económico, el miedo a la inseguridad y la fragmentación política del progresismo.

La Cuenta Pública del lunes será, en ese sentido, una prueba decisiva.

No tanto por los anuncios específicos que pueda realizar Kast.

Sino porque permitirá observar si el Presidente opta por moderar su proyecto para ampliar apoyos o si decide profundizar una estrategia de confrontación ideológica apostando a que todavía dispone del capital político suficiente para imponer los cambios estructurales que busca.

La verdadera disputa no será entonces sobre una reforma puntual.

Será sobre el modelo de país que comenzará a configurarse después de este primer gran choque entre el gobierno, las instituciones y una sociedad que empieza a percibir que detrás de la palabra “reconstrucción” se está librando una batalla mucho más profunda sobre el futuro del Estado y de los derechos sociales en Chile.

Simón del Valle

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