Ecoceanos aportó información sobre las condiciones laborales en la industria salmonera, especialmente respecto de la seguridad de los trabajadores, los accidentes en centros de cultivo y las condiciones del trabajo de los buzos

Por: Félix Montano

El Clarín Chile. 25 julio, 2026

Las primeras reacciones al arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos contra exportaciones chilenas apuntaron hacia Washington. El Gobierno rechazó la medida, los gremios empresariales alertaron sobre sus efectos y los exportadores comenzaron a calcular los costos.

Pero apenas transcurrieron unas horas para que el debate cambiara de dirección.

Los cuestionamientos dejaron de concentrarse en la decisión de Donald Trump y comenzaron a dirigirse hacia dos organizaciones chilenas: Fundación Libera y Ecoceanos, que participaron en la investigación desarrollada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) aportando antecedentes sobre condiciones laborales en sectores exportadores, particularmente la salmonicultura y la agricultura.

En redes sociales aparecieron rápidamente acusaciones de «antipatriotas», «antichilenos» y «enemigos del país». Parte del debate dejó de girar en torno a las condiciones denunciadas y comenzó a centrarse en quienes las habían denunciado.

La discusión había dado un giro inesperado.

Ya no se preguntaba si existían o no vulneraciones laborales.

Comenzaba a preguntarse si denunciarlas constituía una forma de actuar contra el interés nacional.

Cuando el mensajero se transforma en el acusado

La lógica no es nueva.

Cada vez que un conflicto internacional pone bajo presión a una industria poderosa, aparece la tentación de desplazar el foco desde los hechos hacia quienes los hicieron visibles.

Eso parece estar ocurriendo ahora.

Fundación Libera, dedicada al combate de la trata de personas y el trabajo forzoso, presentó antecedentes ante la USTR sosteniendo que en determinadas actividades exportadoras chilenas existían indicios compatibles con varios de los indicadores de trabajo forzoso definidos por la Organización Internacional del Trabajo.

Ecoceanos, por su parte, aportó información sobre las condiciones laborales en la industria salmonera, especialmente respecto de la seguridad de los trabajadores, los accidentes en centros de cultivo y las condiciones del trabajo de los buzos.

Ambas organizaciones participaron en un procedimiento abierto por el propio gobierno estadounidense, en el que también expusieron representantes del Estado chileno, gremios empresariales y exportadores.

Sin embargo, una parte importante de la discusión pública terminó concentrándose en ellas.

La consecuencia resulta llamativa.

Quienes aportaron antecedentes a un proceso administrativo aparecen hoy sometidos a un juicio político mucho más intenso que las condiciones laborales cuya existencia motivó esas denuncias.

Una democracia también se mide por sus denuncias

La pregunta de fondo es incómoda.

¿Debe una organización de la sociedad civil abstenerse de denunciar posibles vulneraciones de derechos porque esas denuncias podrían tener consecuencias económicas para el país?

Si la respuesta fuera afirmativa, las implicancias serían profundas.

Porque significaría que la protección de la imagen internacional pasaría por silenciar los problemas antes que por resolverlos.

Las democracias funcionan exactamente al revés.

No fortalecen su prestigio ocultando conflictos.

Lo fortalecen cuando disponen de instituciones capaces de investigarlos, corregirlos y sancionarlos cuando corresponde.

Los estándares laborales no nacieron en Washington

Existe además un aspecto que suele quedar fuera del debate.

Los estándares laborales utilizados por Estados Unidos para justificar su decisión no fueron creados por la administración Trump ni por las organizaciones chilenas que participaron en la investigación.

Provienen, en gran medida, de convenios internacionales elaborados por la Organización Internacional del Trabajo y suscritos por Chile desde hace décadas.

Son los mismos estándares que el país suele exhibir cuando promueve sus exportaciones en los mercados más exigentes del mundo.

Porque el modelo exportador chileno nunca ha descansado únicamente en precios competitivos.

También se apoya en certificaciones sanitarias, trazabilidad, controles ambientales, calidad productiva y cumplimiento normativo.

¿Por qué los estándares laborales deberían ser tratados de manera distinta?

La paradoja del modelo exportador

Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.

Cuando las certificaciones internacionales facilitan el ingreso de frutas, vinos o salmones a mercados desarrollados, son presentadas como una fortaleza del país.

Pero cuando esos mismos estándares obligan a examinar las condiciones laborales de quienes producen esos bienes, algunos sectores reaccionan descalificando a quienes formulan las observaciones.

La diferencia no reside en los estándares.

Reside en aquello que esos estándares obligan a revisar.

¿Qué significa hoy defender el interés nacional?

El episodio instala una discusión que probablemente continuará mucho después de que termine la controversia arancelaria.

¿Consiste el patriotismo en evitar cualquier denuncia que pueda afectar temporalmente las exportaciones?

¿O consiste precisamente en asegurar que las actividades económicas que sostienen buena parte del desarrollo nacional respeten plenamente los compromisos internacionales asumidos por el propio Estado chileno?

No son preguntas retóricas.

Definen la manera en que una democracia entiende su relación con el poder económico y con los derechos fundamentales.

Un país que ya conoció este dilema

Chile ha vivido antes debates parecidos.

Durante la dictadura, organizaciones de derechos humanos fueron acusadas reiteradamente de «dañar la imagen internacional del país» cuando denunciaban desapariciones, torturas y ejecuciones ante organismos internacionales.

Con el tiempo ocurrió exactamente lo contrario.

Fue la existencia de esas organizaciones la que terminó fortaleciendo el prestigio democrático de Chile, al demostrar que la sociedad conservaba espacios capaces de documentar abusos y exigir responsabilidades.

No se trata de equiparar fenómenos históricos profundamente distintos.

Se trata de recordar un principio básico.

Denunciar una vulneración nunca equivale a provocarla.

Confundir ambas cosas significa trasladar la responsabilidad desde quien eventualmente comete el abuso hacia quien decide hacerlo visible.

Mucho más que un arancel

Es probable que Estados Unidos continúe utilizando los derechos laborales como uno de los instrumentos de su nueva política comercial.

También es probable que, detrás de ese discurso, existan objetivos económicos y geopolíticos que exceden ampliamente la preocupación por los trabajadores.

Pero precisamente por eso conviene no perder de vista el problema de fondo.

La respuesta de una democracia frente a una denuncia no debería consistir en desacreditar a quienes la presentan.

Debería consistir en establecer, con evidencia, si esa denuncia es verdadera o falsa.

Porque cuando una sociedad comienza a considerar antipatriota a quien pregunta por las condiciones en que trabajan sus propios trabajadores, el riesgo ya no consiste únicamente en perder mercados.

Consiste en empezar a confundir el interés nacional con la conveniencia de quienes concentran el poder económico.

Y esa confusión, mucho más que un arancel del 12,5%, puede terminar erosionando uno de los principales activos que Chile ha construido durante décadas: la credibilidad de sus instituciones democráticas.

Félix Montano

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