Por: Félix Montano

El Clarín Chile. 3 julio, 2026

Mientras los municipios proponían focalizar la exención para proteger los recursos destinados a salud y seguridad comunal, el ministro de Hacienda rechazó cualquier criterio socioeconómico. La decisión revela uno de los principios centrales de la megarreforma: reducir los impuestos al patrimonio aun cuando ello beneficie también a los propietarios de mayor riqueza.

La discusión sobre las contribuciones dejó de ser un debate técnico para transformarse en una definición política. El Gobierno de José Antonio Kast rechazó este jueves la principal propuesta presentada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM): que la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años se concentrara en quienes realmente lo necesitan y no alcanzara también a propietarios de viviendas de alto valor.

La negativa fue categórica.

Tras reunirse en La Moneda con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a los ministros del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, los alcaldes reconocieron que existieron avances respecto de los mecanismos para compensar la pérdida de ingresos municipales. Pero en el punto central del conflicto, Hacienda no cedió.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, resumió así el resultado de la reunión.

«La clausura del Ejecutivo fue total».

Luego explicó cuál fue el argumento entregado por el propio ministro.

«El ministro nos planteó de manera bastante honesta que, por una situación de principio, ellos no creen en la focalización y van a apostar porque ninguna persona mayor pague las contribuciones».

La declaración resulta reveladora porque confirma que el rechazo del Gobierno no obedeció a problemas técnicos ni de financiamiento. Se trata de una decisión política e ideológica: eliminar el impuesto para todos los adultos mayores, independientemente de su patrimonio o nivel de ingresos.

Una diferencia sobre quién debe financiar el Estado

Los municipios no cuestionaban el objetivo de aliviar la carga tributaria de las personas mayores.

Su propuesta apuntaba a otra cosa: mantener la exención para los sectores vulnerables y de ingresos medios, pero conservar el pago de contribuciones en aquellos casos de viviendas de alto avalúo cuyos propietarios poseen una amplia capacidad económica.

La lógica era simple.

Si una persona vive en una vivienda avaluada en cientos de millones de pesos y dispone de un patrimonio considerable, ¿por qué el Estado debería subsidiarla del mismo modo que a un jubilado cuya vivienda constituye prácticamente todo su patrimonio?

Para los alcaldes, la respuesta pasa por la equidad y por la necesidad de proteger el financiamiento municipal.

Las contribuciones alimentan el Fondo Común Municipal y permiten sostener servicios que afectan directamente la vida cotidiana de la población: atención primaria de salud, seguridad comunal, aseo, áreas verdes y programas sociales.

Por ello, Vodanovic explicó que la propuesta presentada al Ejecutivo buscaba responder dos preguntas fundamentales.

«Cómo se van a compensar los recursos que dejan de percibir los municipios y quiénes son quienes deben pagar contribuciones en una sociedad».

En el primer punto, dijo, Hacienda mostró mecanismos de compensación «bastante más satisfactorios». En el segundo, simplemente cerró la discusión.

La filosofía tributaria de Quiroz

Lo ocurrido permite comprender uno de los ejes menos visibles de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

Mientras buena parte de los sistemas tributarios modernos tiende a utilizar criterios de progresividad —que quienes poseen mayor riqueza aporten más al financiamiento colectivo—, la propuesta defendida por Quiroz avanza en sentido contrario.

No distingue entre un jubilado vulnerable y el propietario de una vivienda de muy alto valor.

La exención pasa a ser universal.

En términos políticos, ello refleja una concepción según la cual el impuesto territorial deja de entenderse como un mecanismo redistributivo y pasa a considerarse una carga que debe eliminarse con independencia de la capacidad económica de cada contribuyente.

No es casualidad que esta lógica aparezca también en otros componentes de la megarreforma: la reducción del impuesto corporativo, las rebajas tributarias al capital y la disminución de gravámenes patrimoniales forman parte de una misma arquitectura económica.

El conflicto se traslada al Senado

La Asociación Chilena de Municipalidades decidió no dar por cerrada la discusión.

El presidente de la entidad, Gustavo Alessandri, reconoció que la negociación fracasó precisamente en el punto de la focalización.

«Con respecto a la focalización no nos fue bien; vamos a seguir intentándolo con la Comisión de Hacienda».

Los alcaldes anunciaron que iniciarán conversaciones transversales con senadores para reincorporar sus indicaciones durante la discusión particular del proyecto.

El conflicto, por tanto, ya no enfrenta únicamente al oficialismo con la oposición. También expresa una tensión creciente entre el Gobierno y los municipios, cuyos alcaldes —de distintos sectores políticos— advierten que una rebaja tributaria concebida para beneficiar a los adultos mayores podría terminar debilitando precisamente los servicios públicos que esos mismos adultos mayores utilizan todos los días.

La discusión revela una diferencia mucho más profunda sobre el papel del Estado. Mientras los municipios sostienen que la justicia tributaria exige considerar la capacidad económica de las personas, Hacienda defiende un principio de universalidad que elimina esa distinción. En esa decisión se expresa una de las ideas matrices del programa económico de Jorge Quiroz: reducir al mínimo los impuestos sobre el patrimonio y reemplazar la progresividad por beneficios generales, aun cuando ello favorezca también a quienes concentran mayores niveles de riqueza.

Félix Montano

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