Por Apolo Olivares – Para ute-noticias – 21-07-2026

Todos los Estados poseen servicios de inteligencia cuya misión incluye proteger la seguridad nacional, prevenir el terrorismo, el espionaje extranjero y el crimen organizado. Esa actividad, en sí misma, forma parte de las funciones que la mayoría de los países atribuyen a sus organismos de inteligencia.

El problema aparece cuando esas capacidades se utilizan fuera de controles legales y democráticos.

La historia ofrece numerosos ejemplos.

En regímenes autoritarios, los servicios de inteligencia han sido utilizados para vigilar opositores, periodistas, sindicalistas, académicos, dirigentes estudiantiles y organizaciones sociales. La tecnología ha multiplicado enormemente esa capacidad. Donde antes era necesario seguir físicamente a una persona, hoy pueden emplearse herramientas digitales para recopilar información sobre comunicaciones, desplazamientos y relaciones.

No se trata únicamente de países tradicionalmente considerados dictatoriales.

Diversas democracias también han enfrentado controversias por programas de vigilancia masiva. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 mostraron la existencia de amplios programas de recopilación de datos por parte de agencias de inteligencia estadounidenses y sus aliados. Aquellas revelaciones abrieron un debate mundial sobre el equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos civiles.

Al mismo tiempo, han salido a la luz casos de programas de espionaje dirigidos contra periodistas, abogados, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos mediante software especializado adquirido por algunos gobiernos. Esos casos han sido investigados por organismos internacionales, medios de comunicación y tribunales en distintos países.

"¿Qué mecanismos democráticos existen para impedir que las enormes capacidades tecnológicas de vigilancia sean utilizadas con fines políticos o para vulnerar derechos fundamentales?"

La vigilancia ya no depende exclusivamente del Estado.

Las grandes plataformas digitales recopilan enormes cantidades de información sobre hábitos de navegación, ubicación, intereses y patrones de consumo para prestar sus servicios y, en muchos casos, personalizar publicidad o recomendaciones. En determinadas circunstancias , también pueden recibir requerimientos legales de las autoridades.

Esto genera un escenario nuevo: el poder de observación ya no está concentrado únicamente en los gobiernos, sino distribuido entre Estados y grandes actores privados.

Eso cambia profundamente la naturaleza de la vigilancia .

• Ya no basta con preguntarse quién gobierna.
• También debemos preguntarnos:
• ¿Quién almacena nuestros datos?
• ¿Quién puede acceder a ellos y bajo qué condiciones?
• ¿Qué controles judiciales y democráticos existen?
• ¿Cómo se protege el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión?

La tecnología no elimina la libertad ni la garantiza por sí sola. Lo que determina el futuro de una sociedad son las instituciones, las leyes y los controles democráticos que regulan el uso de esa tecnología.

Muchas veces imaginamos que el riesgo para la libertad proviene únicamente de un Estado autoritario. Sin embargo, la historia enseña que cualquier concentración de poder, sea estatal o privada, necesita límites, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. La defensa de los derechos fundamentales no consiste en desconfiar de toda tecnología, sino en asegurar que nadie —gobierno, empresa o cualquier otro actor— pueda utilizarla sin controles adecuados.

Entonces como resguardamos la  libertad en la era de la vigilancia digital , existen países donde los aparatos de seguridad e inteligencia han sido utilizados para vigilar, identificar, intimidar o reprimir a opositores políticos.

En términos generales, cuando un gobierno autoritario o con fuertes tendencias autoritarias utiliza la vigilancia con fines políticos, suele combinar varias herramientas:

• Vigilancia digital: monitoreo de redes sociales, comunicaciones o actividad en línea, en la medida en que la legislación y la capacidad tecnológica lo permiten.
• Vigilancia física: seguimiento de dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas o activistas.
• Infiltración: incorporación de informantes en organizaciones políticas o sociales.
• Control administrativo o judicial: uso de leyes, investigaciones, restricciones o procesos judiciales para limitar la actividad de opositores. La legitimidad de estas acciones depende de si respetan el debido proceso y los derechos fundamentales.
• Campañas de desinformación o intimidación: en algunos contextos, se busca desacreditar públicamente a determinadas personas o grupos.
• Cuando un régimen decide reprimir, la información obtenida mediante esos mecanismos puede utilizarse para identificar líderes, conocer redes de contacto, anticipar movilizaciones o focalizar acciones represivas. Históricamente, esto ha ocurrido en diversas dictaduras

Por eso, desde una perspectiva democrática, la pregunta más importante no es únicamente qué tecnología existe, sino qué límites legales e institucionales existen para su uso.

El verdadero peligro no es que un Estado posea tecnología avanzada. El peligro aparece cuando esa tecnología deja de estar sometida al Estado de derecho y al control democrático. En ese momento, la información puede transformarse en un instrumento de dominación en lugar de un medio para proteger a la sociedad.

Durante la dictadura militar (1973-1990), los organismos de inteligencia del régimen utilizaron los medios disponibles en esa época para identificar, seguir y reprimir a opositores políticos. Esa realidad ha sido ampliamente documentada por las comisiones de verdad chilenas, investigaciones judiciales y trabajos académicos. Sin inteligencia artificial, sin internet y sin teléfonos inteligentes, ya existían archivos, informantes, interceptaciones telefónicas, vigilancia física y redes de colaboración que permitían ejercer un fuerte control sobre determinados sectores de la sociedad.

Ahora bien, si imaginamos ese mismo contexto con las tecnologías actuales, el escenario es potencialmente mucho más preocupante.

Un aparato de inteligencia que dispusiera de acceso amplio a tecnologías contemporáneas podría, en teoría, integrar información procedente de múltiples fuentes: registros públicos, cámaras, datos de geolocalización, comunicaciones digitales autorizadas por la ley en ciertos contextos, redes sociales y otras bases de datos. La velocidad y la capacidad de correlacionar esa información serían infinitamente mayores que hace cincuenta años.

Eso permitiría, potencialmente, reconstruir redes de relación, identificar liderazgos, detectar patrones de comunicación o anticipar determinados acontecimientos con una eficacia que antes era impensable.

Desde una perspectiva de derechos humanos, esa posibilidad explica por qué hoy existe tanta preocupación internacional respecto del uso de tecnologías de vigilancia sin controles adecuados.

La historia demuestra que toda herramienta de vigilancia puede ser utilizada para proteger a la sociedad o para vulnerar sus derechos. Cuanto mayor es la capacidad tecnológica, mayor debe ser la responsabilidad democrática y el control institucional sobre su uso.

Y, en el caso chileno, la memoria histórica aporta una razón adicional para mantener ese debate vivo. Haber vivido un período de graves violaciones a los derechos humanos hace especialmente relevante preguntarse cómo evitar que tecnologías mucho más poderosas puedan ser utilizadas, en el futuro, sin límites legales, transparencia ni supervisión independiente.

La memoria no sirve únicamente para recordar el pasado; sirve para diseñar instituciones que reduzcan el riesgo de que ese pasado vuelva a repetirse.

Esa es una reflexión que trasciende a Chile y puede ser comprendida en cualquier sociedad que valore la democracia y los derechos humanos.

La memoria histórica debe orientar el desarrollo de las nuevas tecnologías.

¿Qué hemos aprendido de la historia para no repetir sus errores cuando disponemos de tecnologías infinitamente más poderosas?

Creo que la democracia debería asumir el mismo principio.

No basta con confiar en que quienes gobiernan hoy actuarán correctamente.

Las instituciones deben diseñarse pensando también en el caso de que, algún día, lleguen al poder personas o gobiernos dispuestos a abusar de esas capacidades.

Esa es, precisamente, la lógica de un Estado de derecho.

No se construye para los buenos gobernantes.

Se construye para impedir que los malos gobernantes puedan concentrar un poder sin límites.

Las generaciones que conocieron las dictaduras tienen una responsabilidad especial. No pueden impedir el avance de la tecnología, pero sí pueden transmitir una lección irrenunciable: ninguna sociedad debe entregar tanto poder que, si mañana cae en manos equivocadas, la libertad de millones dependa únicamente de la voluntad de unos pocos.

• Esa idea no pertenece a una ideología determinada.
• Pertenece a la historia de la humanidad.
• Palantir es  un ejemplo de una transformación mucho más amplia , esta ligada al pentágono , a la administración de Trump , a Miley y ahora a Kast

Palantir desarrolla plataformas para integrar y analizar grandes volúmenes de datos, utilizadas por algunos gobiernos, fuerzas armadas y organizaciones privadas para apoyar la toma de decisiones. Sus herramientas pueden servir para fines muy distintos: desde coordinar ayuda en desastres naturales o detectar fraudes, hasta apoyar operaciones de inteligencia o planificación militar. La tecnología, por sí misma, no determina el uso; lo hacen quienes la emplean y el marco legal e institucional en que operan.

¿Qué significa que existan plataformas capaces de integrar, relacionar y analizar cantidades inmensas de información sobre personas, organizaciones y acontecimientos?

Ahí está el verdadero debate.

Desde el punto de vista técnico, sistemas como los de Palantir permiten encontrar relaciones que antes podían pasar inadvertidas para un analista humano. Esa capacidad puede ser extraordinariamente útil para investigar redes criminales, prevenir atentados o coordinar respuestas ante emergencias.

Pero esa misma capacidad plantea preguntas fundamentales cuando se trata de libertades civiles.

Imaginemos, por ejemplo, un Estado democrático que utiliza una plataforma de este tipo para identificar redes de narcotráfico. Muchas personas considerarían legítimo ese uso, siempre que exista autorización judicial cuando corresponda y mecanismos de supervisión.

Ahora imaginemos que un gobierno sin controles democráticos utilizara herramientas similares para elaborar mapas de relaciones entre dirigentes opositores, periodistas, sindicatos, organizaciones sociales o defensores de derechos humanos.

• La tecnología sería la misma.
• Lo que cambia es el marco político y jurídico.
• El protagonista es la concentración de la capacidad de conocer y anticipar el comportamiento humano. Palantir representa una etapa de esa transformación.
• En la Guerra Fría se decía que la información era poder.
• Hoy esa frase ya no es suficiente.
• Porque información hay demasiada.
• El verdadero poder consiste en otra cosa.

El poder del siglo XXI ya no reside únicamente en poseer información. Reside en la capacidad de integrarla, interpretarla y convertirla en decisiones antes que los demás. Esa es la verdadera revolución que representan plataformas como Palantir y el ecosistema tecnológico que las rodea.

Ahora enfrentamos un desafío nuevo: cómo someter el poder derivado de los datos, los algoritmos y la inteligencia artificial a principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

"Todas las épocas han tenido un recurso que definió el poder. El nuestro ya no es el oro, ni el petróleo, ni siquiera el dinero. Es la capacidad de comprender a la sociedad antes de que la propia sociedad comprenda lo que está ocurriendo."

¿Qué ocurre cuando la capacidad de comprender y anticipar el comportamiento humano se convierte en la principal fuente de poder?

Esa es una pregunta histórica

Debemos comprender que la inteligencia artificial no aparece de la nada. Es el capítulo más reciente de una historia mucho más larga: la búsqueda permanente del ser humano por ampliar su capacidad para comprender, organizar e influir sobre el mundo.

La pregunta es: ¿Quién decide cómo se utiliza?

Y esa diferencia es fundamental.

Apolo Olivares – Ex dirigente de la Universidad Técnica del Estado

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.