Por: Marco Enrique Hernández Mariángel. Abogado.

Crónica Digital. 14 agosto, 2026

Existe una paradoja desgarradora en la retórica de la ultraderecha contemporánea: exigir a las familias trabajadoras que sacrifiquen su bienestar en nombre de una presunta prosperidad que solo llega a los balances del capital financiero. Cuando figuras ligadas al entorno político de la derecha conservadora en Chile, como el exalcalde Rodolfo Carter o el diputado Álvaro Carter, abrieron paso a la premisa de que tendríamos que resignarnos a ser “más pobres pero más felices”, no cometieron un desliz comunicacional. Revelaron la matriz misma de su ideología: normalizar el despojo de derechos como acto de resignación moral.

El rótulo de “la derecha empobrecedora” no es adjetivación antojadiza; es una constatación empírica demostrada a escala global. Ningún proyecto de ultraderecha ni de neoliberalismo radical ha entregado bienestar integral a sus ciudadanas y ciudadanos. Al contrario: donde la ultraderecha gobierna, el Estado se retira de la protección social para convertirse en un mero gendarme de los intereses del 1% más rico.

La evidencia empírica: transferencia de riqueza y miseria social

La historia reciente de América Latina ofrece datos contundentes que derrumban el mito de la eficiencia conservadora.

En primer lugar, el colapso social en Argentina bajo la doctrina de ajuste severo del régimen de Javier Milei. La pobreza escaló bruscamente a picos superiores al 52% en los primeros trimestres de shock. El recorte de jubilaciones, la eliminación de la obra pública y la desregulación de precios básicos hundieron la actividad económica interna, demostrando que la receta de ahogar el consumo masivo termina destruyendo la propia base productiva del país.

En segundo lugar, la brecha en Brasil entre la administración de Jair Bolsonaro y el retorno del progresismo. Durante el mandato de Bolsonaro, la población en situación de pobreza aumentó de forma sistemática superando el 29%, de la mano del desmantelamiento de los programas de transferencia directa y la precarización laboral. Bastó el retorno de una administración progresista bajo el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que, con la restitución de redes públicas de apoyo como el renovado Bolsa Família, más de 8,7 millones de personas salieran de la pobreza en un solo año, reduciendo el indicador al 27,4% según datos oficiales del IBGE y la CEPAL.

Esta comparación evidencia una constante histórica: la derecha no crea riqueza para la sociedad; concentra los ingresos existentes.

La megarreforma encubierta: el fetiche tributario de las élites

En el plano nacional, la insistencia de la administración de José Antonio Kast en impulsar y aprobar sin un consenso amplio una megarreforma tributaria encubierta no buscó más que profundizar este modelo de segregación. Al desgravársele los impuestos a las ganancias corporativas y a las altísimas rentas bajo la promesa de la inversión, la caja fiscal se vacía. El déficit no se cubre con eficiencia administrativa, sino mediante la cancelación sistemática de programas sociales orientados al cuidado, la vivienda y la salud pública.

Se trata de un neoliberalismo obtuso, conducido por sectores caracterizados por una profunda desconexión clasista de la cotidianeidad trabajadora. Resulta insostenible afirmar que el recorte presupuestario libera al ciudadano, cuando lo único que logra es obligarlo a endeudarse con la banca privada para pagar derechos básicos. Ni siquiera las encuestadoras históricamente asociadas al establishment pueden ocultar la tendencia: la sociedad rechaza la restauración de recetas añejas que confunden desarrollo con acumulación corporativa.

Gramsci y la verdadera disputa por la hegemonía

Para ocultar este despojo económico, la ultraderecha ha pretendido secuestrar una bandera del pensamiento crítico: la batalla cultural. La utilizan como una cortina de humo mediática para imponer agendas autoritarias y morales que fragmentan a las familias mientras que se aprueban las exenciones fiscales para los grupos económicos.

Es imperativo rescatar la noción clásica de Antonio Gramsci. La hegemonía cultural que planteó jamás consistió en una disputa de slogans o la descalificación del adversario: fue concebida como la construcción de un sentido común colectivo capaz de emancipar a las clases subalternas. La verdadera batalla cultural le pertenece históricamente a las y los trabajadores, no a los directorios de las grandes empresas. Reclamar esta trinchera exige demostrar que la educación, el salario digno, la salud y la seguridad social no son mercancías transables, sino los cimientos de una República Democrática.

La responsabilidad histórica de no ceder el destino al capital

Las presentes generaciones no pueden abandonar los destinos de nuestra patria a la dictadura del capital. Romper la paz social para resguardar los márgenes de rentabilidad del 1% es una enorme irresponsabilidad política que expone al país a escenarios de fractura impredecibles. La paz social no es la ausencia de conflicto por sometimiento; es el resultado de la justicia distributiva y del respeto irrestricto a la dignidad del trabajo.

Chile requiere una oposición infalible en la verdad, con argumentos sólidos y con datos inapelables. Ante proyectos que insisten en empobrecer a las mayorías para favorecer a los de siempre, la respuesta debe ser la articulación consciente, democrática y firme de todas las fuerzas que entienden que el futuro de una nación se mide por el bienestar de su pueblo, nunca por la codicia de sus élites.

Marco Enrique Hernández Mariángel.

Crónica Digital.

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