Por: -Tatiana Urrutia. Diputada por el distrito 8 (FA).  y

-Rafael Collado. Exsubsecretario de Seguridad Pública.

El Mostrador. 12 junio, 2026

Chile no puede seguir en este atraso. Llevamos años tramitando un proyecto que otros países ya tienen resuelto hace décadas. Lo que corresponde ahora es que el Gobierno y el oficialismo faciliten la tramitación en la comisión mixta, para pronto decir “es ley”.

El proyecto de ley que habilita el levantamiento del secreto bancario ingresó al Congreso en mayo de 2023. Tres años después, seguimos discutiendo si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) puede o no seguir la ruta del dinero del crimen organizado sin tener que pedir autorización judicial caso a caso. Tres años. Y mientras debatimos, el Tren de Aragua lavaba dinero a través de ejecutivos bancarios en Chile.

Durante la discusión en el Senado, los propios legisladores reconocieron en forma transversal que “nadie en esta sala tiene algo que esconder”. Y, sin embargo, UDI, RN, Republicanos, Evópoli y el Partido Nacional Libertario votaron en bloque en contra, dos veces consecutivas. El vicepresidente, Iván Moreira, de la UDI, votó en contra. El timonel de Republicanos, Arturo Squella, votó en contra.

La pregunta que nadie de la derecha responde con claridad es por qué, porque el argumento que más circuló –que el crimen organizado no usa bancos– acaba de derrumbarse en la práctica. Ya van dos ejecutivos bancarios vinculados al Tren de Aragua detenidos y los propios legisladores reconocieron que este procedimiento podría haberse realizado con mayor rapidez si el proyecto estuviera promulgado como ley. La Fiscalía pide esta herramienta. La ciudadanía la apoya. ¿Qué más se necesita?

Lo que el proyecto propone no es una facultad amplia ni arbitraria. El levantamiento administrativo del secreto bancario por parte de la UAF opera solo en tres casos muy específicos: cuando se trate de un reporte de operación sospechosa que provenga de un banco, cuando el reporte esté referido a un funcionario público, y cuando se refiera a una persona jurídica. Las personas naturales comunes y corrientes no están en el radio de esta norma.

En todos los demás casos, la regla sigue siendo la autorización judicial. No es un cheque en blanco: es un bisturí para ir al corazón financiero del crimen organizado.

Si las personas de a pie están fuera del alcance de esta norma, el rechazo al levantamiento del secreto bancario termina protegiendo a quienes tienen estructuras jurídicas, cuentas corporativas y acceso a los tribunales para dilatarlo todo. Protege, en definitiva, a los vándalos de cuello y corbata que dirigen el crimen organizado desde la impunidad.

Chile no puede seguir en este atraso. Llevamos años tramitando un proyecto que otros países ya tienen resuelto hace décadas. Lo que corresponde ahora es que el Gobierno y el oficialismo faciliten la tramitación en la comisión mixta, para pronto decir “es ley”.

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