Por: Julio Salas Gutiérrez. Abogado, magíster en Gestión y Políticas Públicas, exsubsecretario de Pesca y Acuicultura.

El Mostrador. 15 julio, 2026

Cuando la cesantía supere los dos dígitos, como aparentemente ocurrirá, el Ministerio de Economía debería preguntarse cuántas de esas décimas fueron aportadas por sus propias decisiones regulatorias, adoptadas pese a existir herramientas concretas para evitarlas.

Con el desempleo rozando el 10% y la economía al borde de la recesión, la autoridad pesquera decidió dejar sin efecto la resolución que permitía a miles de pescadores artesanales, armadores y tripulantes rotar entre distintos recursos pesqueros para trabajar de forma continua durante todo el año.

No es un detalle administrativo menor: es una medida que daba aplicación concreta al texto y espíritu de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, y que el sector artesanal había solicitado durante años.

Durante 2025, el Congreso aprobó con una mayoría amplia y transversal la Ley N° 21.752, que incrementó los porcentajes de participación artesanal en las cuotas anuales de pesca.

Un negocio históricamente concentrado en pocas manos, por fin, con el nuevo fraccionamiento, empezó a distribuir sus beneficios de forma más equitativa.

Ese mayor acceso a cuota trajo consigo una obligación técnica: evaluar si la flota artesanal estaba en condiciones de aprovecharlo. El diagnóstico fue claro: El sector artesanal cerquero cuenta con una flota robusta y bien desarrollada. Pero las embarcaciones más pequeñas —las dedicadas a la pesca para consumo humano directo— enfrentan una limitación estructural pues muchas dependen de una sola especie. Cuando ese recurso se aleja de la caleta base, sus pescadores quedan sin actividad, aunque frente a sus costas haya otras especies en abundancia.

Para corregir esa falla se implementaron, a fines de 2025, “Siete medidas en favor de la Pesca Artesanal” (R.E. N° 2.563-25), que permitían a pequeños artesanales acceder a una canasta diversificada de recursos y sostener su actividad económica durante todo el año. No era una medida que pusiera en riesgo la sustentabilidad biológica: el mayor acceso artesanal se compensaba, con la menor cuota ya fijada para el sector industrial.

Sonapesca y sus organizaciones afines recurrieron a la Contraloría para bloquear la implementación del nuevo fraccionamiento. El ente contralor, en uno de esos recursos, formuló una observación de forma: la Subpesca debía realizar otra consulta no vinculante al organismo de co-manejo pesquero antes de dictar la resolución. Frente a esa observación de legalidad formal, la autoridad tenía varias alternativas: podía elegir el camino de subsanar el procedimiento, hacer la consulta, y convalidar la resolución ya dictada o bien dictar una nueva resolución con idéntico contenido. En vez de eso, simplemente optó por eliminar el acto administrativo y volver a restringir el acceso a recursos de las pequeñas embarcaciones artesanales destinadas a consumo humano.

No hay dos lecturas posibles frente a esta decisión. Ante una objeción de forma y subsanable, la autoridad eligió la alternativa que más golpea a la pesca artesanal. Es, como mínimo, una señal preocupante sobre la independencia de la Subpesca frente a los intereses de Sonapesca, cuya posición terminó prevaleciendo sin contrapeso.

Las consecuencias no se agotan en el sector pesquero. La estacionalidad forzada del trabajo artesanal repercute directamente en la ocupación de las plantas de proceso —con alta participación de mano de obra femenina—, también en las actividades conexas (fileteadoras, encarnadoras, ahumadoras, etc), en la comercialización, y en la economía de caletas, en las ferias y mercados que abastecen de pescado fresco a los consumidores.

Es muy difícil entender por qué el Ministerio de Economía prefiere activar programas de empleo de emergencia, al ineficiente estilo de los PEM y POJH, en lugar de sostener los mecanismos que garantizan el trabajo productivo del sector pesquero y del comercio durante todo el año.

Las preguntas, entonces, son directas. ¿Por qué la autoridad no refuerza una resolución impulsada y respaldada por las principales organizaciones de la pesca artesanal? ¿Por qué no permite que los pescadores de pequeña escala diversifiquen su canasta de recursos para trabajar durante todo el año? ¿Por qué el discurso de Sonapesca se instala hoy sin contrapeso en la autoridad regulatoria del sector?

Cada décima de desempleo representa cerca de 10.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Cuando la cesantía supere los dos dígitos, como aparentemente ocurrirá, el Ministerio de Economía debería preguntarse cuántas de esas décimas fueron aportadas por sus propias decisiones regulatorias, adoptadas pese a existir herramientas concretas para evitarlas.

Aún estamos a tiempo, ojalá la autoridad recapacite y corrija esta medida.

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