Interferencia. 09/06/2026

A través de comunicaciones por WhatsApp, se ha expuesto una colaboración sostenida entre el abogado Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, nombrado recientemente por el Presidente José Antonio Kast como el nuevo representante diplomático de Chile en Israel. Estos registros evidencian una estrategia conjunta de larga data orientada a influir en la conformación de ternas judiciales y en el desarrollo de procesos ante los tribunales superiores de justicia, lo que significó una denuncia a la Fiscalía por parte de parlamentarios de la oposición.

La masiva filtración de conversaciones vía WhatsApp entre Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla desnudó una alianza consolidada en plena crisis social en 2019, instancia donde el hoy diplomático gestionó interceptaciones telefónicas y persecuciones contra liderazgos políticos sindicados como instigadores de las movilizaciones, según reveló el sitio Reportea.

Los registros exponen, además, el rol de Andrés Chadwick y Loreto Silva en el financiamiento de la representación legal de Mario Rozas ante imputaciones por delitos de lesa humanidad. Entre los hallazgos críticos figura la intención de utilizar caudales públicos reservados para solventar litigios de funcionarios gubernamentales, junto con una recurrente incidencia en la designación de magistrados a cambio de beneficios particulares.

“¿A quién le puedo pedir gastos reservados?”, consultó Zaliasnik en octubre de 2020, argumentando que los desembolsos por certificaciones y traslados incrementaban la carga financiera de los procesos en curso. En su respuesta, Hermosilla admitió ignorar los mecanismos para acceder a dicho erario, enfatizando que habitualmente costeaba tales requerimientos con patrimonio personal.

Tras la publicación, Gabriel Zaliasnik afirmó a Reportea que la retribución por representar a Mario Rozas no tuvo origen en caudales fiscales ni se derivó de vínculos contractuales con organismos del aparato estatal.

A partir de lo anterior, los parlamentarios socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri formalizarán una denuncia penal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de los presuntos ilícitos emanados tales como fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación incompatible y el seguimiento ilícito de comunicaciones.

El libelo acusatorio detalla maniobras para financiar litigios particulares mediante el uso de gastos reservados, además de la triangulación de honorarios vinculados a la presidencia de ENAP. Asimismo, se consignan gestiones para incidir en resoluciones y nombramientos de la magistratura, junto con operaciones de espionaje y persecución política contra opositores efectuadas al margen de la legalidad.

Al respecto, Cicardini manifestó que las implicancias del Caso Audios que alcanzan al diplomático sugieren un grave menoscabo a la integridad democrática. “El uso de erario público para defensas criminales y las presiones en tribunales son hechos que dañan profundamente a las instituciones. Exigiremos una investigación exhaustiva”, sostuvo.

En sintonía, Manouchehri remarcó que estos registros exponen una red de influencias orientada a la protección de aliados y el hostigamiento de adversarios. “No estamos ante una comunicación banal, sino frente a evidencias de espionaje y desvío de recursos fiscales que requieren total transparencia ante la ciudadanía”, precisó el diputado.

Ambos legisladores, quienes mantienen un rol activo como querellantes en el Caso Hermosilla o Caso Audios, han propiciado previamente avances significativos en investigaciones de alta complejidad, incluyendo las aristas vinculadas a la denominada Muñeca Bielorrusa.

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