Por : Marcela Hernando Médica cirujana, diputada de la República (PRSD). – El Mostrador – 12 de julio 2026
Yo quiero saber cuáles fueron los criterios para aplicar estos recortes a los hospitales de todo Chile. ¿O es que el subsecretario, un médico reconocido como el doctor Julio Montt, sacó de una tómbola los nombres y los montos de los hospitales a los cuales se les iba a recortar?
Imagino que muchos de ustedes se acuerdan de esa canción que interpretaba nuestra gran Cecilia: “sin firmar un documento, sin enviar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso”. Y me acordé porque pareciera que de esa misma forma, sin consultar a nadie, sin realizar un análisis previo, sin estudiar las consecuencias reales y sin la capacidad de entregar respuestas claras y coherentes, el presidente Kast, junto a su fiel escudero Quiroz, borraron con el codo lo que durante toda la campaña habían escrito con la mano: sí habrá recortes en salud, sí se eliminarán programas esenciales para los tiempos que vivimos, sí se postergan inversiones que son urgentes. Y si bien es cierto que estas situaciones se están repitiendo en variados sectores de la economía, por la relevancia que tiene, por la importancia que tiene ni más ni menos que para la vida de 18 millones de chilenos, en esta columna daré mi opinión acerca de un tema que obviamente me compete e interesa: la salud pública.
El presidente, como decíamos, resolvió recortar un 2,5 % del presupuesto al sector salud (aproximadamente 460 millones de dólares). Eso equivale a dejar de construir dos hospitales completos o dejar sin financiamiento a varios programas sociales de alto impacto para la población más vulnerable de este país. Lo curioso es que José Kast declaró durante su campaña que él venía a “arreglar el desastre que había dejado el gobierno anterior”.
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Lo que nunca quiso confesar es qué entendían ellos por “arreglar” y quiénes iban a disfrutar esos arreglos. Al ser consultado por la prensa, el plenipotenciario ministro Quiroz no tuvo mejor explicación que decir “con menos se puede hacer más”. O, para usar una metáfora, algo así como: compren prótesis de plástico para los enfermos, porque son más baratas que las de titanio.
Y en eso tiene razón el ministro: lo anterior puede hacerse. Las soluciones son ridículas e inservibles, pero puede hacerse. El problema, como la mayoría de las decisiones en política, son los efectos secundarios y, como médica, puedo asegurar que las consecuencias de no tratar a tiempo una enfermedad o de tratarla inadecuadamente por economizar un poco de dinero serán extremadamente caras en el corto plazo y mortales para el paciente. Y en ese momento no se podrá culpar a ningún expresidente.
Disminuir recursos a salud y a programas sociales como la PGU y las becas para estudios superiores, entre otras decisiones cavernarias son medidas que, a mi juicio, retrotraen los logros que como sociedad establecimos en aras de construir permanentemente la patria que queremos. Pues bien, contra esa patria van dirigidas estas armas llamadas proyectos de reconstrucción y/o recortes presupuestarios.
Por eso entonces el título de esta columna, porque no he visto hasta ahora ni una sola propuesta o proyecto de ley del Ejecutivo que apunte a aliviar la pesada carga que llevan sobre sus hombros los hombres y mujeres que dan sentido a la palabra patria.
En concreto, y en el caso en particular de salud, estamos hablando de un recorte de $413.000.000.000 (cuatrocientos trece mil millones de pesos). Sabemos que el deseo más profundo de la extrema derecha es construir un país donde cada cual se rasque con sus propias uñas y donde el Estado sea mínimo y solo el distribuidor de recursos para los usurpadores de turno.
En esa lógica se entiende el desprecio que este sector político siente por la educación, la salud o el bienestar de la población, a la cual desde siempre consideró solo mano de obra barata, porque para ellos, tal como lo dijera públicamente el “economista” David Bravo, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral creada por este gobierno para proponer medidas de “reactivación”, los trabajadores son un “cacho”. Y, a buen entendedor, pocas palabras: de los cachos hay que tratar de deshacerse por todos los medios posibles.
He ahí la necesidad de disminuir recursos a programas sociales de tremendo impacto. He ahí la razón por la cual, cuando les hablamos de salud pública, ellos piensan que eso es “botar plata”, porque cada cual debe rascarse con sus propias uñas.
Para justificar su posición, argumentan que la salud pública es mala, que no hay especialistas, que hay que hacer largas filas de espera, etcétera. Pero lo que no dicen es que, mientras en los países de la OCDE el promedio del gasto en salud alcanza el 9,6 % del PIB solo como aporte estatal, en Chile apenas llegamos al 5,1 % del PIB, incluyendo el gasto de bolsillo y las cotizaciones obligatorias y voluntarias, que equivalen al 35 % de ese total. Es decir, en rigor, comparado con los países de la OCDE, el aporte estatal resulta ser poco más de un 3 %. En consecuencia, si se trata de comparar la “rentabilidad” de ese gasto, podríamos decir que en Chile es muy superior a cualquiera de los países de la OCDE, tal y como lo reconoció la misión que visitó nuestro país hace algunos años.
No obstante, y sin consultar a los expertos correspondientes ni mucho menos a las máximas autoridades de salud, el señor Quiroz, con su soberbia acostumbrada, emitió su edicto comunicando que todos los ministerios -incluido Salud- deben recortar ipso facto su presupuesto. En otras palabras, mientras el mundo se esfuerza cada día en aumentar el gasto en salud, en Chile el “salubrista” Quiroz define que este debe disminuir porque pareciera ser que, según la lógica del señor ministro y de su presidente, ningún niño se ha muerto por pasar un poco de hambre y alimentarlo es responsabilidad exclusiva de su familia.
No existe ninguna razón plausible para los ciudadanos comunes y corrientes del país en general, y de todo el norte en particular, que justifique un proyecto como el que actualmente tramita el Senado, que para mí es una aberración, que tiene como propósito disfrazar el regalo de 4.500 millones de dólares que el gobierno pretende hacer a sus amigos, los más ricos de Chile.
Yo quiero saber cuáles fueron los criterios para aplicar estos recortes a los hospitales de todo Chile. ¿O es que el subsecretario, un médico reconocido como el doctor Julio Montt, sacó de una tómbola los nombres y los montos de los hospitales a los cuales se les iba a recortar?
Pues bien, estoy segura de que en más de alguna de las cuatro misas semanales que el presidente ordenó realizar en La Moneda les habrán recordado a Mateo 7:15-20: “Por sus frutos los conoceréis”. Y en este caso, algunos de esos frutos ya están a la vista: aumento de la cesantía, aumento de la inflación, baja del Imacec y otros que aún están por verse.
En ese contexto, me atrevo a afirmar que la trasnochada consigna de “No al comunismo” costará más vidas que la pandemia. Pero la “ventaja” para ellos es que los beneficiarios de este “subsidio” de 4.500 millones de dólares por año; es decir, el 1 % de los más ricos de Chile, podrán mejorar su plan de isapre.
Por otra parte, en mi opinión, tanto la ministra May Chomali como el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, no debieron aceptar estos recortes, y mucho menos haber jugado al “de tin marín” con los hospitales de Chile, porque basta un mínimo de conocimientos epidemiológicos para comprender en qué podría terminar esto.
No tendríamos que estar realizando recortes que afectan directamente a los pacientes. Lo que deberíamos hacer es revisar la gestión, cómo se están haciendo las cosas y qué ocurre realmente en los distintos hospitales de Chile, y no sugerir crear comités de ausentismo en los hospitales porque, aparte de existir hace años, no han sido eficientes para encontrar una solución.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el Hospital San José? ¿Qué ocurre en el Sótero del Río, en el Hospital de Antofagasta o en el Regional del Biobío? ¿Dónde está el análisis que debió hacerse respecto de los actuales hospitales concesionados? ¿Cómo anda su “rentabilidad” en comparación con otros hospitales de la red? ¿Y qué pasa con las direcciones de los servicios de salud que vieron aumentar sus dotaciones sin que se observe más productividad?
En fin, la salud es un derecho y no un privilegio. Y desde esta tribuna llamo a cada usuario de Fonasa a hacer escuchar su voz, porque en salud no se recorta dinero: se recortan vidas.
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