El Ciudadano. 22/06/2026
Ocho funcionarios de la Contraloría aparecen en registros públicos como deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), pese a percibir remuneraciones superiores a los $4 millones mensuales.
Tres de ellos superan los $7 millones. El caso vuelve a abrir el debate sobre los estándares éticos y la autoridad moral de quienes tienen la misión de fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos.
La Contraloría General de la República es uno de los organismos más relevantes del Estado chileno. Su misión consiste en fiscalizar la legalidad de los actos de la administración pública, supervisar el uso de recursos fiscales y perseguir eventuales irregularidades en municipios, gobiernos regionales, servicios públicos y empresas estatales.
Sin embargo, en esta ocasión el foco no está puesto en los organismos fiscalizados, sino en funcionarios de la propia institución.
De acuerdo con antecedentes obtenidos a partir del cruce entre el listado público de deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario y las remuneraciones informadas por Transparencia Activa, ocho funcionarios de la Contraloría Regional de La Araucanía aparecen como morosos del sistema, pese a mantener elevados ingresos mensuales.
El caso de Claudio Rivas, el Jefe de Auditoría
Entre los casos más llamativos figura el de Claudio Rivas López, Jefe de Auditoría quien registra ingresos brutos por $8.656.334 durante abril de 2026 y que actualmente aparece destinado a la ciudad de Valdivia, según antecedentes de la propia estructura organizacional de la Contraloría Regional de Los Ríos.
Junto a él aparecen otros funcionarios con remuneraciones igualmente elevadas, entre ellos Cristian Chamorro Ramos y Pablo Vargas Agüero, ambos con ingresos superiores a los siete millones de pesos mensuales.
Según la normativa vigente, la Tesorería General de la República puede retener la devolución anual de impuestos a quienes mantienen deudas impagas del Fondo Solidario, mecanismo que actualmente afecta a los funcionarios incluidos en estos registros.
Un beneficio pensado para estudiantes vulnerables
El Fondo Solidario de Crédito Universitario fue creado para financiar estudios superiores de estudiantes pertenecientes a hogares de menores ingresos en universidades adscritas al Consejo de Rectores (CRUCH).
A diferencia del CAE, el sistema contempla cuotas equivalentes al 5% de los ingresos anuales declarados por el beneficiario y puede extinguirse tras un período prolongado de cumplimiento regular de pagos.
Por esta razón, la existencia de deudas impagas entre funcionarios públicos de altos ingresos ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad individual frente a obligaciones adquiridas precisamente gracias a un mecanismo financiado con recursos públicos.
La situación detectada en La Araucanía no sería un hecho aislado.
Investigaciones periodísticas publicadas durante 2026 identificaron miles de funcionarios públicos con deudas asociadas al Fondo Solidario, incluyendo trabajadores de la Contraloría, el Congreso, ministerios, el Poder Judicial y la Fiscalía. Entre ellos existen decenas de funcionarios con remuneraciones superiores a los $10 millones mensuales.
En el caso específico de la Contraloría General de la República, se informó la existencia de 118 funcionarios morosos, acumulando obligaciones por aproximadamente $1.100 millones, lo que motivó revisiones internas por parte de la institución.
El dilema de la autoridad moral
El episodio revive una vieja máxima popular: el llamado «síndrome del cura Gatica», expresión utilizada para describir a quien predica una conducta que no practica.
¿Con qué autoridad moral puede una institución exigir probidad, responsabilidad administrativa y correcto uso de recursos públicos cuando dentro de sus propias filas existen funcionarios que mantienen obligaciones impagas con el Estado pese a recibir remuneraciones millonarias?
Desde una perspectiva estrictamente legal, mantener una deuda universitaria no constituye por sí mismo un delito ni una causal automática de destitución. Sin embargo, para una institución cuya principal función es velar por la probidad y la responsabilidad en la gestión pública, el estándar ético suele ser más exigente que el mero cumplimiento formal de la ley.
La controversia no radica únicamente en la existencia de la deuda, sino en la contradicción que percibe la ciudadanía entre el rol fiscalizador que ejerce la Contraloría y la conducta financiera de algunos de sus propios funcionarios.
Mientras la institución continúa auditando municipios, gobiernos regionales y servicios públicos a lo largo del país, el debate sobre la coherencia entre el discurso institucional y las prácticas individuales de quienes integran sus filas ya se instaló en la discusión pública.
El Ciudadano
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