Crónica Digital. 13 agosto, 2026

Cuatro organismos de derechos humanos de Estados Unidos demandaron a Donald Trump y a altos funcionarios de su Administración por la imposición de sanciones de 20 años de prisión y multas de hasta 1 millón de dólares a personas que colaboren con la Corte Penal Internacional (CPI) en el procesamiento de autoridades israelíes por crímenes en Gaza.

La acción fue interpuesta el pasado 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por American Friends Service Committee (AFSC), el Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch (HRW) y el Open Society Institute, que exigen se declare ilegal el régimen de sanciones y anular toda pena civil o penal.

Además de Trump, la demanda apunta en contra del Secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el fiscal general Todd Blanche y Bradley Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Las restricciones impuestas por la Administración Trump paralizaron las labores jurídicas y humanitarias de los organismos, impidiendo la representación de víctimas ante el tribunal, gestiones legales y la colaboración con colectivos palestinos para documentar violaciones a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las organizaciones calificaron el marco punitivo como “descaradamente ilegal”.

La Orden Ejecutiva firmada por Trump el 6 de febrero de 2025 faculta la inclusión de jueces, fiscales y colaboradores de la CPI en listas de sanciones, bajo el “argumento” de que cualquiera investigación sobre ciudadanos de Estados Unidos o de países aliados es una “emergencia nacional”.

Las medidas implican la congelación de activos, la desconexión del sistema bancario y los servicios digitales internacionales, además de la prohibición de ingreso a territorio de los Estados Unidos.

La demanda sostiene que el Ejecutivo excedió su autoridad conferida por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y que las sanciones vulneran garantías constitucionales sobre la libertad de expresión, asociación y religión, además de recurrir a prohibiciones penales vagas.

“Se trata de un abuso de poder ilegal que constituye un ataque frontal contra el estado de derecho, la independencia de los jueces, fiscales y abogados, los preceptos básicos que sustentan el orden jurídico internacional y el principio de acceso a la justicia”, sostiene la demanda.

El escrito indica que las sanciones de la Administración Trump afectan la “capacidad de llevar a la justicia a los perpetradores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, delitos que aborda la CPI.

Entre las personas y entidades sancionadas figuran ocho jueces de la CPI, el exfiscal Karim Khan, sus dos fiscales adjuntos, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese y las organizaciones palestinas de derechos humanos Al–Haq, el Centro Al Mezan de Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos.

Naciones Unidas y la Unión Europea ya habían instado a Trump a revertir medidas punitivas contra miembros de la CPI.

Washington, que acusa a la CPI de representar “una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos”, anunció el mes pasado que intensificará su campaña contra la CPI más allá de las sanciones existentes.

Las medidas estadounidenses se intensificaron luego de la emisión de órdenes de arresto dictadas por la CPI en noviembre de 2024 en contra del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Guerra Yoav Gallant por su responsabilidad en el genocidio cometido contra los palestinos en Gaza.

Israel y Estados Unidos no forman parte del Estatuto de Roma, pero Palestina accedió al tratado en 2015. La jurisdicción del tribunal se extiende al territorio de cualquier Estado miembro independientemente del origen del acusado, abarcando crímenes cometidos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental ocupada.

La acción responde a una estrategia de la Administración Trump para desarticular la CPI a través presiones a naciones que albergan tropas o dependen de garantías de seguridad de Estados Unidos. El Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó su objetivo de aislar y desmantelar la institución internacional de 125 miembros “ladrillo a ladrillo.”

La demanda del pasado 11 de agosto se suma a la presentada por tres juezas de la CPI contra el Gobierno de Trump luego de sufrir bloqueos bancarios y comerciales calificados como una “pena de muerte financiera”.

Washington, 13 de agosto de 2026.

Crónica Digital.

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