por Krisna Martínez, Periodista Derechos Humanos | Memoria, verdad y justicia

Durante diecisiete años, las familias de trece detenidos políticos de Copiapó convivieron con una versión oficial que aseguraba que sus seres queridos habían muerto tras un intento de fuga. Sin embargo, el hallazgo de una fosa clandestina, los peritajes del Instituto Médico Legal y las investigaciones judiciales terminaron por reconstruir una historia distinta. Este reportaje recorre los hechos que marcaron uno de los episodios más emblemáticos de la Caravana de la Muerte en el norte de Chile y la búsqueda de verdad que aún continúa.

Por décadas, una versión intentó imponerse sobre los hechos. Según el relato oficial, trece detenidos políticos habrían muerto tras un supuesto intento de fuga. Sin embargo, diecisiete años más tarde, una excavación en el Cementerio General de Copiapó comenzó a revelar otra historia. La fosa clandestina, descubierta en julio de 1990, permitió recuperar los cuerpos de trece de las dieciséis víctimas que dejó el paso de la Caravana de la Muerte por la Región de Atacama.

Lo que emergió desde esa tierra no fue únicamente un conjunto de osamentas, fue una evidencia que puso en cuestión una de las versiones oficiales más persistentes de la dictadura y expuso las huellas de una violencia que había permanecido oculta durante casi dos décadas.

La noche en que los llamaron por su nombre

La tarde del 16 de octubre de 1973, una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark llegó a Copiapó. Su misión formaba parte de la denominada Caravana de la Muerte, una operación que recorrió distintas ciudades del país para revisar procesos contra prisioneros políticos y que terminó con decenas de ejecuciones.

Horas más tarde, cuando el reloj apenas había sobrepasado la medianoche del 17 de octubre, un oficial ingresó a la Cárcel Pública de Copiapó y comenzó a leer una lista de nombres. Los detenidos fueron retirados de sus celdas y trasladados al Regimiento de Copiapó, donde otros cuatro prisioneros ya permanecían bajo custodia militar. En total, trece personas habían sido seleccionadas por la comitiva que esa noche llegó a la ciudad, sus nombres eran: Edwin Mancilla Hess, Atilio Ugarte Gutiérrez, Adolfo Palleras Norambuena, Raúl Leopoldo Larravide López, Manuel Cortázar Hernández, Winston Cabello Bravo, Agapito Carvajal González, Fernando Carvajal González, Jaime Sierra Castillo, Héctor Leonello Vicenti Cartagena, Raúl Guardia Olivares, Pedro Emilio Pérez Flores y Alfonso Gamboa Farías.

Los  detenidos compartían algo más que una militancia política. Entre ellos había estudiantes universitarios, profesores, comunicadores, dirigentes sociales y funcionarios públicos, personas con una activa participación en la vida pública de la región y comprometidas con distintas causas políticas y sociales. Sus trayectorias reflejan que quienes fueron retirados de sus celdas aquella madrugada no fueron elegidos al azar, sino que ocupaban espacios de liderazgo e influencia dentro de sus comunidades.

Para los hijos e hijas de las víctimas, la pérdida comenzó mucho antes de comprender lo que significaba la muerte. Cecilia Pérez, hija de Pedro Emilio Pérez Flores, tenía apenas ocho años cuando ocurrió el golpe de Estado. Recuerda que, tras la detención de sus padres, fue enviada junto a su hermano a la casa de unos familiares. La última conversación con su padre ocurrió por teléfono. "Nos dijo que nos cuidáramos y que tratáramos de salir de Chile", relata en el libro Morir es la noticia.

Al día siguiente, la prensa informó que los detenidos habían muerto durante un supuesto intento de fuga en el sector de Cuesta Cardones. Durante años, esa fue la única versión conocida. Sin embargo, las investigaciones judiciales, los informes de verdad y el hallazgo de una fosa clandestina diecisiete años después terminarían por reconstruir una historia muy distinta.

La noticia de la muerte de su padre no llegó por un familiar ni por una autoridad. "Fui al colegio y una compañera me dijo que había salido en el diario que los habían matado", recuerda. Durante un tiempo, su familia intentó protegerla asegurándole que su padre había sido trasladado a La Serena. Sin embargo, su madre conservaba el recorte de prensa y el certificado de defunción, documentos que terminaron confirmando una realidad que la familia aún no estaba preparada para enfrentar.

La versión que intentó imponerse

En los días posteriores al 17 de octubre de 1973, la prensa local publicó la versión entregada por las autoridades militares. Según estos antecedentes, los trece detenidos habían fallecido durante un intento de fuga mientras eran trasladados al sector de Cuesta Cardones. Sin cuerpos, investigaciones ni peritajes que permitieran contrastar esa información, el relato oficial se instaló como la única explicación de lo ocurrido.

Sin embargo, para las familias, las dudas aparecieron desde el primer momento. La noticia no coincidía con lo que comenzaba a comentarse entre algunos conscriptos y habitantes de la ciudad, quienes hablaban de una operación militar distinta a la difundida públicamente.

"Cuando al día siguiente salió en el diario que los habían matado por un intento de fuga, nadie lo creyó", recuerda Angélica Palleras, hermana de Adolfo Palleras Norambuena.

Mientras la versión oficial permanecía intacta, las familias iniciaron una búsqueda marcada por el silencio y la incertidumbre. Con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad y el apoyo de Monseñor Fernando Ariztía, comenzaron a recopilar antecedentes y presentar acciones judiciales que permitieran esclarecer lo ocurrido.

Durante los años de dictadura, aquellas investigaciones avanzaron lentamente. Aun así, las querellas impulsadas por los familiares y el trabajo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en conjunto con la Vicaría, personas independientes y militantes permitieron preservar antecedentes que más tarde serían fundamentales para reconstruir la historia. La verdad aún permanecía bajo tierra, pero la búsqueda ya había comenzado.

Cuando la tierra habló

Diecisiete años después de aquella madrugada, el silencio comenzó a romperse.

En marzo de 1990, tras años de insistencia de las familias y con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, se autorizó la apertura de las fosas comunes del Cementerio General de Copiapó. Meses más tarde, el 27 de julio, los trabajos de excavación permitieron descubrir una fosa clandestina donde permanecían los restos de trece de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte. Junto a las osamentas aparecieron relojes, anillos, prendas de vestir y otros objetos personales que permitieron avanzar en su identificación.

Para quienes habían esperado durante casi dos décadas, el hallazgo significó el fin de una búsqueda marcada por la incertidumbre, pero también el comienzo de otra etapa, conocer cómo habían muerto sus familiares.

“Lo que se siente es alegría de poder hallarlos, de salir de la desaparición. Es un reencuentro. Yo vi a todos mis amigos, los salude, los acaricie… A mi hermano lo besé. Lo último que hice con él cuando estaba vivo fue darle un beso. Y cuando encontré su calavera, también”, recuerda Angelica Payeras.

Los peritajes realizados por el Instituto Médico Legal y los antecedentes incorporados posteriormente a la investigación judicial revelaron un escenario incompatible con la versión difundida en 1973. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) concluyó que el estado en que fueron encontrados los restos descarta que las víctimas hubiesen muerto durante un intento de fuga. Varios presentaban lesiones atribuibles a armas cortopunzantes, fracturas y otras evidencias de violencia ejercida cuando se encontraban bajo el control de efectivos militares.

La evidencia forense transformó la investigación. Aquello que durante años había sido sostenido por los testimonios de familiares y organizaciones de derechos humanos encontró respaldo en los peritajes y abrió una nueva etapa en la búsqueda de verdad y justicia.

Las imágenes que componen este capítulo registran uno de los momentos más significativos en la búsqueda de verdad y justicia en la historia reciente de Atacama. Más que documentos visuales, son testigos de un proceso que permitió romper casi diecisiete años de silencio y devolver una identidad a quienes habían permanecido ocultos bajo tierra.

Cada fotografía retrata un instante de la exhumación realizada en el Cementerio General de Copiapó en 1990: el trabajo de los equipos forenses, el hallazgo de los restos, los objetos personales que resistieron el paso del tiempo y las emociones de las familias que, por primera vez desde 1973, pudieron acercarse a sus seres queridos. Son imágenes que reflejan el dolor, la esperanza y la persistencia de quienes nunca dejaron de buscarlos.

A través de este recorrido visual, la historia deja de ser únicamente un relato escrito. La tierra, que durante años guardó silencio, comienza finalmente a hablar.

Hallazgo de los trece ejecutados de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

Cráneos de ejecutados políticos hallados en la fosa común, destrozados a golpes por la Caravana de la Muerte.

Cortes de Arma blanca en los huesos de los ejecutados políticos

La memoria que sigue buscando respuestas

El hallazgo de la fosa clandestina marcó un antes y un después en la investigación del caso. Con el avance de las diligencias judiciales, la versión del supuesto intento de fuga comenzó a ser reemplazada por los antecedentes reunidos durante décadas de investigación. En 2017, la justicia condenó a seis ex militares por los homicidios calificados de trece prisioneros políticos y por el secuestro calificado de otras tres víctimas de la Caravana de la Muerte en Copiapó. Para las familias, sin embargo, las sentencias representaron solo una parte del camino.

Durante años, organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Atacama (AFEDRA) y, posteriormente, la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama (AFAEPDDRA), impulsaron querellas, reunieron antecedentes y mantuvieron viva la búsqueda de verdad. Gracias a ese trabajo fue posible avanzar en la identificación de las víctimas y, más recientemente, continuar las excavaciones en el Patio 16 del Cementerio General de Copiapó, donde aún se busca esclarecer el destino de las tres personas que permanecen desaparecidas.

Más de cinco décadas después, la historia de los trece ejecutados de Copiapó se sigue escribiendo. Ya no solo en expedientes judiciales o informes de derechos humanos, sino también en el relato de quienes se negaron a aceptar el silencio como respuesta. Hijos, hermanos, esposas y amigos han convertido la memoria en una forma de resistencia frente al olvido.

"Son tantos años... se nos ha ido la vida", reflexiona Angélica Palleras. "Lo que abrigo es la esperanza de que las nuevas generaciones puedan construir un país distinto, donde estas historias no vuelvan a repetirse".

Hoy, cada fotografía, cada documento y cada testimonio permite reconstruir una parte de aquella madrugada del 17 de octubre de 1973. Porque cuando la tierra devolvió los cuerpos, también devolvió una verdad que durante años permaneció enterrada. Y mientras existan familias que continúen preguntando qué ocurrió con sus seres queridos, la memoria seguirá siendo una tarea pendiente, no solo para ellas, sino para toda la sociedad.

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