“El Siglo”. Santiago. 7/6/2026 

Se viven días decisivos para que se logre la luz verde a este proyecto, ya que se votará en el Senado. El asunto es que ahí legisladores de la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, no quieren la nueva normativa, lo que impide alcanzar los votos necesarios para esta iniciativa anti narco y anti crimen organizado. Las senadoras y senadores de los partidos Comunista, Socialista, Frente Amplio, Por la Democracia, Demócrata Cristiano, entre otros, están por darle curso a la nueva legislación adaptada a las circunstancias actuales de combate al lavado de dinero e ilícitos financieros. Dicho de otra manera, la derecha y la extrema derecha podrían impedir que exista una ley más adecuada a combatir el trasiego de dineros del narco y grupos criminales.

Legisladores, académicos y expertos en temas de seguridad están planteando que es vital quitarles el secreto bancario a bandas criminales, narcotraficantes, testaferros de narcos y todo grupo que pretenda reforzar ilícitos metiéndose en el sistema financiero nacional, específicamente en los bancos.

La actual Ley General de Bancos establece en su Artículo 154 que las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos “estarán sujetas a secreto bancario” y que podrán proporcionarse datos de cuentas bancarias y manejos financieros sólo “a su titular” o mediante autorización expresa de un juez de garantía, previa solicitud del Ministerio Público en el marco de una investigación penal. Esto es un punto a favor de narcos y sujetos del crimen organizado y a sus movimientos de dineros en la banca nacional, sobre todo teniendo en cuenta que representantes de organismos policiales y de fiscalías indican que, por ejemplo, los bancos demoran mucho en entregar antecedentes de cuentas.

Ahora hay un proyecto, en el marco de la creación del Sistema de Inteligencia Económica -que fue aprobado- para posibilitar el alzamiento del secreto bancario vía administrativa, iniciativa enviada durante el gobierno de Gabriel Boric.

El objetivo es “perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, a través de nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario, la ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto”. Se trata de permitir el acceso a datos financieros sin previa autorización judicial para casos específicos, no generales.

En la iniciativa se incorpora un Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. La idea es que puedan existir más facultades y normas para seguir la ruta del dinero, detectar y encarar el lavado de dinero e ilícitos financieros para perseguir, sobre todo, al crimen organizado y el narcotráfico, tanto en sus orgánicas locales como trasnacionales. A estas instancias nuevas “se les habilita a acceder a información protegida por el secreto o reserva bancaria sin autorización judicial, cuando dichos antecedentes fueran necesarios y conducentes a desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones”.

Se plantea que la UAF pueda requerir información sujeta a secreto bancario de forma directa y sin autorización judicial previa únicamente cuando se trate de operaciones realizadas por personas jurídicas, operaciones que involucren a funcionarios públicos, y operaciones que hayan sido reportadas inicialmente por un banco a través de alertas de sospecha.

Respecto a la inquietud de personas sobre afectaciones al terminar con la rigidez en el secreto bancario, es que se vulneren situaciones personales, lo que está descartado por legisladores, académicos y expertos, ya que la nueva normativa no permite eso; se aplica sólo a investigaciones criminales o de lavado de dinero. Durante la semana se insistió en que están resguardados los derechos de las personas con cuentas en los bancos, nadie podrá burlar su privacidad.

Desde que se presentó este proyecto para levantar el secreto bancario a narcos y criminales, la derecha y la extrema derecha se oponen porque, argumentan, afectaría la privacidad de todo ciudadano con cuenta corriente y sostienen que con la actual ley de bancos se puede tener información bancaria en investigaciones policiales y financieras. Desde sectores progresistas y de izquierda se indica, por el contrario, que es imprescindible contar con una nueva legislación que dé cuenta de las nuevas realidades de las operaciones financieras del narcotráfico y el crimen organizado, y que la normativa esté especificada en cuanto a la persecución de hechos criminales y no sea generalizada.

En medio del debate se produjo un suceso que pueda graficar mejor de lo que se trata todo esto. Se supo de la realización de la “Operación Tokio”, donde se comprobó el vínculo del crimen organizado con un banco en Chile. La operación detectó y permitió desbaratar una red de lavado de dinero del Tren de Aragua, y detener al ejecutivo bancario del Banco Santander y con cargo en el Banco de Venezuela, José Carlos Pérez, quien abrió cuentas en Banco Falabella y Scotiabank, y así metió dinero en el sistema financiero, proveniente de extorsiones, entre 2022 y 2025.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, opinó que en varios casos el evitar el secreto bancario en persecución de delitos posibilitaría que “algunas instituciones del Estado, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), podrían tener acceso más ágil” en las investigaciones, sobre todo tratándose de narcos y organizaciones delictivas.

Se viven días decisivos para que se logre la luz verde a este proyecto de levantar el secreto bancario, ya que se votará, nuevamente, en el Senado. El asunto es que ahí legisladores de la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, no quieren la nueva normativa, lo que impide alcanzar los votos necesarios para esta iniciativa anti narco y anti crimen organizado. Las senadoras y senadores de los partidos Comunista, Socialista, Frente Amplio, Por la Democracia, Demócrata Cristiano, entre otros, están por darle curso a la nueva legislación adaptada a las circunstancia actuales de combate al lavado de dinero e ilícitos financieros. Dicho de otra manera, la derecha y la extrema derecha podrían impedir que exista una ley más adecuada a combatir el trasiego de dineros del narco y grupos criminales.

El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, sostuvo hace unos días que “los tentáculos del crimen organizado siguen avanzando en nuestro país ante la permisividad del gobierno del Presidente José Antonio Kast, y no lo podemos seguir permitiendo. Ya no solamente están permeando las instituciones públicas, sino que el crimen organizado está permeando también la empresa privada e incluso las instituciones financieras. El gobierno del Presidente Kast debe entender que la única manera de anticiparnos y de desbaratar las bandas de crimen organizado es dándoles donde más les duele: en el lucro, en los recursos y en su sustento económico, persiguiendo la ruta del dinero. Y para hacerlo, la única manera eficiente y efectiva es levantando el secreto bancario”.

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