Claudio Crespo
Por: El Clarín de Chile 26 junio, 2026
La Corte de Apelaciones dio un nuevo paso en uno de los casos más emblemáticos derivados del estallido social al declarar admisibles los recursos de nulidad presentados por Gustavo Gatica, la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado. Si el tribunal acoge los argumentos de los querellantes, el juicio contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo deberá repetirse íntegramente ante una nueva sala.
La Corte de Apelaciones de Santiago admitió a tramitación los recursos de nulidad presentados por la defensa de Gustavo Gatica, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la sentencia que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por las lesiones oculares que dejaron ciego al entonces estudiante durante las protestas del 8 de noviembre de 2019.
La resolución no implica que la absolución haya sido revocada, sino que el tribunal de alzada estimó que los recursos cumplen los requisitos legales para ser conocidos en el fondo. El siguiente paso será la fijación de una audiencia de alegatos, en la que las partes expondrán sus argumentos antes de que la Corte decida si mantiene la sentencia o declara la nulidad del juicio.
Los argumentos para pedir un nuevo juicio
El recurso presentado por la Fiscalía Centro Norte sostiene que la sentencia del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal presenta defectos que justifican su invalidación.
Entre los principales argumentos figura que 22 medios de prueba incorporados durante el juicio no habrían sido debidamente valorados por los jueces, e incluso algunos antecedentes relevantes ni siquiera fueron analizados en la sentencia. Para el Ministerio Público, ello constituye una vulneración al deber de fundamentación que exige la legislación procesal penal.
Otro de los cuestionamientos apunta a la utilización de la Ley Naín-Retamal para justificar la absolución.
El tribunal dio por acreditado que fue Claudio Crespo quien efectuó el disparo que impactó a Gustavo Gatica, pero concluyó que su actuación estaba amparada por la figura de la legítima defensa privilegiada contemplada en esa ley, aplicando retroactivamente la norma por ser más favorable al imputado. La Fiscalía sostiene que esa interpretación jurídica fue incorrecta y que no se acreditaban los requisitos para invocar dicha eximente de responsabilidad.
Un caso emblemático del estallido social
El juicio contra Claudio Crespo se convirtió en uno de los procesos más relevantes derivados de las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante el estallido social.
El 8 de noviembre de 2019, Gustavo Gatica recibió impactos de perdigones en ambos ojos durante una manifestación en las cercanías de Plaza Baquedano, perdiendo completamente la visión. El caso pasó a simbolizar el debate sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros durante las protestas y fue seguido durante años por organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Chile.
La sentencia absolutoria, dictada por unanimidad en enero de este año y cuyos fundamentos fueron conocidos posteriormente, generó una amplia controversia. Aunque el tribunal estableció que Crespo realizó el disparo que hirió a Gatica, concluyó que no correspondía atribuirle responsabilidad penal debido a la concurrencia de una hipótesis de legítima defensa.
Qué puede ocurrir ahora
Con la admisión a trámite de los recursos, la Corte de Apelaciones deberá analizar los argumentos presentados por todas las partes querellantes.
Si el tribunal rechaza las impugnaciones, la absolución quedará firme. En cambio, si estima que existieron vicios relevantes durante el proceso o errores en la aplicación del derecho, podrá declarar la nulidad del juicio y ordenar la realización de un nuevo juicio oral, que deberá comenzar desde cero, con nuevos jueces y una nueva valoración de toda la prueba rendida. Según especialistas citados por diversos medios, ese eventual nuevo proceso podría iniciarse hacia fines de 2026.
La decisión de admitir a tramitación los recursos mantiene así abierto uno de los casos judiciales más emblemáticos vinculados al estallido social, cuyo desenlace podría tener consecuencias tanto para la jurisprudencia sobre el uso de la fuerza policial como para la aplicación de la Ley Naín-Retamal en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
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