Por : Gastón SaavedraSenador (PS) por la circunscripción 10. – El Mostrador - 05 de Julio 2026
Si el objetivo es crear más empleo, discutamos sobre productividad, inversión, capacitación, innovación y crecimiento económico, pero no tratemos de convencer a los trabajadores de que recibir menos dinero cuando los despiden es un avance social.
Hay ideas que, por mucho que se envuelvan en papel de regalo, siguen siendo lo que son. Eso ocurre con las propuestas del Gobierno y de la Sofoca para reemplazar la indemnización por años de servicio por una indemnización “a todo evento”. Nos dicen que es una modernización. Conviene revisar si la modernización es para el trabajador o para el costo del despido.
Las diferencias entre ambas propuestas son menores. El Gobierno propone una cotización de 1,8% del sueldo y la Sofofa una del 4,11%. En ambos casos el trabajador acumula un fondo propio y puede retirarlo aunque renuncie (es decir, a todo evento) . Suena novedoso, casi irresistible. El problema aparece cuando alguien saca la calculadora.
Partamos por un dato que suele olvidarse en las presentaciones de PowerPoint: La mediana del ingreso en Chile es de $611.000. Es decir, más de 4.4 millones de trabajadores viven con ese ingreso o menos. No estamos hablando de ejecutivos con bonos millonarios, hablamos de la mitad del país.
Supongamos, entonces, que uno de esos trabajadores gana $611.000 mensuales y dedica 10 años de su vida a una empresa. Si hoy es despedido por necesidades de la empresa recibe aproximadamente $6.110.000 de indemnización.
Con la propuesta del Gobierno recibiría alrededor de $1.320.000 más la rentabilidad del fondo que, considerando una rentabilidad promedio de una AFP en 10 años, podría elevar ese monto a cerca de $1.700.000. Con la propuesta de la Sofofa obtendría cerca de $3.013.000 más rentabilidad, lo que en el mismo escenario podría alcanzar aproximadamente $3.900.000.
Traducido al castellano: Donde antes recibía seis millones, ahora podría recibir uno o tres millones. Y, sin embargo, pretenden convencernos de que el gran beneficiado es el trabajador.
Es como vender un automóvil diciendo que consume menos combustible… porque le sacaron el motor.
Por supuesto que Chile necesita modernizar su legislación laboral. Nadie discute eso. Pero una cosa es modernizar y otra muy distinta es convertir un derecho laboral en un ahorro, que termina siendo bastante más pequeño cuando más se necesita.
En el Biobío sabemos lo que significa perder el empleo. Lo han vivido los trabajadores del acero, del sector forestal, de la pesca y tantas otras actividades. Cuando una familia pierde su principal ingreso no necesita discursos sobre flexibilidad laboral. Necesita tiempo para volver a ponerse de pie.
Si el objetivo es crear más empleo, discutamos sobre productividad, inversión, capacitación, innovación y crecimiento económico, pero no tratemos de convencer a los trabajadores de que recibir menos dinero cuando los despiden es un avance social.
Esta contrarreforma es otra prueba más de que Kast y sus ministros no están precisamente preocupados por mejorar la vida de los trabajadores, sino por ajustar cuentas con ellos, con una prolijidad casi admirable.
Al final, lo que buscan no es modernizar nada, sino perfeccionar su ya conocida fábrica de pobres, esta vez a costa de los derechos de los trabajadores. Hasta cuándo el gobierno insiste en seguir fabricando pobres.
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