Por: Leonardo Buitrago

El Ciudadano. 17/06/2026

Una firma sin empleados, oficinas ni operaciones reales recibió un contrato por más de $330 millones de la campaña del candidato de la ultraderecha a la Presidencia de Colombia, mientras su representante legal es un estudiante en condición de vulnerabilidad que desapareció tras ser consultado por la prensa.

La campaña del ultraderechista Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia enfrenta serios cuestionamientos tras revelarse que desembolsó 1.299 millones de pesos colombianos (330 millones de pesos chilenos) a una empresa que permaneció liquidada durante tres años y fue reactivada de manera sospechosa en febrero de 2026, apenas cuatro meses antes de la primera vuelta.

Según reveló una investigación de CAMBIO, la firma, que supuestamente prestaría servicios de transporte y logística, no registra historial de operaciones, empleados, oficinas ni ingresos previos, lo que ha desatado interrogantes sobre la legalidad y transparencia de estos pagos en pleno periodo electoral.

La sociedad, cuyo nombre anterior estaba inactivo desde hacía tres años, fue resucitada jurídicamente ante la Cámara de Comercio de Bogotá con un nuevo nombre y una actividad económica distinta. Lo que parecía un trámite administrativo más se convirtió en el preludio de una operación financiera inusual.

«Una empresa que no facturaba un centavo pasó, de la noche a la mañana, a recibir 1.299 millones de pesos por servicios de transporte y logística. ¿Quién fue el cliente? La campaña de Abelardo de la Espriella«, planteó el medio citado.

Los reportes de ingresos y gastos revisados en el reportaje confirman el desembolso, pero no ofrecen detalles sobre los servicios concretos que justificarían semejante cifra.

Quizás uno de los aspectos más desconcertantes de esta historia es el perfil del representante legal de la misteriosa compañía. Se trata de un joven estudiante de Ciencias Sociales que reside en una comuna de Medellín y que figura en condición de vulnerabilidad en el Sisbén, la entidad encargada de identificar la población con menos recursos económicos de Colombia. De hecho recibe un bono de alimentación y tiene una beca universitaria precisamente por su precaria situación socioeconómica. ¿Cómo es posible que una persona en estas circunstancias se convierta de la noche a la mañana en el representante legal de una empresa que maneja contratos millonarios? La contradicción es evidente y ha generado un fuerte impacto en la opinión pública.

Cuando el medio de comunicación intentó contactar al joven para conocer su versión de los hechos, el estudiante desapareció de todas sus redes sociales sin dejar mayor rastro. Su silencio, lejos de aclarar las dudas, ha profundizado las sospechas sobre la naturaleza de esta operación y el posible uso de testaferros o figuras de papel para ocultar los verdaderos beneficiarios de los recursos de la campaña.

Otro hallazgo que ha llamado la atención de los investigadores es la dirección registrada por la empresa. En ese lugar, según pudo establecer CAMBIO, actualmente funciona un «establecimiento dedicado a la venta de papas y yucas congeladas«, sin relación con la organización de transporte y logística. La ausencia de una operación real en el sitio que figura como sede social plantea serias dudas sobre la existencia material de la compañía y su capacidad para prestar los servicios por los cuales fue contratada.

La campaña de Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).no ha entregado explicaciones detalladas sobre las circunstancias en las que se firmó este contrato, ni ha aclarado si existió algún tipo de relación previa con el representante legal o los verdaderos dueños de la empresa. En un contexto electoral donde la transparencia y el control a los gastos de campaña son fundamentales para la legitimidad del proceso democrático, este caso se convierte en un foco rojo que exige respuestas contundentes.

El silencio del candidato de ultraderecha y la desaparición del joven representante legal no hacen más que alimentar la sospecha de que estos recursos podrían haber tenido un destino muy distinto al declarado oficialmente. Las autoridades electorales tienen en sus manos la responsabilidad de investigar a fondo este caso y determinar si se registró una violación a las normas de financiamiento de campañas.

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