Interior del edificio histórico que alberga al Tribunal Constitucional
Por: Simon Del Valle
El Clarín Chile. 20 julio, 2026
Todo indica que este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados ratificará la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast con el respaldo del oficialismo y del Partido de la Gente. La oposición ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa decisión abre una paradoja política: si el TC rechaza el requerimiento, el Gobierno no sólo habrá ganado en el Congreso, sino que obtendrá una poderosa validación institucional de su principal proyecto económico.
Las grandes reformas no siempre terminan cuando abandonan el Congreso. Algunas, por el contrario, comienzan allí su disputa más compleja.
Todo indica que ese será el destino de la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Si la Cámara ratifica este lunes las modificaciones aprobadas por el Senado, el Ejecutivo obtendrá la mayor victoria legislativa desde el inicio de su mandato. Pero el conflicto no terminará con esa votación. Apenas cambiará de escenario.
La oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar aspectos centrales del proyecto, especialmente la invariabilidad tributaria por 23 años y otras normas que, a su juicio, limitan la capacidad de futuros gobiernos para redefinir la política fiscal del país.
Desde una perspectiva jurídica, el requerimiento parece coherente. Desde una perspectiva política, sin embargo, constituye una apuesta de alto riesgo.
Porque el Tribunal Constitucional puede transformarse tanto en el principal obstáculo para el Gobierno como en el instrumento que termine consolidando su triunfo.
El último recurso institucional
La decisión de acudir al Tribunal Constitucional refleja un hecho político evidente: la oposición perdió la batalla parlamentaria.
No consiguió impedir la aprobación del proyecto ni en la Cámara ni en el Senado. Tampoco logró fracturar la mayoría oficialista ni evitar que el Partido de la Gente se transformara en un actor decisivo para asegurar los votos necesarios.
En esas condiciones, el conflicto abandona el terreno legislativo y se traslada al ámbito constitucional.
El argumento central de la oposición es conocido. La invariabilidad tributaria por un cuarto de siglo no sería simplemente una política económica. Representaría una limitación a la capacidad de futuras mayorías democráticas para modificar el sistema tributario de acuerdo con los programas que la ciudadanía eventualmente respalde en las urnas.
La discusión, por tanto, trasciende la conveniencia de reducir impuestos o incentivar la inversión. Lo que el Tribunal deberá examinar es si una mayoría parlamentaria puede establecer reglas destinadas a restringir el margen de acción de las mayorías futuras.
Una apuesta con dos desenlaces
Sin embargo, la estrategia opositora contiene una paradoja poco comentada.
Si el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento, el Gobierno sufrirá una derrota significativa. No porque el modelo económico quede necesariamente invalidado, sino porque el máximo intérprete de la Constitución establecería que existen límites que el legislador no puede sobrepasar.
Pero existe un segundo escenario.
Si el Tribunal rechaza el recurso, la situación política cambia radicalmente.
La megarreforma no sólo habrá sido aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado. También habrá recibido el respaldo del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.
En ese caso, el Gobierno podrá sostener que su principal proyecto económico fue validado por todas las instituciones llamadas a pronunciarse sobre él.
Una victoria parlamentaria se transformaría también en una victoria constitucional.
El cambio de posición del Tribunal
Existe además un elemento político que merece atención.
Durante décadas, importantes sectores de la izquierda criticaron al Tribunal Constitucional por considerar que actuaba como una instancia capaz de bloquear decisiones adoptadas por mayorías democráticas. El debate sobre sus atribuciones fue uno de los ejes de las reformas institucionales impulsadas en los últimos años.
Hoy el escenario aparece invertido.
Es la oposición la que recurre al Tribunal Constitucional para intentar frenar una reforma respaldada por una mayoría parlamentaria.
No existe contradicción jurídica en ello. La función del Tribunal es precisamente controlar la constitucionalidad de las leyes.
Pero el episodio refleja un cambio en la correlación de fuerzas políticas. Cuando el Parlamento deja de ser suficiente para impedir una determinada decisión, el conflicto se traslada hacia otras instituciones del Estado.
Más allá del fallo
Cualquiera sea la decisión del Tribunal Constitucional, difícilmente pondrá término al debate político.
Si acoge el requerimiento, comenzará una nueva discusión sobre el alcance de las facultades del Congreso y sobre la posibilidad de rediseñar aspectos centrales de la reforma.
Si lo rechaza, la oposición enfrentará un problema distinto.
Le resultará mucho más difícil sostener que la megarreforma constituye un «amarre» incompatible con el orden constitucional, porque el propio Tribunal habrá descartado esa interpretación.
El Gobierno, en cambio, dispondrá de un argumento político de gran peso: podrá afirmar que su proyecto fue respaldado por el Congreso y validado por el órgano encargado de interpretar la Constitución.
El verdadero desafío de la oposición
Más allá del desenlace jurídico, el recurso al Tribunal Constitucional deja al descubierto una realidad política más profunda.
La oposición ha debido abandonar el terreno donde tradicionalmente se resuelven las grandes reformas —el Parlamento— para trasladar la disputa hacia una instancia jurisdiccional.
Eso no significa que sus argumentos carezcan de fundamento. Significa, simplemente, que la batalla política ya no puede librarse con los votos disponibles en el Congreso.
Y esa constatación abre una pregunta que excede el destino de la megarreforma.
Si el Tribunal Constitucional termina validando el proyecto, ¿qué estrategia le quedará a una oposición que ya perdió la discusión parlamentaria y tampoco logró convencer al máximo intérprete de la Constitución?
Esa es la verdadera apuesta que comienza esta semana.
Porque el Tribunal Constitucional puede transformarse en la última esperanza para detener la reforma.
O en la institución que termine otorgándole la legitimidad política que el Gobierno necesita para presentar la megarreforma no sólo como una victoria legislativa, sino como un nuevo consenso institucional sobre el rumbo económico del país.
Simón del Valle
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