Suscripción del acuerdo marco de paz entre Israel y el Líbano en el Departamento de Estado de EE.UU., 26 de junio de 2026. Kevin Wolf / AP/RT.com
Por: Daniel Jadue
Crónica Digital. 30 junio, 2026
El 26 de junio de 2026, en el Departamento de Estado de Washington, los embajadores de Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco bajo la mirada complacida de Marco Rubio. La imagen tiene un precedente que la historia no permite olvidar: el 13 de septiembre de 1993, en los jardines de la Casa Blanca, Yasser Arafat estrechó la mano de Yitzhak Rabin mientras Bill Clinton abría los brazos como si acabara de hacer el milagro. Treinta años después sabemos con exactitud lo que produjo ese apretón de manos: la institucionalización de la ocupación, el vaciamiento de cualquier horizonte de soberanía palestina y la conversión de la Autoridad Palestina en subcontratista de la seguridad israelí. El acuerdo que se acaba de firmar en Washington sigue la misma lógica. Por eso lo llamo el Oslo libanés.
La comparación no es retórica. Es estructural: Oslo le ofreció a los palestinos autonomía administrativa sobre partes de la Cisjordania y Gaza, sin soberanía real, sin control sobre las fronteras, sin fin de los asentamientos y sin ningún mecanismo que obligara a Israel a cumplir sus compromisos. A cambio, la OLP reconoció el Estado de Israel sin que Israel reconociera el Estado palestino, y se comprometió a contener la resistencia desde adentro. Israel recibió seguridad y tiempo. Los palestinos recibieron un escritorio para Arafat y una bandera sobre un Bantustán.
El acuerdo libanés replica esa geometría con precisión quirúrgica. El marco establece un mecanismo para avanzar en el desmantelamiento de Hezbolá, facilitar la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y permitir que el Estado libanés recupere el control de los territorios ocupados. Traducido al lenguaje del amo: Israel se compromete a retirarse en la medida en que el gobierno libanés haga el trabajo que Israel no pudo terminar por sí solo, que es neutralizar a la resistencia dirigida por Hezbolá como fuerza militar.
Las fuerzas israelíes permitirán que el Ejército libanés tome el control de dos zonas piloto, pero Netanyahu señaló que los desplazados libaneses no podrán regresar por ahora a la zona ocupada por Israel. Israel decide quién vuelve y cuándo. Israel decide el ritmo de su propia retirada. Israel mantiene una zona de seguridad en territorio libanés sin fecha de término definida. El Líbano obtiene a cambio un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para un país con más de 4.000 muertos y más de un millón de desplazados. Es, literalmente, el precio de la complicidad.
Hay algo más que Oslo y este acuerdo comparten, y que la prensa occidental sistemáticamente oculta: ambos fueron negociados de espaldas a los pueblos que perjudicaron. Los palestinos no votaron Oslo. No fueron consultados. La dirección de la OLP, instalada en Túnez y desconectada de la resistencia interior que había sostenido la Primera Intifada, negoció en secreto durante meses en Oslo mientras el pueblo palestino seguía pagando con su sangre el costo de una lucha que sus líderes estaban a punto de rendir sin decírselo. El acuerdo libanés siguió el mismo método: Hezbolá, que no participó en las negociaciones, ya advirtió que no reconocerá el pacto, y los simpatizantes que salieron a las calles de Beirut a protestar la noche de la firma son la evidencia de que el pueblo libanés tampoco fue consultado.
Un acuerdo que necesita ser firmado en Washington porque no podría sostenerse si se sometiera a debate en Beirut no es un acuerdo soberano. Es una capitulación administrada.
Para entender por qué ciertos gobiernos firman este tipo de acuerdos hay que recurrir a Frantz Fanon, que en Los condenados de la tierra describió con una claridad que el tiempo no ha desmentido el papel histórico de las burguesías nacionales en los países colonizados. Fanon no hablaba de traidores individuales sino de una clase con intereses materiales concretos que la empujan a posicionarse del lado del orden colonial en el momento crítico. La burguesía nacional, escribió Fanon, no llega al poder para transformar las estructuras sino para heredarlas, para convertirse en el intermediario entre el poder colonial y el pueblo colonizado, administrando el orden que el colonizador necesita pero que ya no puede sostener por sí solo sin el costo político que ese sostenimiento le implica.
Arafat y la dirección de la OLP cumplieron ese papel en Oslo con exactitud. Venían de décadas de retórica anticolonial, de proclamas sobre el derecho al retorno y la soberanía plena, de representación de una causa que el mundo árabe y buena parte del mundo no alineado habían respaldado políticamente. Y en el momento en que Israel, agotado por la Primera Intifada y presionado por la pérdida de legitimidad internacional, necesitaba una salida que le permitiera gestionar la ocupación a menor costo, Arafat ofreció exactamente eso: convertirse en el administrador de la ocupación, en el cuerpo de seguridad tercerizado que Israel no podía ser sin exponerse. La Autoridad Palestina que emergió de Oslo no fue el embrión de un Estado soberano sino el aparato con el que el poder colonial externalizó su función de control. Fanon lo había descrito décadas antes: la burguesía nacional se pone a disposición del poder que decía enfrentar para administrar el orden que ese poder requiere para continuar su proyecto, a cambio de unas cuantas migajas.
El gobierno libanés que firmó en Washington está reproduciendo ese patrón. No porque sus integrantes sean individualmente corruptos o cobardes, aunque algunos lo sean, sino porque representan una fracción de clase con intereses que no son los del pueblo libanés que cargó sobre sus espaldas cuatro meses de bombardeos israelíes, sin que su gobierno hiciera el más mínimo gesto de defensa. Su proyecto político es la construcción de un Estado libanés funcional integrado en el sistema regional que Washington y Riad diseñan, un Líbano normalizado y pacificado que pueda acceder a los mercados del Golfo, atraer inversión y recibir apoyo occidental. Para ese proyecto, Hezbolá es el obstáculo, no la resistencia, porque impide la integración del Líbano en el orden regional que el imperialismo requiere. El acuerdo de Washington les ofrece a esas élites libanesas lo que Oslo le ofreció a Arafat: una comedia de legitimidad internacional a cambio de hacer el trabajo sucio.
Lo que Israel obtiene de este acuerdo es lo único que Israel necesitaba: tiempo y tranquilidad. El proyecto sionista no requiere una paz definitiva. Requiere estabilidad en los frentes que lo rodean mientras continúa la consolidación territorial en Cisjordania, mientras termina de construir el apartheid que ya tiene nombre en los informes de Amnistía Internacional, B'Tselem y Human Rights Watch, mientras absorbe los asentamientos que hacen inviable cualquier Estado palestino futuro. Oslo le dio treinta años de esa estabilidad en el frente palestino. El Oslo libanés pretende garantizar ahora la misma tranquilidad en el frente norte: Hezbolá contenido o desarmado, el ejército libanés haciendo el trabajo de pacificación, las zonas de seguridad israelíes consolidadas sin necesidad de mantener la presencia militar que genera costos y críticas, y los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria suficientes para que Washington presente el acuerdo como un logro diplomático. Es un precio mínimo por un beneficio estratégico máximo.
Treinta años después de Oslo, los palestinos siguen sin Estado, los asentamientos cubrieron lo que quedaba de Cisjordania y el genocidio de Gaza eliminó cualquier ficción de que el proceso de paz tenía alguna sustancia real. El pueblo libanés merece saber qué destino le están preparando quienes firmaron en Washington el 26 de junio.
La historia no tiene por qué repetirse, pero para que no se repita hay que llamar a las cosas por su nombre.
Esto no es el principio de la paz. Es el principio de la administración de la derrota auto inferida de la Burguesía libanesa.
Daniel Jadue
Crónica Digital
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