"El 47,5% que aprobó a Kast en marzo no votó por recortar el PAE ni por la invariabilidad tributaria de 25 años ni por el Decreto 333 de salud. Votó por el orden, la expulsión de los migrantes el primer día y la certeza de que los beneficios sociales no se tocarían. Las tres promesas son hoy declaradas metáforas, hipérboles o malentendidos".
- La promesa y su precio
En octubre de 2025, en pleno debate presidencial, José Antonio Kast dijo con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación: “No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista.” En diciembre, el 58% de los votantes le creyó.
El 11 de marzo asumió la presidencia, pero pocos días después, el 21 de abril, el Ministerio de Hacienda envió a todos los ministerios un documento identificando 142 programas sociales a eliminar o reducir, con proyección de ahorro de 6.000 millones de dólares hasta 2031.
En la lista estaba el Programa de Alimentación Escolar que nutre a 1,6 millones de niñas y niños cada día. Estaba el control de salud del niño sano. Estaba la atención odontológica pública. Estaban los fondos para salud mental en atención primaria y los programas de cuidado para adultos mayores.
Cuando la filtración produjo el escándalo, Kast corrió a desmentirlo y los chilenos recordaron la frase de Carter en televisión advirtiendo que si transparentaban donde se llevarían a cabo los recortes, el país se incendiaría.
Cuando la misma semana el Decreto N°333 de Hacienda recortó 413 mil millones de pesos del presupuesto de salud, de los cuales 259 mil millones corresponden solo a FONASA, la Comisión de Salud del Senado lo rechazó por unanimidad y los gremios advirtieron riesgo de quiebre de caja en los hospitales antes de fin de año.
Y en su primera Cuenta Pública ante el Congreso, el 1 de junio, el Presidente, con una desfachatez digna de un mentiroso crónico, sostuvo que su gobierno está “cumpliendo con el compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales”.
No son 4 años de gobierno. Son 90 días. Y la distancia entre lo prometido y lo ejecutado en esos noventa días es la distancia entre el relato fabricado para ganar elecciones y el programa real que estaba diseñado desde antes de que comenzara la campaña. Las promesas eran la cobertura del programa real.
- Las tres promesas y su traducción
Kast obtuvo el 58% con tres promesas centrales. La primera: no tocar los beneficios sociales. Ya vimos lo que ocurrió con esa.
La segunda: expulsar a 300 mil migrantes irregulares el primer día. El gobierno delegó a Bernardo Fontaine la hoja de ruta de los primeros 90 días, que él llamó “Desafío 90”. El resultado: 2.500 salidas voluntarias. El 61% de los ciudadanos considera imposible de cumplir la promesa. El 65% cree que la mayoría de los migrantes irregulares seguirá en Chile a fines de 2026, y cuando la pregunta se volvió incómoda, Kast llamó “metáfora” a la promesa. El 76% de los encuestados la había entendido como un compromiso concreto.
La tercera promesa: seguridad inmediata. Pero la realidad dice otra cosa, el 65,7% de los ciudadanos cree que el gobierno no tiene un plan de seguridad. El 47,9% identifica la seguridad como el principal problema del país y lo peor, el gobierno declara que usará el Plan del Gobierno anterior, que tanto criticó.
Una red de 12 centros de pensamiento progresista analizó las 440 medidas del programa de gobierno. Encontró que exactamente una está completamente cumplida: dotarle a la Contraloría de mayores recursos tecnológicos para instruir sumarios. El 80% no registra avance alguno. El gobierno ya contradijo 30 de sus propios compromisos. Eso es una selección deliberada entre las promesas que sirven al relato y las que sirven al programa real.
El relato fue la campaña. El programa real es el Plan de Reconstrucción Nacional que esta diseñado para favorecer al 1% más rico de Chile a costa del resto de las familias chilenas.
- El plan: la transferencia más grande en décadas
Bajo el rótulo de “reconstrucción por incendios”, el proyecto de ley que el gobierno presentó al Congreso y que la Cámara aprobó con 90 votos a favor contiene la reforma tributaria regresiva más ambiciosa que ha intentado aplicarse en Chile desde la dictadura (1).
El costo de la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios de Ñuble y Biobío representa menos del 1% del costo total del proyecto. El 99% restante es una transferencia sistemática de recursos desde el Estado hacia el capital concentrado.
Los componentes son tres. La rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23% entre 2026 y 2029. La reintegración del sistema tributario que permite a los dueños de grandes empresas imputar el 100% del crédito fiscal contra sus impuestos personales. Y la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos sobre 50 millones de dólares: el Decreto Ley 600 de la dictadura de Pinochet, que existió desde 1974 hasta que Bachelet lo derogó en 2016, reinstalado como si los 40 años de historia no hubieran ocurrido.
La aritmética es la siguiente. La pérdida fiscal de estas medidas se estima entre 4.000 y 4.700 millones de dólares anuales, equivalentes al 1,5% del PIB y al 9% de la recaudación tributaria total. La mayor parte de los beneficios directos llegará al 2% más rico de la población. El propio Consejo Fiscal Autónomo reconoce que el proyecto mantiene un déficit fiscal hasta al menos 2031.
Con esta pérdida fiscal total se podría financiar todo el programa de Atención Primaria de Salud, o más de dos veces la gratuidad universitaria, o construir 6 hospitales de alta complejidad como el de Puente Alto, 50 CESFAM y más de 100 comisarias. En cambio, el dinero no llegará a los servicios públicos: llegará a las cuentas de los accionistas de las grandes empresas.
Lo que el Instituto de Estudios Laborales y la CUT documentaron en su informe del 26 de mayo lo describe con exactitud: los costos fiscales son ciertos e inmediatos, los beneficios en inversión y empleo son inciertos, tardíos y dependen de decisiones privadas que el proyecto no obliga ni verifica.
Un estudio que analizó 18 países de la OCDE durante 50 años encontró que cinco años después de una gran rebaja tributaria a los ricos, el crecimiento y el desempleo son prácticamente idénticos a los de países que no la aplicaron. Lo único que subió fue la participación del 1% más rico en el ingreso.
Kast propone en 2026 la misma receta que fracasó durante medio siglo en el mundo, con la diferencia de que esta vez pretende blindarla por seis gobiernos mediante la invariabilidad tributaria. Ningún gobierno electo podrá modificarla. Los ciudadanos podrán votar cada cuatro años; los inversores tendrán certeza de 25.
- La desregulación ambiental: el tercer pilar silencioso
Menos comentado que la rebaja tributaria pero igualmente estructural, el componente ambiental del Plan de Reconstrucción reduce de 2 años a 6 meses el plazo para impugnar resoluciones ambientales, restringe las medidas cautelares contra proyectos con permiso aprobado, permite que el SEIA desestime observaciones de servicios públicos que “excedan sus competencias”, e indemniza al titular del proyecto cuando un tribunal anula su permiso, creando un pasivo fiscal sin techo.
En su Cuenta Pública, Kast anunció con orgullo que en mayo de 2026 Chile alcanzó el mes con mayor monto de inversión aprobada en 11 años: 13.900 millones de dólares. No dijo que buena parte de esa “inversión aprobada” proviene de la resolución acelerada de expedientes estancados mediante la desregulación que él mismo introdujo.
Las comunidades que habían conquistado el derecho a impugnar resoluciones ambientales durante décadas pierden ese derecho. Los inversores ganan certeza jurídica de 25 años. El litio que el Norte Global necesita para sus baterías de vehículos eléctricos se extrae del territorio mapuche y del altiplano nortino sin los mecanismos de protección que existían. Kast llamó a eso “crecer y cuidar no son opuestos.” El territorio que paga ese crecimiento llamó a eso de otra manera.
- El Registro de Vándalos: el clasismo con nombre
El anuncio más revelador de la Cuenta Pública no fue el que más cubrieron los medios. Kast anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades. Quienes hayan atentado contra carabineros, retenido transporte público, dañado monumentos nacionales, consumido drogas en la vía pública o rayado sin autorización la propiedad pública y privada “perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo”.
Esa medida tiene un nombre en la teoría política. Es lo que los teóricos del neorreaccionarismo llaman el modelo neo-cameralista: el Estado como corporación, los ciudadanos como clientes, y los clientes que incumplen las condiciones de uso pierden el acceso al servicio. Lo que distingue esta versión chilena es su precisión clasista.
Rayar una pared sin autorización y atentar contra un carabinero producen la misma consecuencia: pérdida de la pensión garantizada universal. Bloquear el transporte público para protestar contra el recorte al PAE es una “incivilidad” que cuesta la gratuidad universitaria. Eso no es proporcionalidad jurídica. Es la conversión de los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora durante un siglo en herramientas de disciplinamiento político, pero con un dato adicional: si lo hace un hijo de rico no perderá nada, porque ni su educación, ni su salud, ni su pensión dependen del Estado.
Es decir, es una ley para disciplinar al pueblo pobre, ese que sí lo necesita.
La Comisión Nacional Sindical del Partido Comunista lo documentó con precisión en su informe del 16 y 17 de mayo: el gobierno busca instalar que los derechos laborales son costos, la fiscalización es burocracia, la negociación colectiva es rigidez y la protección sindical es privilegio.
El Registro de Vándalos es la expresión más descarnada de esa operación: no se declara ilegal la protesta, se hace demasiado cara para ejercerla. Quien protesta contra la rebaja tributaria que financia las fortunas de los accionistas arriesga perder la pensión que financia su vejez. El capital ha encontrado una fórmula más elegante que el garrote: la amenaza de desposesión.
- La Cuenta Pública como discurso de clase
La Cuenta Pública del 1 de junio merece leerse dos veces. La primera como cualquier ciudadano. La segunda como lo que también es: un documento de clase. Un texto en que los intereses de quienes controlan el capital chileno se presentan como interés nacional.
La palabra que organiza todo el discurso es “emergencia.” Kast la pronunció más de 20 veces. Chile vive una emergencia de seguridad, una emergencia económica y una emergencia social. Esa repetición es la estructura ideológica que justifica todo lo que el programa real necesita hacer sin pasar por el debate democrático que su costo exigiría.
En el discurso, la responsabilidad significa recorte, la eficiencia significa desregulación, las oportunidades significan rebaja tributaria, y la unidad significa no cuestionar el marco. Gramsci describió esa operación llamándola hegemonía cultural: el trabajo de producir el sentido común que hace que el programa del capital parezca el programa de todos. Esa es la conclusión principal del discurso presidencial.
Existe un documento que se publicó el mismo día de la Cuenta Pública: la Minuta Previa de la Oficina del Presidente para el equipo de comunicaciones. Es el discurso sin disfraz. No aparece el análisis de los problemas del país. Aparecen las frases que los voceros debían repetir: “responsabilidad para enfrentar los problemas que recibimos, esperanza para mirar hacia adelante”; “Chile necesita menos pelea chica”; “la seguridad seguirá siendo el eje central del Gobierno”.
Esa minuta es el mapa de la hegemonía: las consignas de posicionamiento en su estado bruto, antes de que el relato presidencial las vista con la retórica del estadista. “Responsabilidad”, en ese vocabulario, es el nombre que le ponen a la desposesión.
Hay un momento del discurso que concentra el cinismo del proyecto. Kast anunció haber encontrado en JUNAEB “pagos por raciones no entregadas y modificaciones contractuales irregulares” y concluyó: “la mejor defensa de programas como la alimentación escolar es asegurarnos de que ni un solo peso se pierda en el camino.”
El gobierno que identificó el PAE como uno de los 142 programas a recortar se presentó ante el Congreso como su defensor. La acusación de corrupción al gobierno anterior convierte el recorte en protección. Es la doctrina del shock en versión local: usar el escándalo sobre la gestión anterior para instalar la idea de que el propio programa es el problema.
- Lo que las encuestas miden
La encuesta Pulso Ciudadano de la última semana de mayo, la inmediatamente anterior a la Cuenta Pública, ubicó a Kast con un 31% de aprobación y un 53,3% de desaprobación. Cadem le dio un 39% de respaldo y un 56% de rechazo. El 52,6% de los encuestados por Activa Research declara tener “poca o nada de confianza” en el Presidente.
La trayectoria en el tiempo es más reveladora que el número puntual: 47,5% de aprobación en la primera quincena de marzo, 34,7% en la segunda quincena, 33,3% en la primera de abril, 29,1% en la segunda. La recuperación parcial a 31% en mayo no revierte la caída de 16 puntos en dos meses.
El 65,7% cree que el gobierno no tiene un plan de seguridad a pesar de que la seguridad es el eje de cada discurso oficial. El 55,1% rechaza privatizar Codelco. El 54,7% rechaza privatizar ENAP. El 54,3% rechaza privatizar BancoEstado. El bloque opositor llegó al 29,6%, su nivel más alto desde que Kast asumió. El 40,9% de los ciudadanos no identifica a ningún ministro como bueno. Y el ministro más nombrado como el peor del gabinete, con el 26,9% de menciones negativas, es Jorge Quiroz: el mismo que diseñó la reforma tributaria que beneficia al 2% más rico.
Lo que esos números miden no es el desgaste de un gobierno torpe. Miden la distancia entre lo que las personas creyeron que estaban votando y lo que efectivamente votaron.
El 47,5% que aprobó a Kast en marzo no votó por recortar el PAE ni por la invariabilidad tributaria de 25 años ni por el Decreto 333 de salud. Votó por el orden, la expulsión de los migrantes el primer día y la certeza de que los beneficios sociales no se tocarían. Las tres promesas son hoy declaradas metáforas, hipérboles o malentendidos.
- El mundo del trabajo que el discurso no nombra
La Cuenta Pública nombró el desempleo, la informalidad y la precariedad como herencia del gobierno anterior. No nombró lo que los informes del Partido Comunista y la CUT documentaron esta semana con datos verificables.
El informe de la Comisión Nacional de Profesionales, presentado tres días antes de la Cuenta Pública, identifica el fenómeno que el OCEC UDP de la Universidad Diego Portales llamó “desempleo ilustrado”: la tasa de desempleo de personas con educación superior completa llegó al 8,9% en el primer trimestre de 2026, el más alto desde que existen registros, excluyendo la pandemia, y el único segmento donde el desempleo subió en el último año.
Entre quienes tienen 29 años o menos con educación superior, el desempleo alcanzó el 17%. Más de un tercio de quienes completaron estudios superiores trabaja en ocupaciones que no requieren su calificación, con una pérdida de ingresos del 38% para quienes tienen grado universitario, maestría o doctorado.
El Informe Sindical documentó que la informalidad afecta al 27% de la fuerza de trabajo: más de 2,5 millones de personas sin cotizaciones, sin derechos colectivos, sin seguro de cesantía, sin protección frente al despido. El 82% de la población se considera parte de la clase trabajadora y el 55% se auto percibe en estratos bajos o medio-bajos. El gobierno de Kast le propone a esa mayoría una rebaja tributaria que la excluye y un Registro de Vándalos que la amenaza.
El informe FIEL-CUT formuló la pregunta que el discurso oficial nunca responde: con los 4.000 a 4.700 millones de dólares anuales que el Plan de Reconstrucción le cuesta al fisco, se podría financiar el programa completo de Atención Primaria de Salud. O más de dos veces la gratuidad universitaria. O casi por completo la Pensión Garantizada Universal. O decenas de veces el Ingreso Ético Familiar.
Los jóvenes con título universitario que manejan Uber porque no encuentran trabajo acorde, los trabajadores informales que sostienen la reproducción social sin cotizaciones ni derechos, los niños y niñas cuya alimentación escolar depende de que Quiroz decida no recortarla: todos ellos pagan el costo de una reforma diseñada para quienes no los necesitan.
- La pregunta que la izquierda no puede eludir
Un programa tan desnudamente regresivo consiguió el 58% de los votos en diciembre de 2025. Esa cifra no puede explicarse solo como el efecto del miedo, la desinformación o la manipulación mediática. Requiere una respuesta honesta que la izquierda ha evitado dar.
La primera parte de esa respuesta es estructural. El capitalismo chileno lleva décadas produciendo las condiciones materiales que la ultraderecha convierte en capital político: precariedad, inseguridad, endeudamiento, desempleo ilustrado, arriendo que se lleva el 40% del ingreso, frustración de las expectativas de movilidad social. Ninguna de esas condiciones las produjo Kast. Las produjo el modelo que ningún gobierno anterior transformó en su estructura.
El informe sindical del Partido Comunista lo formuló sin eufemismos: la tendencia de la clase trabajadora a votar por opciones como Parisi o peor aún, por la derecha, no es un problema de “fachos pobres” ni de desclasamiento. Es un problema del Partido y su inserción en esos mundos del trabajo.
La segunda parte es la autocrítica que la izquierda necesita y que demasiadas veces posterga. El gobierno anterior administró el capitalismo chileno con algo de mayor justicia distributiva, pero sin disputar las relaciones de propiedad que lo reproducen.
Los precios del arriendo siguieron subiendo porque el suelo urbano siguió siendo un activo especulativo privado. El sistema de AFP siguió transfiriendo el ahorro previsional de los trabajadores al mercado de capitales. La concentración del ingreso en el decil superior no se modificó sustancialmente. Las reformas tributarias quedaron a mitad de camino.
Las mejoras fueron reales en términos de acceso a derechos. Las transformaciones estructurales, no. Y cuando el capital decidió que ya no necesitaba a los administradores moderados, llamó a quienes pueden administrarlo sin concesiones.
Rosa Luxemburgo lo formuló con la claridad que este momento requiere: cuando la reforma se vuelve el horizonte y no el instrumento, la izquierda se convierte en la fracción moderada de la administración capitalista. El capitalismo, a diferencia de la izquierda, tiene excelente memoria y sabe exactamente qué hacer con sus administradores moderados cuando ya no los necesita.
- Lo que hay que hacer
El balance de 90 días y la Cuenta Pública producen, para la izquierda, dos tareas simultáneas que no pueden confundirse entre sí.
La primera es la resistencia estratégica y concreta. Defender el PAE no como logro del gobierno anterior sino como derecho constitucional a la alimentación.
Rechazar la invariabilidad tributaria de 25 años no solo como mal negocio fiscal sino como renuncia a la soberanía democrática sobre la política económica.
Impugnar el Registro de Vándalos no como exceso puntual sino como criminalización estructural de la protesta que convierte el ejercicio de los derechos políticos en una amenaza sobre los derechos sociales.
Esa resistencia es urgente y necesaria. El informe FIEL-CUT entregó al Senado cinco propuestas concretas: separar la tramitación, neutralidad fiscal, adicionalidad en el empleo, protección municipal y transparencia. Son las posiciones mínimas desde las cuales entablar el dialogo, pero sin perder de vista que lo único que el gobierno no quieres es eso: dialogar.
La segunda tarea no puede esperar a que la primera termine: construir el proyecto histórico que no confunda la defensa de los derechos democráticos con el horizonte de la emancipación. La izquierda que grita “defiendan las instituciones” sin decir para qué sirven esas instituciones está respondiendo en el terreno que Kast eligió.
La respuesta que la situación exige es diferente: que la democracia que Kast recibió era ya insuficiente, que sus instituciones estaban diseñadas para garantizar en última instancia la reproducción del capital, y que lo que hay que construir no es la democracia liberal que el neorreaccionarismo impugna sino la democracia real que ningún representante del capital concentrado puede tolerar.
Esa democracia real incluye el control de los trabajadores sobre lo que producen. El control de los habitantes sobre el territorio que habitan. La planificación colectiva sobre los bienes comunes y el consumo colectivo. El suelo urbano organizado para quienes lo habitan y no para quienes especulan con él. Los recursos naturales gestionados para las generaciones presentes y futuras y no subastados a inversores con garantía de 25 años.
Otro punto es la coordinación latinoamericana de las izquierdas. Kast visita a Milei como primer viaje internacional porque el capital que representa se coordina globalmente. Esto nos debe cuestionar de que la izquierda que responde exclusivamente desde proyectos nacionales, enfrenta una asimetría de escala que ninguna virtud programática puede compensar.
El capital que gobierna sin disimulo desde La Moneda no nos asusta. Nos devuelve la pregunta que siempre debimos responder y que demasiadas veces postergamos por la urgencia de defender lo que el capital dejaba en pie. Ahora que decide llevarse también eso, la urgencia de construir lo que nunca tuvimos, la unidad de la izquierda con el pueblo y un programa de verdad transformador es la única respuesta política posible.
Daniel Jadue (Santiago, 1967). Arquitecto, sociólogo, escritor y político comunista chileno. Con una destacada trayectoria en el ámbito municipal y popular, su gestión se ha caracterizado por la implementación de políticas públicas de vanguardia orientadas a la desmercantilización de los derechos sociales básicos y a la democratización del acceso a los bienes comunes. Es autor de diversas publicaciones de análisis político, geografía social e historia, donde aborda las transformaciones del capitalismo contemporáneo, los sistemas de control digital y los procesos de liberación de los pueblos oprimidos.
NOTA
(1) Desde la economía política, una reforma tributaria es regresiva cuando la carga impositiva recae con mayor fuerza en las rentas más bajas, obligando a la clase trabajadora a destinar un porcentaje significativamente mayor de sus ingresos al pago de tributos (como ocurre con el IVA o los impuestos al consumo, que golpean directo a quienes no tienen capacidad de ahorro); por el contrario, una reforma es progresiva cuando se rige por el principio de justicia fiscal, aumentando las tasas impositivas a medida que se eleva la riqueza, de modo que el gran capital y los sectores de mayores ingresos (como el segmento ABC1) aporten una proporción geométricamente mayor mediante impuestos a las supe riquezas o a las utilidades corporativas, transformando el aparato fiscal en un instrumento de redistribución del excedente.
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.