Por: Félix Montano

El Clarín Chile. 2 junio, 2026

La primera Cuenta Pública de José Antonio Kast no solo dejó anuncios, promesas y balances de gestión. También dejó algo quizás más importante: la aparición cada vez más visible de dos relatos enfrentados sobre el país.

Dentro del Congreso, Kast insistía en seguridad, orden, control migratorio, reducción del Estado y disciplina fiscal. Afuera, en las calles de Valparaíso y Santiago, comenzaban a aparecer manifestaciones contra los recortes presupuestarios, el deterioro de la salud pública, el aumento del costo de la vida y la llamada mega reforma económica impulsada por el Ejecutivo.

La imagen resulta políticamente reveladora.

Porque mientras el gobierno intenta construir su hegemonía desde la idea de la emergencia permanente —la delincuencia, las “incivilidades”, la migración irregular, el supuesto desorden heredado— las protestas y las críticas opositoras empiezan lentamente a desplazar el debate hacia otra emergencia mucho más concreta para millones de personas: la económica y social.

No es casual que la Cuenta Pública coincidiera con una de las peores noticias posibles para La Moneda. El mismo día del discurso presidencial, el Banco Central informó una caída de 1,2% del Imacec de abril, completando cuatro meses consecutivos de retroceso en la actividad económica. Mientras Kast hablaba de crecimiento y recuperación, la economía mostraba exactamente lo contrario.

Ese dato alteró el clima político de toda la jornada.

Porque el gobierno quiso instalar una narrativa de confianza y reactivación, pero el deterioro económico irrumpió en el centro del escenario. Y allí aparece una contradicción estructural que comienza a perseguir al Ejecutivo: mientras más se profundiza el ajuste fiscal y la reducción del gasto social, más difícil resulta sostener el relato optimista sobre el crecimiento futuro.

La Cuenta Pública confirmó además que Kast no piensa moderar su proyecto. Al contrario. Busca acelerarlo.

La defensa cerrada de la mega reforma tributaria y económica dejó en evidencia que el gobierno sigue apostando a una tesis ideológica extremadamente conocida en América Latina: reducir impuestos a grandes empresas y patrimonios, flexibilizar regulaciones y disminuir el tamaño del Estado bajo la promesa de que el mercado terminará generando prosperidad para todos.

El problema es que Chile ya conoce ese experimento.

El resultado ha sido un país marcado por profundas desigualdades sociales, culturales y económicas; un país que desmanteló gran parte de su industria, depredó extensos territorios en función de la extracción indiscriminada de recursos y entregó sus principales riquezas a intereses foráneos. Un modelo que ha empobrecido sistemáticamente a las mayorías y ha construido una sociedad donde la pobreza no aparece como una falla del sistema, sino como una condición estructural necesaria para su funcionamiento.

Incluso la Concertación —que administró durante décadas el modelo neoliberal heredado de la dictadura— entendió que debía construir ciertos mecanismos de protección social para contener sus efectos más extremos. La expansión de derechos en salud, educación, pensiones solidarias y subsidios sociales respondió precisamente a esa necesidad de equilibrio.

Lo que hoy aparece desde La Moneda parece distinto.

La lógica del actual gobierno no apunta simplemente a administrar el modelo, sino a profundizarlo ideológicamente. La reducción del Estado deja de ser un instrumento técnico para transformarse en un objetivo político y cultural.

Por eso la fusión anunciada entre Interior y Segegob tiene un significado más profundo que una mera reorganización administrativa. La señal apunta hacia una concentración creciente del poder político y comunicacional dentro de una lógica de eficiencia, autoridad y control.

Algo similar ocurre con el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades anunciado por Kast.

Más que una política concreta de seguridad, la iniciativa parece cumplir una función simbólica y cultural: construir una frontera política entre los ciudadanos considerados “correctos” y aquellos definidos como amenaza o desorden. El concepto de “incivilidades” no es inocente. Es una categoría amplia, flexible y políticamente útil, porque permite mezclar protesta social, conflictividad urbana y delincuencia dentro de un mismo marco narrativo.

Ese mecanismo resulta central para comprender el proyecto político del gobierno.

La emergencia permanente necesita enemigos permanentes.

Y allí aparece una dinámica conocida en otras derechas radicalizadas contemporáneas: cuando la economía comienza a deteriorarse y las promesas materiales se debilitan, el discurso de la seguridad tiende a intensificarse. No necesariamente porque resuelva los problemas, sino porque permite desplazar el conflicto político hacia el miedo, el orden y la autoridad.

La experiencia de Javier Milei en Argentina constituye hoy el ejemplo más evidente de ese fenómeno.

Pero las movilizaciones de este 1 de junio sugieren que algo comienza lentamente a moverse también en Chile.

Todavía se trata de protestas dispersas y relativamente pequeñas. Sin embargo, empiezan a confluir actores sociales diversos: sindicatos, organizaciones territoriales, agrupaciones de salud, estudiantes, movimientos feministas y sectores vinculados a la educación pública. El punto común es significativo: todos comienzan a interpretar los recortes, el ajuste fiscal y la mega reforma como partes de un mismo proceso de transformación estructural.

Y allí aparece quizás el principal problema político que enfrentará Kast durante los próximos meses.

El gobierno quiere que el país discuta delincuencia, migración y orden público. Pero la realidad económica empieza a empujar el debate hacia otra parte: desempleo, desigualdad, salud, salarios y costo de la vida.

La oposición todavía luce fragmentada políticamente. Pero la Cuenta Pública mostró que podría comenzar a emerger otro tipo de oposición: una oposición social construida desde la experiencia cotidiana del deterioro material.

Esa es probablemente la verdadera disputa que comenzó a delinearse este 1 de junio.

No solamente una discusión sobre seguridad o economía, sino una disputa mucho más profunda sobre el modelo de país que se intenta consolidar bajo el relato de la emergencia permanente.

Félix Montano

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