Por: Leopoldo Lavín
El Clarín Chile. 12 junio, 2026
Mientras el 83% de los chilenos exige levantar el secreto bancario o encubrimiento financiero para perseguir al narcotráfico, el Senado empató 24-24. La ultraderecha y la centro derecha votaron en bloque en contra. La ciudadanía, una vez más, queda a contramano de sus representantes.
La encuesta Plaza Pública de Cadem, recién difundida (12/06), no pudo ser más elocuente: el 83% de los chilenos está de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa en casos vinculados al lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado. Un 74% adicional cree que las autoridades deben poder acceder más rápidamente a información bancaria sospechosa. El mensaje ciudadano es un clamor: basta de ataduras burocráticas cuando el dinero del narco cruza fronteras en cuestión de horas. Sin embargo, en el Senado ocurrió exactamente lo contrario. La semana pasada, la norma fue rechazada tras un empate de 24 votos contra 24. Los responsables del bloqueo fueron los mismos de siempre: la derecha en todas sus variantes.
El gobierno de José Antonio Kast –de la ultra derecha– y los partidos de centro derecha (UDI, RN, Evópoli y el Partido Nacional Libertario) votaron en contra en dos ocasiones consecutivas. Su argumento: proteger el derecho a la privacidad y mantener el control judicial sobre el acceso a los datos financieros. Una posición que, a la luz de los hechos investigados en la llamada «Operación Tokio», resulta cuando menos un golpe al sentido común. Porque mientras los senadores de derecha defendían el secreto bancario como si fuera un dogma, la Fiscalía Metropolitana Sur revelaba que el Tren de Aragua movió más de 78 mil millones de pesos a través del sistema financiero chileno. Menos del 1% de ese dinero pudo ser recuperado. Todo salió del país. Y la principal herramienta para seguirlo –el levantamiento expedito del sigilo bancario– sigue siendo un sueño lejano.
Ahora bien, sería injusto no reconocer que el blindaje al secreto bancario no es patrimonio exclusivo de la derecha actual. Aquí aparece la cuota de ironía histórica: los gobiernos de la Concertación –Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet– tampoco lograron concretar su levantamiento. Lo intentaron, en algunos casos con tímidos proyectos o indicaciones, pero siempre terminaron estrellándose contra el poder de la banca, la oligarquía financiera y los mismos grupos económicos que forjaron el modelo neoliberal en dictadura.
La fuerza de ese entramado resultó ser más pesada que cualquier promesa de transparencia. Incluso el gobierno de Gabriel Boric, con un discurso refundacional, recién ingresó una iniciativa en 2023, arrastrado por la presión del caso Hermosilla y las revelaciones sobre el Tren de Aragua. El resultado es que hoy, 36 años después de su consagración legal, el secreto bancario chileno sigue intacto. Y el crimen organizado lo sabe.
El caso del Tren de Aragua es la prueba más brutal de esa obsolescencia. La organización no solo utilizó cuentas bancarias tradicionales: creó su propia plataforma de criptomonedas, **Plusspay**, una fintech con sede en Providencia, autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que permitía convertir pesos chilenos en dólares digitales (USDT, USDC) y enviarlos a cualquier billetera virtual del mundo. La empresa pertenecía al ingeniero venezolano José Manuel Ríos Guaidó, quien hoy se encuentra prófugo, probablemente en Venezuela o Colombia. La PDI allanó sus oficinas, pero el dueño ya había desaparecido. La CMF, consultada por El Mostrador, ni siquiera respondió si había iniciado una investigación. El mensaje es desolador: mientras el crimen organizado innova con tecnología financiera de punta, el Estado chileno sigue maniatado por una norma concebida en un mundo de papel, cheques y transferencias que tardaban días.
La tesis del sociólogo francés Pierre Lascoumes ayuda a entender por qué, a pesar de los intentos fallidos de la Concertación y la izquierda, la derecha de Kast se niega hoy a ceder. Lascoumes sostiene que la corrupción de élites no es una excepción patológica, sino un fenómeno estructural en sistemas donde los grupos dirigentes han logrado desvirtuar los mecanismos formales de control, reemplazándolos por una autorregulación corporativa opaca. En Chile, ese diagnóstico calza perfectamente: la Corte Suprema concentra las funciones de gobierno, administración, disciplina y nombramientos, creando un sistema de excepciones a su favor. El secreto bancario es la puerta giratoria de ese circuito: protege los flujos financieros de quienes tienen el poder de pedir favores judiciales. Los casos Hermosilla, Vivanco, Letelier y Ulloa no son accidentes; son la manifestación de una estructura que ha normalizado ciertas transgresiones en función de preservar el poder y la cohesión interna del grupo. ¿Alguien cree que los 78 mil millones del Tren de Aragua habrían salido tan campantes sin connivencias en la banca, la CMF y quizás más arriba?
¿Y qué hace el gobierno de Kast frente a esto? Anunció que insistirá en mantener la exigencia de autorización judicial, aunque propone acelerar los plazos de entrega de información. Una solución a medias que, según los fiscales especializados en lavado de activos, no resuelve el problema de fondo: cuando hay que pedir una orden judicial, el dinero ya voló. La encuesta Cadem, sin embargo, muestra que la ciudadanía no es ingenua. El 94% de los consultados cree que deben existir sanciones penales para los funcionarios que hagan mal uso de la información obtenida, y un 56% opina que el Congreso debe supervisar el uso de esta facultad. La gente está dispuesta a ceder parte de su privacidad, pero con controles. Ese matiz desaparece en el discurso de la derecha, que prefiere la polarización: o secreto absoluto o abuso estatal.
El contraste entre la demanda ciudadana y la respuesta política es abismal. Mientras el 97% de los chilenos considera que el crimen organizado es un problema muy grave y el 95% cree que ha aumentado en los últimos cinco años, el Senado se empantana en una comisión mixta. El proyecto, que ingresó al Congreso en mayo de 2023, fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser destrabado por una instancia mixta. Pero el panorama es incierto: la derecha tiene los votos para seguir bloqueando. Y el gobierno de Kast, que llegó prometiendo mano dura contra la delincuencia, muestra aquí su otra cara: mano dura contra los pobres, pero mano blanda con los blindajes financieros que protegen a los poderosos.
La ironía final, la más gruesa de todas, la resume la misma encuesta Cadem. El 57% de los chilenos cree que la debilidad del sistema judicial es la causa principal del avance del crimen organizado. El 38% apunta a la corrupción de las instituciones. Y apenas el 42% confía en la Fiscalía. La ciudadanía no es ingenua: sabe que levantar el secreto bancario no es una bala de plata, pero exige una herramienta que en cualquier país serio –Estados Unidos, Reino Unido, España, Colombia– ya existe. En Chile, sin embargo, ese instrumento sigue secuestrado. La Concertación no pudo liberarlo; Boric no quiso o no le dio prioridad; y la derecha de Kast, ahora en el gobierno, lo defiende con uñas y dientes. El Tren de Aragua, mientras, sigue operando. Y la plata, feliz, cruzando fronteras. Mientras la política discute, el dinero del narco hace tiempo que encontró su paraíso propio: se llama secreto bancario chileno.
Leopoldo Lavín Mujica
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