Por: Leonardo Buitrago
El Ciudadano. 22/07/2026
Los parlamentarios de la oposición buscan que el TC declare inconstitucionales las normas que atan de manos a las futuras administraciones y otorgan privilegios inadmisibles al sector privado en materia ambiental
La oposición llevará la megarreforma económica-tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast al Tribunal Constitucional (TC) con tres requerimientos que buscan tumbar los pilares más controversiales de la iniciativa.
La ofensiva jurídica se centra en dos frentes principales: la invariabilidad tributaria por hasta 20 años para grandes inversiones y el polémico régimen de indemnizaciones fiscales para proyectos cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas por la justicia.
Tras la aprobación en la Cámara de 27 de las 28 modificaciones sometidas a votación en el tercer trámite, el bloque opositor confirmó que recurrirá al TC para frenar la reforma antes de su promulgación y durante la jornada del martes, un grupo de 21 senadores presentó dos requerimientos, mientras que 62 diputados suscribieron una tercera impugnación, todas ellas ingresadas por separado pero con un objetivo común: declarar inconstitucionales las normas que, a su juicio, atan de manos a las futuras administraciones y otorgan privilegios inadmisibles al sector privado en materia ambiental.
El corazón de la controversia lo protagoniza el artículo que establece la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión superiores a los US$50 millones. La norma, defendida por el oficialismo como un incentivo clave para atraer capitales, congela las reglas impositivas por un período que va desde los 10 hasta los 20 años, dependiendo del monto del proyecto. Los parlamentarios de la oposición que ingresaron los requerimientos sostienen que este mecanismo vulnera el carácter democrático de la República consagrado en el artículo 4° de la Constitución, al limitar la capacidad de decisión de los Congresos y Gobiernos que surjan de futuros procesos electorales. En su argumentación, advierten que aceptar esta fórmula equivaldría a permitir que una mayoría circunstancial declare inalterable una ley, bloqueando de facto la capacidad de las mayorías futuras para efectuar una modificación.
Blindaje tributario para las empresas y sus proyectos ambientales
El segundo gran eje de la impugnación apunta al blindaje fiscal diseñado para los proyectos ambientales. La megarreforma establece que el Fisco debe indemnizar a los titulares de iniciativas cuando una sentencia firme anule su Resolución de Calificación Ambiental, cubriendo los gastos directos e irrecuperables. La oposición tacha de inconstitucional esta propuesta alegando que el mecanismo convierte la ilegalidad de una autorización administrativa en el punto de partida de una compensación, sin que la empresa beneficiada tenga que demostrar falta de servicio del Estado y con un tribunal arbitral que prácticamente se limitaría a fijar el monto de la reparación.
Los requirentes del PS, PPD, DC, FA, PL y PC, alegan que este estatuto privilegiado vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, al establecer una vía especial para las grandes empresas que no existe para el resto de los ciudadanos. Además, cuestionan que se excluya la posibilidad de que el Estado repita contra los funcionarios responsables del error, creando lo que consideran un sistema de indemnización automática que podría incentivar la negligencia en la evaluación ambiental.
Para los parlamentarios, esta norma atenta directamente contra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el régimen constitucional de responsabilidad estatal, consignó El Mostrador.
Mensaje de la oposición al TC: “En sus manos está el destino de nuestra democracia”
El tercer requerimiento, impulsado por los parlamentarios, no solo respalda los argumentos anteriores sino que incorpora objeciones a modificaciones en la Ley General de Pesca y Acuicultura que facilitan la relocalización de concesiones, y critica duramente la norma que restringe las reclamaciones de terceros contra una RCA únicamente a materias no evaluadas durante el procedimiento administrativo.
Los legisladores de oposición sostienen que esta limitación «reduce el acceso a la justicia de comunidades y personas que no participaron en la evaluación inicial», señaló el medio citado.
Asimismo, cuestionan el límite máximo de seis meses para las medidas cautelares de los tribunales ambientales, argumentando que una fecha de caducidad automática limita la protección de los ecosistemas mientras el litigio se encuentra en curso.
El presidente del PPD, Raúl Soto, envió un mensaje a los ministros encargados de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, indicándoles que «en manos del Tribunal Constitucional está el destino de nuestra democracia»
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