Por: Eduardo Saffirio. Abogado y Cientista Político.

El Mostrador. 19 junio, 2026

Actuar como si el estallido hubiera sido únicamente un problema de delincuencia significa ignorar las lecciones más elementales que ofrece la historia nacional. El riesgo verdadero radica en olvidar demasiado rápido octubre de 2019, desatendiendo el imperativo ético y político de recordarlo.

En el debate público sobre el estallido social de 2019, la derecha más dura suele sostener dos tesis tan simples como contradictorias. Por un lado, insiste en que todo se redujo a la acción de grupos delincuenciales desatados. Por otro, afirma que se trató de una operación planificada y dirigida por fuerzas políticas.

Ambas interpretaciones intentan explicar un fenómeno de enorme magnitud mediante factores contingentes, ignorando procesos sociales que venían incubándose desde hacía largo tiempo.

Atribuir un hecho de esa envergadura a vándalos o a una conspiración partidaria resulta insuficiente, pues lo que Chile experimentó fue la manifestación visible de tensiones estructurales acumuladas durante años.

Autores clásicos como Almond, Coleman, Pye y La Palombara demostraron que la modernización activa nuevas demandas. El desarrollo económico y la expansión educacional producen expectativas elevadas respecto de la distribución de oportunidades y bienes públicos.

Chile enfrentó una tensión distributiva persistente, ya que detrás de los indicadores macroeconómicos favorables se acumulaban cuestionamientos a la salud, las pensiones y la educación. El descontento surgió debido a la distancia existente entre las expectativas creadas por el propio progreso y la incapacidad del sistema para satisfacerlas de forma equitativa.

Ted Robert Gurr explicó, en su teoría de la privación relativa, que el conflicto político aparece cuando las personas perciben una brecha creciente entre aquello legítimamente alcanzable y las oportunidades reales. El prolongado ciclo de crecimiento previo elevó las expectativas de bienestar, pero la posterior desaceleración estancó los ingresos familiares, intensificando el malestar. La metáfora del oasis reflejaba la desconexión de las élites ante estas dificultades cotidianas. Esta realidad se vincula con el pretorianismo de masas de Huntington, donde la movilización social avanza con mayor rapidez que la capacidad institucional para canalizarla.

En 2019, millones se movilizaron sin conducción partidaria, evidenciando una profunda crisis de representación potenciada por el descrédito y los escándalos de financiamiento político.

Esta crisis de representación posee un espejo nítido en el pasado. Las huelgas de Valparaíso en 1903, el mitin de la carne de 1905 y la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 evidencian un patrón recurrente. Frente al conflicto, la oligarquía de la época también atribuyó el problema a agitadores externos o a simples desórdenes públicos, antes que a las precarias condiciones de vida de la población. La historia demuestra que la ceguera ante el malestar estructural es un rasgo persistente en la cultura de nuestra clase dirigente.

La principal lección de 2019 es que las tensiones distributivas y de representación no desaparecen por decreto. Sin embargo, las orientaciones actualmente impulsadas por un nuevo gobierno de derecha parecen ignorar esa experiencia. Vamos de la ilusión del oasis a la instalación de la emergencia como método de gobierno. Una agenda económica y social ultraliberal profundizará las tensiones subyacentes.

Mediante la eliminación de impuestos progresivos, rebajas al tributo corporativo, reducción del gasto público y una agresiva desregulación ambiental, laboral y crediticia, se pretende reconfigurar el diseño mismo del Estado. Este proceso se ejecuta bajo el diseño retórico de una presunta crisis excepcional. El recurso a la excepcionalidad es utilizado para neutralizar resistencias políticas y facilitar la aceptación social de reformas abiertamente regresivas, asumiendo de forma temeraria que el cansancio ciudadano actual equivale a la conformidad con la propuesta de la autoridad.

La estabilidad democrática depende de la capacidad institucional para procesar las tensiones de distribución y representación antes del desborde. Actuar como si el estallido hubiera sido únicamente un problema de delincuencia significa ignorar las lecciones más elementales que ofrece la historia nacional.

El riesgo verdadero radica en olvidar demasiado rápido octubre de 2019, desatendiendo el imperativo ético y político de recordarlo.

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