Por: Guillermo Pickering. Abogado, exsubsecretario del Interior y de Obras Públicas.

El Mostrador. 8 julio, 2026

Todos pueden llegar a ser Presidentes. Muy pocos llegan a ser estadistas. La diferencia nunca la determina el poder que recibieron, sino la grandeza —o la pequeñez— con que decidieron ejercerlo.

“El precio de la grandeza es la responsabilidad”. La frase de Winston Churchill resume mejor que muchos tratados lo que significa ejercer la Presidencia de un país.

No existe responsabilidad pública mayor.

La Constitución enumera cuidadosamente las atribuciones del Presidente de la República. Lo declara Jefe del Estado y le confía la conducción superior de la nación dentro del marco de la Constitución y las leyes, pero ninguna norma jurídica alcanza a describir la verdadera naturaleza de esa magistratura.

Un Presidente no es un gerente. Un país no es una empresa. La democracia tampoco es un mercado donde los ciudadanos adquieren un programa electoral como quien compra un producto y espera su entrega. La política pertenece a un orden superior. Trabaja con la libertad humana, con la justicia, con la historia, con la memoria colectiva y con la esperanza de generaciones que todavía no nacen.

Ser Presidente significa aceptar que, durante un tiempo breve, se personifica institucionalmente el bien común.

Hasta el día de la elección fue legítimamente el líder de una corriente política. Desde el instante en que presta juramento deja de representar una parte para representar a la nación entera. Ese tránsito constituye la esencia de la República. La campaña termina donde comienza la Presidencia.

Nadie llega a esa responsabilidad como una hoja en blanco. Se llega con una historia personal, con conocimientos, con experiencia y con una determinada trayectoria de servicio al país. Pero también pueden acompañar viejos prejuicios, rivalidades, heridas, inquinas o la convicción de haber recibido una misión ideológica. Todo ello pertenece legítimamente a la lucha política. Nada de ello puede gobernar la República.

Porque la Presidencia exige una transformación. El país debe terminar siendo más importante que las propias convicciones; la nación, más importante que el partido; el futuro, más importante que las querellas del pasado.

Nuestra historia ofrece ejemplos diversos de esa exigencia.

Manuel Montt comprendió que gobernar era construir instituciones capaces de sobrevivir a los hombres.

Arturo Alessandri entendió que la Presidencia no podía administrar un país que ya no existía, sino interpretar una sociedad que cambiaba aceleradamente y abrirle camino dentro de la institucionalidad.

Salvador Allende recordó, con su permanencia en La Moneda hasta el final, que la primera magistratura también puede exigir sacrificios personales cuando se cree estar defendiendo una institución y una convicción.

Patricio Aylwin comprendió que después de una profunda fractura nacional el deber principal del Presidente consistía en reconstruir la confianza entre compatriotas y devolver legitimidad a la democracia.

Todos fueron distintos. Todos gobernaron circunstancias irrepetibles. Todos fueron juzgados por la historia. Pero a todos los alcanzó la misma pregunta: ¿para quién ejerzo realmente el poder?

Esa pregunta no la responde la ley. La responde la conciencia.

La verdadera soledad del Presidente no consiste en los protocolos ni en la distancia que impone el cargo. Consiste en descubrir que llega un momento en que ninguna decisión puede ser delegada. Los ministros aconsejan; los partidos presionan; los expertos informan; los amigos acompañan; los adversarios critican; los aduladores aplauden. Pero finalmente todas esas voces se apagan y solo permanece una conversación silenciosa entre el gobernante y su conciencia.

Todo Presidente debería desconfiar de los aduladores. Los adversarios obligan a pensar; los aduladores convencen al gobernante de que ya no necesita hacerlo. Los primeros muestran los límites del poder; los segundos alimentan la ilusión de que nunca se equivoca. Ninguna República ha sido fortalecida por la adulación.

Quizá por eso Miguel de Cervantes, al poner a Don Quijote aconsejando a Sancho antes de gobernar, escribió uno de los más profundos tratados sobre el ejercicio del poder. Le dijo: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”. Y añadió inmediatamente: “Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso“. Más adelante remató con otra advertencia: “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena”.

Cervantes no estaba escribiendo solamente para los jueces. Estaba describiendo la conciencia de todo buen gobernante. La justicia pierde su dignidad cuando se deja arrastrar por el odio; la autoridad pierde su legitimidad cuando se deja dominar por la pasión; el poder deja de servir a la República cuando comienza a servir al gobernante.

Al final, todos los Presidentes abandonan el poder. Ninguno permanece. Lo único que permanece es el país que dejan.

Y quizá allí reside la única oportunidad que ofrece la historia. Todos pueden llegar a ser Presidentes. Muy pocos llegan a ser estadistas. La diferencia nunca la determina el poder que recibieron, sino la grandeza —o la pequeñez— con que decidieron ejercerlo.

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