El Mostrador - 06-07-2026
Pensiones: el Gobierno abre la caja de Pandora. A un año de haber sido aprobada por una mayoría abrumadora en el Congreso, la reforma previsional está en riesgo de volver a entrar al quirófano. El Gobierno dice que no quiere desarmarla, solo “ajustar” su implementación. Afirma que quiere proteger la rentabilidad de los afiliados. Las AFP dicen que quieren evitar distorsiones.
Los críticos ven otra cosa: una industria que perdió parte de la pelea legislativa y ahora busca ganar en la letra chica. Una reforma que todavía está en plena implementación vino con postventa.
La ofensiva del Ejecutivo con su plan de hacerle cambios o pausas a la reforma de pensiones se da a menos de un mes que suba otro punto la cotización previsional con cargo al empleador, llegando a 3,5 puntos adicionales desde la aprobación de la reforma. A eso le suma bencina a la discusión que el viernes se puso en consulta pública el nuevo Régimen de Inversión para los Fondos Generacionales.
Un exalto ejecutivo de una de las AFP líderes del sistema advierte que es peligroso abrir nuevamente la puerta a cambios que necesiten pasar por el Congreso, porque ahí todos llegan con su lista de pendientes. Pero los que conocen las discusiones internas adelantan que habría una vía administrativa que evitaría una ley corta. Las mismas fuentes también le ponen paños fríos a que La Moneda esté decidida con “reformar la reforma” y que la prioridad es el megaproyecto y la ley Sala Cuna.
La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, ya transparentó las intenciones del Gobierno: en dos entrevistas esta semana advirtió que la licitación de stock de afiliados y la entrada de los nuevos fondos generacionales podrían ocurrir demasiado cerca, generando movimientos de portafolio relevantes, presión sobre precios de activos y eventuales costos para la rentabilidad de los fondos. Es casi calcado lo que critican las AFP, algunas con más vehemencia. Los fondos de pensiones han estado activos en su lobby con el nuevo Gobierno y son numerosas las audiencias con diferentes funcionarios.
Hace unos días Cristián Rodríguez, histórico ex CEO y Presidente de Hábitat y ahora presidente de AAISA, el holding aguas arriva, fue claro: la reforma introduce restricciones a la libertad de elección de las personas (licitación) y además alertó por “creciente rol del Estado” y “el componente de reparto incorporado”. En privado ha sido más duro: dice que la reforma es el principio del fin del sistema.
El timing es explosivo. La licitación de stock es una de las medidas más procompetencia de la reforma: obliga a las AFP a disputarse afiliados actuales, no solo a esperar a los nuevos cotizantes. Para los críticos del sistema, era una forma de moverle el piso a una industria cómoda. Para las AFP, en cambio, es una amenaza a sus estrategias de inversión, especialmente en activos alternativos, infraestructura y vehículos de largo plazo.
En el Gobierno aseguran que han discutido los riesgos con actores que no son parte de la industria y hay coincidencia que afectaría la rentabilidad.
Y ahí aparece la sospecha. La industria lleva meses advirtiendo que el cruce entre licitación y fondos generacionales puede generar ventas forzadas, castigar la diferenciación y hacer más difícil invertir en activos ilíquidos. El Gobierno dice que hay que revisar los riesgos. Para algunos de la industria, el Gobierno empieza a sonar demasiado receptivo al lobby de las AFP justo cuando la reforma buscaba meterles más competencia y disciplina. Un alto ejecutivo de la banca dice que las advertencias son exageradas. Lo mismo un consejero del Banco Central. Y apuntan a lo que se tuvo que hacer durante la pandemia con retiros, venta de activos a la rápida, etc.
La consulta pública del nuevo Régimen de Inversión para los Fondos Generacionales le suma bencina al debate. Se acaban los multifondos A, B, C, D y E, y entran 10 fondos por edad. Los jóvenes tendrán más acciones, renta variable extranjera, high yield, emergentes y alternativos; los mayores irán migrando automáticamente a carteras más conservadoras.
El corazón del modelo serán los benchmarks. Cada AFP será medida contra una cartera de referencia: si supera la vara, puede cobrar premio; si queda abajo, tendrá que compensar al fondo con recursos propios.
Se acabó el marketing de “somos buenos invirtiendo” sin poner la billetera donde está la promesa. El nuevo sistema quiere que las AFP demuestren valor o paguen por no hacerlo.
Deudas polémicas. Y si eso no fuera suficiente, en agosto las AFP tienen que traspasar el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Las administradoras de fondos tienen varias críticas y piden cambios, pero la más polémica es que piden que se traspasen al nuevo fondo del Estado las deudas del SIS, que según fuentes conocedoras de las conversaciones, son cercanas a los US$ 50 millones. Han hecho un lobby coordinado, pero sin éxito. En el Ejecutivo lo ven como un problema entre las aseguradoras y las AFP, o sea un conflicto entre privados.
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