Por: Elena Rusca. Periodista, corresponsal en Ginebra
El Clarín Chile. 1 julio, 2026
La pobreza no es un accidente ni un residuo del subdesarrollo. Es, como afirma el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, el resultado de un sistema económico global que la produce y reproduce de manera sistemática. En su informe final al Consejo de Derechos Humanos, presentado en junio de 2026, el relator sintetiza seis años de trabajo y llega a una conclusión devastadora: “la pobreza y las desigualdades se fabrican”. No son desastres naturales, sino el producto de decisiones políticas, fiscales y económicas que privilegian a una minoría y condenan a miles de millones a la precariedad permanente.
El documento parte de un diagnóstico que desmiente la retórica triunfalista de la Agenda 2030. Los Estados prometieron “poner fin a la pobreza en todas sus formas” para 2030, pero las cifras muestran un retroceso. En 2025, 845 millones de personas vivían en pobreza extrema según el umbral internacional de 3 dólares diarios en PPA. Sin embargo, el informe advierte que este umbral es tan bajo que “resulta engañoso”. Si se utiliza un umbral más realista —8,20 dólares diarios— el 45% de la población mundial vive en pobreza extrema. En África Subsahariana, la cifra asciende al 89,3%, prácticamente igual que hace tres décadas. La pobreza no disminuye: se estanca o aumenta, mientras la riqueza se concentra en niveles históricos.
El informe describe un mundo en el que nueve de cada diez personas viven en países con altos niveles de desigualdad. En India, el 10% más rico acapara el 58% del ingreso nacional; en Rusia, el 75% de la riqueza; en México, el 71%; en Colombia, el 71% también. La desigualdad no es solo una brecha económica: es una estructura que determina quién puede vivir una vida digna y quién queda atrapado en la precariedad. En países como Brasil, Colombia o Sudáfrica, se necesitan nueve generaciones para que una persona nacida en un hogar pobre alcance el ingreso medio. La desigualdad convierte sociedades que se autodefinen como meritocráticas en sistemas de castas económicas, donde el origen determina el destino. Y tiene consecuencias políticas: los países con mayor desigualdad tienen siete veces más probabilidades de sufrir un declive democrático.
La pobreza, insiste el informe, es relacional. No es solo falta de ingresos, sino exclusión social, imposibilidad de cumplir las normas de participación en la sociedad, ausencia de redes, activos y oportunidades. Mientras los hogares ricos pueden absorber crisis, los pobres quedan atrapados en ciclos de desventaja que se refuerzan mutuamente. La pobreza crónica —la que se transmite de generación en generación— está directamente vinculada a la desigualdad de oportunidades, la falta de protección social, la precariedad laboral, la discriminación estructural y territorios abandonados por el Estado. El informe muestra que, en los países de la OCDE, entre el 60% y el 75% de la desigualdad de ingresos se explica por factores ajenos al esfuerzo personal: el origen socioeconómico de los padres, el barrio de nacimiento, el nivel educativo familiar. Incluso las sociedades que se proclaman meritocráticas no cumplen su promesa.
El relator identifica tres grandes palancas para combatir la pobreza: redistribución posterior al mercado, inclusión en el mercado e inversión social previa al mercado. Pero su análisis es más profundo: muestra cómo cada una de estas palancas está limitada por un sistema económico que subordina la política social al crecimiento. La redistribución —fiscalidad progresiva, servicios públicos, protección social— es esencial, pero depende de ingresos fiscales que a su vez dependen del crecimiento económico. Y el crecimiento, advierte el informe, se ha convertido en una trampa: es necesario para financiar políticas sociales, pero al mismo tiempo alimenta la crisis ecológica y profundiza la desigualdad.
Desde los años 70, la ciencia advierte que el crecimiento infinito es imposible en un planeta finito. Sin embargo, los gobiernos siguen subordinando la política social a la expansión del PIB. El resultado es un modelo que aumenta las emisiones —el 55% vinculadas a extracción y uso de recursos—, destruye biodiversidad —el 90% por cambio de uso de suelo—, agrava la crisis climática y golpea más fuerte a quienes viven en pobreza. La desigualdad amplifica esta crisis: el 10% más rico del planeta genera entre el 36% y el 45% de las emisiones globales, mientras los más pobres —que emiten entre 5 y 50 veces menos— sufren los impactos más severos. La pobreza, la desigualdad y la crisis ecológica forman un triángulo de retroalimentación destructiva.
El informe también denuncia la precarización del trabajo como uno de los motores contemporáneos de la pobreza. En 2024, 2.000 millones de personas trabajaban en el sector informal, sin protección social ni derechos laborales. En los países menos adelantados y en África Subsahariana, la cifra asciende al 90%. La informalidad no es un fenómeno marginal: es el modo de funcionamiento de la economía global. Y la falta de protección social convierte cualquier crisis —una enfermedad, un desastre natural, una pérdida de empleo— en una caída inmediata en la pobreza.
La inversión social —la tercera palanca— es la más transformadora. Implica atacar las causas profundas de la pobreza mediante inversión en infancia, vivienda, educación, salud, nutrición y territorios marginados. El informe cita estudios que muestran que el barrio donde nace un niño determina su futuro: ingresos medios, tasas de criminalidad, acceso a zonas verdes, redes sociales, modelos de conducta. La pobreza no es solo un estado económico: es un ecosistema de desventajas acumuladas.
Pero el informe va más allá del diagnóstico. Propone una Hoja de Ruta para Erradicar la Pobreza Más Allá del Crecimiento, un marco que combina redistribución, regulación, inversión social, justicia fiscal, justicia de la deuda, protección social universal, transición justa y participación democrática real. La pobreza no desaparecerá con crecimiento, sino con política pública valiente. El relator insiste en que la lucha contra la pobreza debe integrarse con la lucha contra la desigualdad y la crisis ecológica: no son agendas separadas, sino dimensiones de un mismo problema estructural.
El informe concluye con una advertencia: si no se redefine el progreso, el mundo se encamina hacia una combinación explosiva de colapso ecológico, desigualdad extrema y deslegitimación democrática. La pobreza no es inevitable. La desigualdad tampoco. Lo que falta —dice De Schutter— es coraje político.
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