Por: Leonardo Buitrago
El Ciudadano. 22/06/2026
Tras dos semanas de la alarma y tesis de crisis de seguridad instalada desde la administración de Kast, los niños aparecieron donde siempre estuvieron: en las escuelas y en los centros de salud, pero lo que quedó al descubierto no fue red criminal, sino un caos administrativo
El preinforme reservado N° 541 de la Contraloría General de la República no contiene en ninguna de sus 70 páginas las palabras «trata» ni «tráfico», desmintiendo la alarma que instaló el Gobierno de José Antonio Kast sobre la supuesta desaparición de niños haitianos que habrían ingresado a Chile. Lo que sí documentó, es un caos administrativo que desde La Moneda intentaron convertir en una crisis de seguridad nacional.
Cuando el documento se filtró el pasado 14 de abril, los medios publicaron titulares que encendieron todas las alarmas. «Más de 200 niños haitianos desaparecidos», «184 menores sin paradero» y «486 niños llegaron con solo 12 adultos», «más de 200 niños haitianos desaparecidos». A la par, la Fiscalía abrió investigación por trata, tráfico, falsificación y cohecho, el Servicio Nacional de Migraciones presentó denuncia penal contra los vuelos chárter; columnistas especularon sobre explotación sexual y la administración del ultraderechista convocó reuniones de emergencia.
Sin embargo, según consignó El Mostrador el contenido del informe reveló que el Servicio Nacional de Migraciones no cruzó adecuadamente sus bases de datos, la PDI carecía de protocolos formales, la Subsecretaría de la Niñez no realizó seguimiento oportuno, y tres organismos del Estado que debían coordinarse simplemente no lo hicieron.
Los datos que desmontan la supuesta red de tráfico
El informe de la Contraloría señaló que se visitaron domicilios registrados hace más de un año, en horario laboral, cuando los padres trabajan y los niños están en el colegio. De 105 niños visitados, encontraron 41. Los otros 64 no estaban desaparecidos: no estaban en casa en ese momento.
Cuando las autoridades hicieron su trabajo con rigurosidad, cruzando registros escolares y de salud en lugar de tocar puertas de día, los niños aparecieron en horas. La PDI ubicó 25. Los municipios sumaron más. Estación Central encontró 7, Graneros 2.
El Anexo 5 del informe desglosa con precisión qué ocurrió con los 64 niños no ubicados en la visita de terreno: en 20 casos los vecinos no conocían a la familia, en 13 se habían mudado, en 10 no abrieron la puerta, en 5 el niño vivía ahí pero estaba de visita, en 4 la dirección no existía.
Solo un caso correspondía a una desaparición real, denunciada por el propio padre, lo cual lanzó al traste la hipótesis de una supuesta una red de traficantes y el relato impulsado desde La Moneda.
La estadística más potente de la presunta crisis —»486 niños con 12 adultos»— fue también la más malinterpretada. Esa cifra no describe una operación criminal, sino el total de menores que esos adultos acompañaron a lo largo de dos años de viajes, con poderes notariales de los padres.
El Mostrador recordó que a Haití no vuela ninguna aerolínea regular desde que la inseguridad colapsó el país. Los vuelos chárter no eran una práctica clandestina: eran la única forma de traer a los niños, y el Estado chileno los autorizó uno por uno a través de la DGAC. El propio informe confirma que todos los vuelos no regulares contaban con la autorización correspondiente del Sistema de Arribos y Sobrevuelos.
La denuncia de los 12 adultos habituales que aparecen con muchos niños se explica de la misma manera: son organizadores de un corredor humanitario improvisado porque el Estado no construyó uno formal. Que alguien figure acompañando a 34 menores no lo convierte en traficante, sino en la persona que arrendó el avión y juntó los poderes notariales de familias que no pueden costear un viaje que supera los 10 millones de pesos.
El Gobierno enciende la alarma y luego trata de apagarla
Dos semanas después de encender las alarmas, el propio gobierno de Kast uvo que salir a desmentir el relato de supuesta crisis de seguridad y pánico que había instalado. El ministro de Defensa Fernando Barros reconoció en conversación con Radio Universo: «No hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil, de órgano«, o al menos que «estén desaparecidos o perdidos«.
«Gracias a Dios, hasta el momento, todo indica que se trata de un terrible desorden, de una muy mala política»., admitió.
A la par, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, pedía «no adelantarnos», reconocía que el Estado debe mejorar y señalaba que no era el momento propicio para «recriminaciones políticas», justo cuando la campaña electoral de Kast se construyó sobre la narrativa del supuesto caos migratorio de la gestión del expresidente Gabriel Boric.
Barros admitió que el preinforme era reservado y que su filtración fue «muy lamentable», sin explicar por qué la información llegó a los medios en una versión incompleta, justo cuando La Moneda, ante el desplome continuo de la aprobación ciudadana, necesitaba una narrativa fuerte sobre migración.
Dos semanas después de la alarma quedó al descubierto que el problema nunca fue la desaparición y trata de niños haitianos, sino un Estado que no supo hacer su trabajo y un gobierno que explotó políticamente la confusión.
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