Por: Jessica Cuadros Ibánez. Economista, consultora internacional y ex consejera del BID.

El Mostrador. 26 junio, 2026

Chile demanda más seguridad, mejores pensiones, mayor protección social y un combate más eficaz contra el crimen organizado. Pero sigue evitando una discusión igualmente importante: cómo financiar, administrar y legitimar las capacidades estatales necesarias para hacerlo posible.

Durante varios días, Chile discutió sobre cientos de niños haitianos supuestamente desaparecidos.

La hipótesis de una crisis de enorme magnitud dominó titulares, declaraciones políticas y debates televisivos. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, la mayoría de los menores inicialmente reportados como inubicables fueron localizados junto a sus familias, escolarizados e inscritos en el sistema de salud.

La evolución de la investigación mostró un escenario más complejo que el sugerido por las primeras interpretaciones públicas. Pero dejó una pregunta más relevante que el propio caso: ¿cómo llegó el Estado a perder la trazabilidad de personas que habían ingresado legalmente al país?

El episodio no fue solamente un problema migratorio. Fue una señal de algo más profundo: dificultades para registrar, coordinar información y actuar oportunamente frente a situaciones que exigen seguimiento institucional. En términos simples, una manifestación de la capacidad efectiva del Estado para conocer la realidad que pretende gobernar.

La discusión sobre secreto bancario apunta en una dirección similar. Se exige una persecución más eficaz del narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado. Pero cuando se plantean mecanismos para seguir flujos financieros sospechosos surgen resistencias inmediatas frente a una ampliación de atribuciones estatales.

Ello plantea una tensión evidente: se demandan resultados propios de un Estado eficaz mientras se cuestionan algunas de las herramientas que sus defensores consideran necesarias para producirlos.

Estos debates parecen distintos, pero comparten una misma raíz. Chile ha expandido sus expectativas colectivas más rápido de lo que ha fortalecido la infraestructura institucional necesaria para responder a ellas.

La misma tensión atraviesa el debate fiscal. Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre la trayectoria de las cuentas públicas y las preocupaciones expresadas por la Comisión para el Mercado Financiero respecto de vulnerabilidades económicas suelen presentarse como asuntos reservados a especialistas.

Sin embargo, aunque desde ámbitos distintos, las advertencias de ambas instituciones pueden leerse como manifestaciones de una preocupación común respecto de la sostenibilidad de ciertas capacidades estatales y económicas.

La controversia entre el ministro Jorge Quiroz y sus antecesores ilustra precisamente ese dilema. Durante años predominó la idea de que un mayor crecimiento económico permitiría absorber buena parte de las tensiones fiscales acumuladas. Sin embargo, incluso un gobierno que hizo del crecimiento su principal apuesta ha debido moderar sus propias proyecciones.

La razón es evidente: el crecimiento es indispensable, pero difícilmente puede financiar por sí solo el aumento simultáneo de las demandas en seguridad, salud, pensiones, cuidados, infraestructura y envejecimiento demográfico.

Aquí aparece una restricción que la política suele eludir. Las funciones permanentes requieren fuentes permanentes de financiamiento. En el largo plazo, estas provienen fundamentalmente del crecimiento económico, la tributación o el endeudamiento. La eficiencia del gasto, la reducción de la evasión o las mejoras de gestión pueden contribuir, pero difícilmente reemplazan esos pilares.

Pese a ello, buena parte de la discusión pública opera como si dicha restricción no existiera. Exigimos más seguridad, más control migratorio, mejores pensiones, mayor acceso a salud y una persecución más sofisticada del crimen organizado. Mucho menos frecuente es la discusión sobre cómo financiar, administrar y legitimar los instrumentos necesarios para alcanzar esos objetivos.

Uno de los efectos de la competencia política ha sido que las promesas de beneficios suelen recibir mayor atención pública que las discusiones sobre su financiamiento y sostenibilidad. La expansión de expectativas recibió más atención que la construcción de capacidades.

Sectores importantes de la izquierda tendieron a concentrarse en la ampliación de derechos sin abordar suficientemente los desafíos asociados a su financiamiento y gestión. Sectores relevantes de la derecha enfatizaron la disciplina fiscal y el crecimiento, pero con frecuencia subestimaron que la seguridad, el control fronterizo o la inteligencia financiera también requieren recursos, burocracias especializadas y atribuciones efectivas.

Ambas posiciones compartieron una premisa similar: creer que los resultados pueden separarse de las condiciones que los hacen posibles.

Pero el problema tampoco se reduce a una cuestión presupuestaria. Los Estados no funcionan únicamente porque disponen de más recursos. También requieren legitimidad. Necesitan que los ciudadanos perciban que los costos y beneficios de la acción pública se distribuyan de manera razonablemente justa. Sin esa confianza, la resistencia a nuevos impuestos, mayores facultades de fiscalización o fortalecimientos institucionales seguirá creciendo.

El desafío que enfrenta Chile no es exclusivamente fiscal ni únicamente administrativo. Es el desacople entre expectativas y capacidades. Mientras la sociedad demanda más seguridad, más protección social y respuestas frente a fenómenos cada vez más complejos, la construcción de los medios necesarios para sostener esas funciones avanza a un ritmo considerablemente menor.

La consecuencia rara vez adopta la forma de una crisis repentina. Se manifiesta como una erosión gradual de la capacidad del Estado para producir resultados y de la confianza ciudadana en que esos resultados son alcanzables.

Durante años discutimos cuánto Estado queríamos. La pregunta que comienza a imponerse es otra: qué infraestructura institucional estamos realmente dispuestos a financiar, fortalecer y legitimar.

Porque ninguna sociedad puede vivir indefinidamente de promesas sostenidas únicamente por expectativas. Tarde o temprano debe decidir si está dispuesta a construir los medios necesarios para cumplirlas. La verdadera discusión chilena ya no es solo qué derechos, seguridad o protección social queremos. Es también qué capacidades estamos dispuestos a construir, cómo vamos a financiarlas y quiénes asumirán los costos de hacerlo posible.

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