Por: Néstor Aburto. Periodista. Director de Contenidos en Radio Bío Bío Santiago. (Publicado por Noelia Ortega Sanhueza)
BioBioChile. Martes 11 agosto de 2026
Ricardo Martínez afirma que durante el estallido social se negó a emplear al Ejército en funciones policiales y advierte que hoy los militares "no están preparados" para enfrentar al crimen organizado en poblaciones. El general (r) cuestionó que se busque asignarles tareas de seguridad pública sin modificar su formación, doctrina ni reglas de uso de la fuerza.
El debate impulsado por el Gobierno para crear un nuevo estado de excepción orientado a enfrentar al crimen organizado encontró una dura advertencia desde quien encabezó el Ejército durante el estallido social.
El excomandante en jefe Ricardo Martínez sostuvo que los militares no están preparados para asumir funciones de seguridad pública y reveló que, durante la crisis de 2019, rechazó la idea de convertir al Ejército en una “segunda ola de Carabineros”, pese a la presión de un cercano asesor del entonces presidente Sebastián Piñera.
En entrevista con el programa El Tema del Día de BioBioTV, Martínez recordó que, mientras ejercía el mando institucional, un asesor presidencial planteó que el Ejército debía asumir un rol más activo en apoyo a Carabineros. Su respuesta fue inmediata.
“Yo le pregunté si acaso lo que pretendía el gobierno era que el Ejército fuera una segunda ola de Carabineros… y le dije que el Ejército, en esa tarea que yo mandaba como comandante en jefe, no estaba disponible”.
El exjefe castrense explicó que esa decisión obedecía a una diferencia estructural entre la formación militar y la policial.
“Hay una cultura policial que es distinta a la cultura militar. La formación de un policía y la formación de un militar no se da de un día para el otro”.
“No están preparados”
Martínez fue aún más categórico al referirse a la propuesta del actual Ejecutivo de utilizar militares en estados de excepción focalizados para enfrentar organizaciones criminales.
Consultado sobre si los soldados están preparados para intervenir en barrios donde operan bandas de narcotráfico, respondió sin matices: “La respuesta rotunda es no, no están preparados”.
Según explicó, el entrenamiento militar está diseñado para enfrentar a un enemigo en un escenario de guerra y no para operar en sectores poblados donde conviven delincuentes con civiles inocentes.
Advirtió que el armamento de guerra utilizado por el Ejército supone riesgos completamente distintos a los que enfrenta un policía.
“Si ese impacto no le pega al delincuente, le va a pegar a una señora o a un niño o a una persona que no tiene absolutamente nada que ver”.
Reglas claras y responsabilidad política
Martínez sostuvo que, si el Estado decide emplear a las Fuerzas Armadas en protección de infraestructura crítica u otras tareas excepcionales, debe establecer con absoluta precisión las reglas de uso de la fuerza.
A su juicio, la responsabilidad política no puede recaer posteriormente sobre el soldado que actúe conforme a esas instrucciones.
“El que tiene que responder no es el soldado; el que tiene que responder es quien autorizó las reglas de uso de la fuerza”.
“Desnaturaliza la función militar”
El excomandante también cuestionó que se pretenda modificar la misión institucional del Ejército para convertirlo en un actor permanente de seguridad interior.
Afirmó que ese tipo de tareas altera la esencia de las Fuerzas Armadas. “Una tarea de ese estilo desnaturaliza la función militar. La función militar es una: la defensa de la soberanía nacional”.
Además, advirtió que existe una limitación práctica: el Ejército dispone hoy de una fuerza operativa considerablemente menor que hace quince años y sus unidades no pueden quedar sin personal porque deben resguardar armamento, instalaciones y documentación sensible.
Con estas declaraciones, Martínez instala uno de los cuestionamientos más relevantes al debate abierto por el Gobierno: que antes de ampliar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas resulta indispensable definir con precisión sus misiones, revisar su doctrina, establecer reglas de uso de la fuerza y asumir políticamente las consecuencias de emplear tropas entrenadas para la guerra en escenarios propios de la seguridad pública.
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