By Simon Del Valle – El Clarin Chile  -  23 junio, 2026  

Durante meses, la derecha política y mediática levantó una acusación grave contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ministro Jorge Quiroz sostuvo que el gobierno anterior había entregado cifras fiscales inconsistentes, ocultando un supuesto deterioro de las cuentas públicas por cerca de 9,6 billones de pesos. La denuncia fue amplificada por dirigentes oficialistas, transformada en argumento político y utilizada para justificar una acusación constitucional.

Sin embargo, el informe semestral publicado este lunes por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el organismo técnico independiente encargado precisamente de vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas, llega a una conclusión que cambia radicalmente el panorama: no encontró la inconsistencia aritmética denunciada.

La frase del informe es categórica. El CFA señala que «no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25». Más aún, sostiene que los cuadros de financiamiento son «internamente consistentes» y que las diferencias observadas entre déficit y deuda pública «se explican por partidas identificables».

La conclusión es difícil de relativizar. El organismo creado para supervisar la política fiscal terminó desmintiendo el núcleo de la acusación que durante meses fue presentada como una de las pruebas más contundentes de la supuesta irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior.

Una acusación construida sobre una premisa falsa

La controversia se originó cuando Jorge Quiroz afirmó haber descubierto una diferencia inexplicable entre el déficit proyectado y la evolución de la deuda pública contenida en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025.

La denuncia fue presentada como una especie de «agujero» en las cuentas fiscales. La tesis era sencilla y políticamente poderosa: las cifras no cuadraban.

Pero el CFA acaba de establecer exactamente lo contrario.

No hubo cifras que no cuadraran. No hubo una inconsistencia matemática. No hubo una diferencia inexplicable.

Lo que existió, según el organismo técnico, fueron determinados supuestos de gestión financiera que no fueron explicitados con suficiente claridad en las proyecciones realizadas por la Dipres.

La diferencia no es menor.

Una cosa es una falta de transparencia metodológica o una insuficiente explicación de los supuestos utilizados. Otra muy distinta es acusar una manipulación de cifras o un falseamiento de las cuentas públicas.

La primera constituye una discusión técnica legítima. La segunda implica una acusación política de enorme gravedad.

El CFA se sitúa claramente en el primer terreno y descarta explícitamente el segundo.

Del debate técnico a la operación política

La pregunta inevitable es cómo una observación metodológica terminó transformándose en una acusación política de gran escala.

La respuesta tiene relación con el clima político de las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast.

La nueva administración necesitaba construir un relato sobre la situación económica heredada. La tesis de una supuesta irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior resultaba funcional para justificar ajustes presupuestarios, recortes de gasto y una agenda económica basada en la austeridad.

En ese contexto, la denuncia de Quiroz adquirió una relevancia política que excedía ampliamente su contenido técnico.

La discusión dejó de ser una controversia entre economistas para transformarse en una herramienta de confrontación política.

Lo llamativo es que, una vez conocido el informe del CFA, el debate parece haber desaparecido de la agenda de quienes durante meses lo impulsaron.

Lo que sí cuestiona el CFA

Sería igualmente incorrecto afirmar que el Consejo Fiscal Autónomo entregó un respaldo irrestricto a la Dipres.

No lo hizo.

El organismo observa que ciertas proyecciones incorporaban supuestos de ajuste o gestión financiera que no fueron explicitados adecuadamente. También advierte que esta falta de transparencia dificulta la evaluación posterior de las estimaciones y recomienda fortalecer los estándares de información.

Se trata de observaciones relevantes.

Las proyecciones fiscales deben ser transparentes, comprensibles y plenamente auditables. La credibilidad de la política fiscal depende precisamente de ello.

Pero ninguna de estas observaciones permite sostener la existencia de cifras falsas o de una inconsistencia matemática.

Por el contrario, el propio CFA establece que las diferencias observadas tienen explicación y que los cuadros son consistentes.

Simón del Valle

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