Por: Félix Montano
El Clarín Chile. 11 junio, 2026
La controversia por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado abrió una nueva disputa entre el gobierno de José Antonio Kast y el expresidente Gabriel Boric. Mientras La Moneda responsabiliza a la administración anterior por el aumento de la morosidad, la oposición recuerda que la derecha fue precisamente la que bloqueó la reforma que buscaba reemplazar el CAE. La discusión revela una estrategia política que se repite: trasladar los costos del presente hacia la herencia recibida.
La ofensiva de cobros impulsada por la Tesorería General de la República contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha derivado en una de las controversias políticas más intensas de las últimas semanas. Embargos de cuentas bancarias, denuncias de retiros automáticos de fondos y la presentación de proyectos para proteger los salarios han instalado el tema en el centro del debate público.
La respuesta del gobierno ha sido clara: el problema sería consecuencia directa de las promesas incumplidas de Gabriel Boric. El ministro Claudio Alvarado sostuvo que durante la administración anterior se generaron expectativas de condonación que nunca se concretaron y que ello habría contribuido al aumento de la morosidad. “Si no cumplió, no es problema de este Gobierno”, afirmó.
Sin embargo, la historia es más compleja de lo que sugiere ese relato.
El proyecto que nunca vio la luz
Es cierto que Boric prometió durante su campaña una solución al problema del CAE y que esa promesa no se materializó. También es cierto que durante su gobierno se elaboró y presentó un proyecto para reemplazar el sistema por un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior y establecer una salida gradual a la deuda estudiantil.
La iniciativa encontró una fuerte resistencia en la oposición de derecha, que cuestionó su costo fiscal y su diseño institucional. El proyecto nunca logró transformarse en ley antes del cambio de gobierno. Esa es precisamente la respuesta que ha dado Boric frente a las críticas: sostiene que existió una propuesta concreta, pero que fue bloqueada por los mismos sectores que hoy responsabilizan exclusivamente a su administración.
La polémica actual, por tanto, enfrenta dos narrativas.
Por una parte, el gobierno afirma que la morosidad aumentó porque miles de personas creyeron que la deuda sería eliminada y dejaron de pagar. Por otra, la oposición sostiene que la derecha impidió aprobar la única reforma que buscaba terminar con el sistema y ofrecer una salida a los deudores.
La estrategia de la herencia
Más allá del CAE, la controversia revela un patrón político que se ha repetido durante los primeros meses de la administración Kast.
Cuando surgieron cuestionamientos por la situación fiscal, la atención se dirigió hacia las decisiones de los exministros del gobierno anterior. Cuando aparecieron diferencias en las proyecciones presupuestarias, la discusión derivó en la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Ahora, frente al rechazo que generan los embargos a estudiantes y profesionales endeudados, el foco vuelve a situarse en Gabriel Boric.
La estrategia tiene lógica política. Permite explicar problemas actuales a partir de decisiones heredadas y evita que el debate se concentre exclusivamente en las responsabilidades del gobierno en ejercicio.
Pero también tiene límites.
A medida que transcurren los meses, la ciudadanía comienza a evaluar las decisiones presentes más que los errores del pasado. Y la pregunta que hoy se instala no es únicamente quién creó el problema del CAE, sino quién está tomando la decisión de ejecutar embargos y vaciar cuentas bancarias en 2026.
El regreso de Boric
El expresidente intervino directamente en la polémica a través de redes sociales y acusó al gobierno de realizar un “vaciamiento intempestivo” de las cuentas de los deudores. Además, vinculó el tema con el reciente rechazo en el Senado a normas que habrían permitido levantar el secreto bancario para investigar delitos económicos y crimen organizado.
Su mensaje buscó instalar una contradicción política: dureza contra estudiantes endeudados y clase media, pero resistencia a fortalecer herramientas para perseguir redes criminales.
La crítica encontró eco en sectores de oposición que impulsaron el proyecto denominado “Sueldos Protegidos”, destinado a impedir que los salarios depositados en cuentas corrientes puedan ser objeto de embargos automáticos por deudas del CAE.
Una disputa por la responsabilidad
Lo que está en juego ya no es solamente una discusión técnica sobre financiamiento estudiantil.
La verdadera batalla es por la responsabilidad política.
El gobierno busca instalar la idea de que la crisis actual es consecuencia de promesas incumplidas del ciclo anterior. La oposición intenta demostrar que la derecha no solo bloqueó la reforma propuesta por Boric, sino que ahora aplica una política de cobro particularmente agresiva contra quienes quedaron atrapados en el sistema.
En ese contexto, el CAE se transforma en algo más que una deuda estudiantil. Se convierte en un símbolo de una disputa mayor sobre quién responde por las consecuencias de las decisiones políticas y hasta cuándo es posible gobernar culpando al pasado.
Porque si algo revela esta controversia es que el debate ya no gira únicamente en torno a lo que hizo o dejó de hacer Gabriel Boric. La pregunta que comienza a abrirse paso es qué solución propone el gobierno de Kast para un problema que, más allá de las responsabilidades históricas, hoy está bajo su administración.
Félix Montano
Fuentes: El País Chile, Tesorería General de la República, Comisión Ingresa, Ministerio de Educación.
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