Martín Arrau, ministro de Seguridad
Por: Simon Del Valle. 12 agosto, 2026
La ACOT de José Antonio Kast vuelve a abrir una fractura que atravesó al gobierno de Gabriel Boric durante la aprobación de la Ley Naín-Retamal. Mientras Republicanos intenta separar al PS y al PPD del Frente Amplio y el PC, Simón del Valle plantea una tercera posición: una seguridad democrática capaz de combatir eficazmente el crimen sin debilitar las garantías ciudadanas.
La principal dificultad de la oposición frente a la ofensiva de seguridad de José Antonio Kast no comenzó con Kast.
Cuando el Gobierno exige acelerar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y Republicanos intenta separar al Frente Amplio y al Partido Comunista del llamado Socialismo Democrático, encuentra una fractura que viene de antes. Fue visible durante el gobierno de Gabriel Boric, atravesó a sus dos coaliciones y tuvo uno de sus momentos decisivos en 2023, cuando La Moneda promulgó la Ley Naín-Retamal.
Tres años después, esa decisión vuelve sobre la oposición convertida en un dilema.
El Partido Socialista y el PPD no pueden comportarse como si el fortalecimiento de las facultades y protecciones jurídicas de las policías hubiera comenzado con Kast. El Frente Amplio y el Partido Comunista pueden recordar que cuestionaron aspectos fundamentales de aquella legislación, pero tampoco pueden limitar su respuesta a la defensa de las garantías frente a una ciudadanía que reclama seguridad.
Kast no creó esa contradicción.
La encontró. Y ahora intenta gobernar sobre ella.
Una fractura que viene del gobierno de Boric
La Ley Naín-Retamal fue promulgada por Gabriel Boric el 6 de abril de 2023, en medio de una profunda crisis política provocada por el asesinato de funcionarios policiales y una creciente preocupación ciudadana por la delincuencia. La legislación reforzó la protección penal de policías, gendarmes y funcionarios de las Fuerzas Armadas y estableció la denominada legítima defensa privilegiada en determinadas circunstancias.
Carolina Tohá, entonces ministra del Interior, tuvo un papel central en aquella discusión. Defendió la necesidad de entregar mayor protección a las policías, aunque intentó simultáneamente marcar una frontera: fortalecerlas, sostuvo entonces, no debía significar abrir paso al “gatillo fácil”.
Esa búsqueda de equilibrio terminó dividiendo al oficialismo.
Sectores del Socialismo Democrático respaldaron el proyecto mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista cuestionaron particularmente la formulación de la legítima defensa privilegiada. La tensión no desapareció con la promulgación de la ley y volvió a manifestarse incluso este año, después de la absolución de Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica.
La actual oposición arrastra, por tanto, una discusión que nunca resolvió mientras fue gobierno.
Naín-Retamal 2.0 vuelve a abrir la herida
La votación de este martes en la Cámara demuestra hasta qué punto esa división sigue presente.
La denominada Naín-Retamal 2.0, que amplía la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas que intervienen en determinadas circunstancias estando de franco, fue despachada al Senado por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones.
La mayoría excede ampliamente las fronteras del actual oficialismo.
Eso es políticamente importante.
La ACOT puede estar convirtiéndose en el espacio donde Kast consiga algo que le resulta mucho más difícil en otras áreas de gobierno: construir mayorías que atraviesen la frontera entre oficialismo y oposición.
Y Republicanos ha entendido rápidamente dónde se encuentra la oportunidad.
Agustín Romero no se limitó a acusar al FA y al PC de estar “del lado de los delincuentes” y “del lado de los terroristas”. Hizo una distinción mucho más significativa: dijo no esperar nada de esos partidos, mientras manifestó su expectativa de que el Socialismo Democrático acompañe las iniciativas de seguridad.
La provocación contiene una estrategia.
El objetivo no es convencer al PC. Es separar al PS y al PPD de él.
La pregunta incómoda para el PS y el PPD
Republicanos puede formularles una pregunta difícil:
Si aprobaron Naín-Retamal en 2023, ¿por qué rechazar Naín-Retamal 2.0 en 2026?
La pregunta es políticamente eficaz porque obliga al Socialismo Democrático a discutir también contra su propio pasado.
Si PS y PPD rechazan sistemáticamente las propuestas de Kast, el Gobierno podrá acusarlos de haber cambiado de posición simplemente porque dejaron La Moneda.
Pero si las respaldan para demostrar coherencia en seguridad, corren otro riesgo: terminar acompañando una arquitectura punitiva considerablemente más amplia que aquella que contribuyeron a construir durante el gobierno de Boric.
Ese es el lugar exacto donde entra la cuña.
El problema para el Socialismo Democrático ya no consiste solamente en decidir si apoya o rechaza a Kast.
Consiste en determinar hasta dónde está dispuesto a continuar el camino que él mismo ayudó a abrir.
Porque la ACOT no es Naín-Retamal
Hay, sin embargo, una diferencia que no puede desaparecer bajo la simplificación política.
La ACOT no consiste simplemente en profundizar Naín-Retamal.
El Gobierno ha reunido más de treinta iniciativas que abarcan ámbitos muy diferentes del poder estatal: persecución del crimen organizado, inteligencia, régimen penitenciario, control fronterizo, flagrancia, expulsiones, protección jurídica de funcionarios, decomisos y reformas constitucionales. Presidencia ha planteado que el grueso de esa agenda sea despachado antes de Navidad.
Y, como hemos visto al conocerse los detalles de la reforma constitucional de seguridad, el proyecto comienza a extender sus efectos fuera del derecho penal tradicional.
La posibilidad de restringir prestaciones estatales en educación, salud, trabajo o seguridad social para determinadas personas condenadas es un ejemplo particularmente significativo.
Por tanto, existe continuidad con el endurecimiento iniciado anteriormente, pero también existe un cambio de escala.
Haber respaldado una ampliación específica de las facultades policiales en 2023 no obliga política ni jurídicamente a respaldar cualquier ampliación posterior del poder punitivo del Estado.
Esa distinción será crucial para el Socialismo Democrático si pretende escapar de la trampa republicana.
FA y PC tienen otro problema
El Frente Amplio y el Partido Comunista pueden exhibir mayor continuidad respecto de Naín-Retamal.
Pero coherencia no significa necesariamente tener una respuesta política suficiente.
La delincuencia existe.
El narcotráfico existe.
Las organizaciones criminales disputan territorios, reclutan jóvenes, extorsionan y matan.
Y son precisamente los sectores populares los que tienen menos posibilidades de escapar de esas realidades.
Una política de seguridad no puede consistir solamente en enumerar las facultades que el Estado no debería tener.
También debe responder qué facultades necesita.
Cómo perseguir el dinero del narcotráfico.
Cómo recuperar territorios.
Cómo mejorar las investigaciones.
Cómo impedir que niños sean captados por organizaciones criminales.
Cómo proteger efectivamente a las víctimas.
Cómo reducir homicidios y reincidencia.
Ese es probablemente uno de los problemas que Kast explota con mayor eficacia: la derecha ofrece una respuesta fácilmente comprensible frente al miedo, mientras una parte de la izquierda todavía aparece explicando principalmente los límites de esa respuesta.
La inseguridad también tiene clase
Aquí la discusión cambia.
Durante demasiado tiempo seguridad y garantías han sido presentadas como demandas pertenecientes a ciudadanos diferentes.
No es así.
Una familia de altos ingresos puede comprar una parte importante de su seguridad.
Puede vivir en un condominio protegido, contratar alarmas y guardias, utilizar transporte privado y abandonar un barrio que considera peligroso.
Los sectores populares tienen muchas menos alternativas.
Cuando el narcotráfico se instala en una población, no pueden simplemente trasladarse a otro lugar. Cuando una banda controla una esquina, cuando existen balaceras o cuando adolescentes son reclutados por organizaciones criminales, dependen fundamentalmente de la capacidad del Estado para intervenir.
En ese sentido, la seguridad pública también tiene una dimensión redistributiva.
Quien no puede comprar protección privada depende de que el Estado sea capaz de proporcionársela.
Pero aquí aparece la otra mitad de la historia.
Esas mismas personas están más expuestas al control policial, a detenciones, registros, vigilancia y procedimientos estatales. Y quien tiene pocos recursos dispone también de menos posibilidades de contratar abogados y defenderse frente a un eventual abuso.
Por eso las garantías tampoco son un lujo de las élites ilustradas.
También tienen clase.
La misma madre, el mismo hijo
Pensemos en una población controlada parcialmente por el narcotráfico.
Una madre puede necesitar que Carabineros entre a su barrio, detenga a quienes disparan, desarticule la banda que vende droga y permita que sus hijos vuelvan a ocupar el espacio público.
Necesita un Estado fuerte.
Pero esa misma madre necesita que su hijo, cuando vuelve de estudiar o trabajar, no sea detenido arbitrariamente porque alguien considere que corresponde al perfil de un sospechoso.
Necesita un Estado controlado.
No son dos demandas contradictorias.
No son siquiera demandas de dos ciudadanos distintos.
Es la misma madre. Es el mismo hijo. Es la misma familia.
Pedirles que elijan entre seguridad y derechos significa ofrecerles solamente la mitad de la ciudadanía.
Un Estado pequeño y otro Estado muy grande
Esta contradicción permite observar la ACOT dentro del proyecto político más amplio del Gobierno.
En materia económica, Kast ha impulsado una reducción de impuestos empresariales, desregulación y una disminución de determinadas dimensiones redistributivas del Estado.
En seguridad ocurre lo contrario.
Más capacidades policiales.
Más inteligencia.
Más vigilancia.
Más posibilidades de detener.
Más herramientas penitenciarias.
Más capacidad sancionatoria.
Y ahora incluso la posibilidad de utilizar determinadas prestaciones sociales como consecuencia adicional de una condena.
Empieza así a dibujarse una característica ideológica que merece atención:
un Estado que busca ser más pequeño cuando redistribuye y considerablemente más poderoso cuando vigila y castiga.
Y nuevamente sus consecuencias no se distribuyen de manera uniforme.
Quien depende menos de los servicios públicos experimentará menos el retroceso del Estado social.
Quien tiene menos contacto cotidiano con policías, cárceles, controles territoriales o subsidios experimentará menos la expansión del Estado punitivo.
En ambos extremos, la posición social importa.
La oposición no puede competir por quién castiga más
Aquí aparece probablemente el mayor error que podría cometer el Socialismo Democrático.
Intentar demostrar que también es duro frente al delito.
Porque una competencia basada exclusivamente en la severidad siempre puede desplazarse un paso más.
Más años de cárcel.
Más facultades policiales.
Más restricciones.
Más registros.
Más expulsiones.
Más beneficios eliminados.
Republicanos siempre podrá ofrecer algo adicional.
Y además existe un problema de fondo: la severidad de una política no demuestra su eficacia.
Quitar gratuidad universitaria a un condenado puede producir satisfacción punitiva, pero hay que demostrar que reduce el delito.
Aumentar una pena puede resultar popular, pero hay que demostrar que disminuye la reincidencia.
Ampliar una facultad policial puede ser necesaria, pero hay que evaluar si produce mejores investigaciones y condenas.
La pregunta de una política pública seria no debería ser cuánto castiga.
Debería ser cuánto protege.
Una tercera posición
La oposición necesita entonces algo bastante más complejo que una estrategia para mantenerse unida frente a Kast.
Necesita una política de seguridad propia.
Una tercera posición que no sea un compromiso tibio entre mano dura y garantismo, sino una concepción diferente de la seguridad.
Podríamos llamarla seguridad democrática.
Un Estado suficientemente fuerte para perseguir organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar territorios y proteger a las víctimas.
Un Estado capaz también de actuar antes del delito: recuperar escuelas y barrios, impedir el reclutamiento de niños, intervenir sobre adicciones, reconstruir espacios públicos y desarrollar políticas de reinserción.
Y simultáneamente un Estado sometido a control judicial, debido proceso, proporcionalidad y responsabilidad cuando utiliza ilegítimamente la fuerza.
En cuatro principios:
persecución eficaz del crimen, prevención social, protección de las víctimas y garantías frente al poder estatal.
No hay una contradicción necesaria entre ellos.
La pregunta que Kast necesita que la oposición responda
La estrategia republicana intenta ordenar el debate alrededor de una disyuntiva muy sencilla:
¿Está usted con las víctimas o con los delincuentes?
Mientras la oposición acepte esa pregunta, Kast jugará con ventaja.
Porque el Frente Amplio y el PC tendrán que demostrar permanentemente que defender garantías no significa defender criminales, mientras PS y PPD tendrán que demostrar que siguen comprometidos con la seguridad que promovieron cuando gobernaban.
La salida requiere cambiar la pregunta.
No quién es más duro.
No quién entrega más facultades.
No quién propone la pena más alta.
Sino:
¿qué poderes necesita el Estado para proteger eficazmente a la ciudadanía y qué controles necesita esa misma ciudadanía para protegerse del abuso de esos poderes?
El Socialismo Democrático no resolverá su contradicción votando automáticamente con Kast para demostrar que sigue comprometido con la seguridad.
El Frente Amplio y el Partido Comunista tampoco la resolverán recordando simplemente que advirtieron sobre Naín-Retamal.
Ambos necesitan responder una pregunta que el gobierno de Boric dejó incompleta y que Kast ahora formula en sus propios términos:
qué significa una política progresista de seguridad.
La respuesta probablemente comience por abandonar una falsa elección.
El ciudadano que necesita protección frente al narcotraficante y el ciudadano que necesita protección frente a una actuación arbitraria del Estado son exactamente la misma persona.
Para los sectores populares, seguridad, derechos y garantías no son alternativas.
Son distintas expresiones de una misma exigencia democrática:
un Estado suficientemente fuerte para protegerlos del crimen y suficientemente limitado para no convertirse él mismo en una amenaza.
Eso podría llamarse seguridad democrática.
Y quizás sea precisamente la tercera posición que la oposición todavía no ha conseguido construir.
Simón del Valle
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