Diario UCHILE. 11-08-2026

El constitucionalista se refirió también a los requerimientos que serán revisados esta semana en el TC. Junto con la indemnización por revocación de una RCA, comentó las posibilidades de que la invariabilidad tributaria sea declarada inconstitucional.

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Javier Couso, afirmó que el próximo fallo del Tribunal Constitucional, en que se pronunciará sobre los requerimientos de la oposición a la megarreforma del Gobierno, será muy importante para los próximos tres años y medio de administración.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto constitucional abordó los dos aspectos que fueron impugnados por los parlamentarios del progresismo: la indemnización a inversionistas en caso de que se les revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la invariabilidad tributaria.

Consultado sobre la postura de los defensores de la invariabilidad, quienes recalcan que ya ha regido en Chile, Couso señaló que “el hecho de que algo no haya sido objetado, porque no ha existido la oportunidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, no significa que sea legítimo”.

El abogado ejemplificó con el caso de la figura de los hijos ilegítimos, que pese a estar vigente por muchos años en nuestro país, era inconstitucional, pues violaba la garantía que prohibe la discriminación arbitraria.

“Puesto en otras palabras, el Decreto de Ley 600, que contemplaba invariabilidad, no fue objeto de análisis por el Tribunal Constitucional y esta va a ser la primera vez que se evalúa la invariabilidad”, indicó.

Respecto a las normas ambientales, que también son parte de los requerimientos de la oposición, el académico recalcó que la compensación por la revocación de una RCA, “no es algo habitual en el derecho ni chileno ni comparado”.

“Pensemos que en Chile la indemnización por error judicial de alguien que estuvo privado de libertad tiene que probarse. No es a todo evento, es extremadamente rara”, dijo.

El experto constitucionalista además agregó que existe el peligro de que la compensación “inhiba la labor jurisdiccional, ante el temor de que la responsabilidad del Estado sea muy elevada”.

“En otras palabras, que un tribunal, enfrentado a un acto administrativo, que considera ilegal, se inhiba de declararlo ilegal, a la vista de una multimillonaria compensación”, explicó.

Reforma constitucional en seguridad

Couso además fue consultado sobre el proyecto de reforma constitucional que es parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El abogado expresó dudas sobre el nuevo estado de excepción constitucional propuesta por el Gobierno, entre otras cosas, porque permite la interceptación de comunicaciones.

El académico argumentó que “ni siquiera el estado de sitio, que es el más grave estado de excepción en tiempos de paz, autoriza la interceptación de las comunicaciones privadas”.

A lo anterior, Couso sumó que “el poder que se le entrega a la autoridad política, sin control judicial o del Congreso, de poder espiar a grupos de narcotraficantes suena muy bien, pero si no está bajo el control de la judicatura, podría abusarse de esa facultad para espiar a la oposición, a periodistas, a abogados de derechos humanos, etcétera”.

A juicio del abogado, “no está muy claro que sea necesario crear un nuevo estado de excepción y más bien, sería quizás más expedito reformar la ley orgánica constitucional que regula los estados de excepción”.

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