“El Siglo”. Santiago. 14/08/2026.

“No sería aceptable que el objetivo preconcebido de esta mesa sea debilitar y precarizar la función pública”, dijo el diputado Luis Cuello. «Siempre estamos disponibles a mejorar nuestro estatuto y modernizar el Estado, pero esto tiene que realizarse con las organizaciones sindicales», indicó José Pérez Debelli, presidente de la ANEF.

Una nueva polémica para el gobierno de José Antonio Kast se generó con el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la creación de una comisión técnica para revisar el Estatuto Administrativo, el cuerpo normativo que data de 1989 y que rige a las y los trabajadores del Estado respecto a escala de salarios, cese de funciones, evaluación de desempeño, carrera funcionaria y todo lo que respecta a la función pública.

El ministro de Estado apuntó que dicha instancia estaría compuesta por un economista independiente y contará con técnicos de distintos sectores, quienes tendrán dos meses para hacer la revisión y entregar las conclusiones y propuestas en diciembre, las cuales deberían estar en la línea de la modernización. “El estatuto administrativo tiene larga data, ha cambiado el mundo, han cambiado las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno”, señaló Quiroz.

Sin embargo, desde el mundo del trabajo se encendieron las alertas, ya que no se mencionó la participación del mundo sindical en ese espacio. “No basta solamente un equipo de técnicos, eruditos, que uno los puede respetar, pero es importante la voz de quienes ejecutamos la función pública que sigue siendo estratégico para la ciudadanía”, aseguró el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, quien además recordó al Ejecutivo que existe una mesa vigente entre el gobierno y la organización.

“La ANEF, tuvo un diálogo en La Moneda con el Presidente José Antonio Kast el 20 de mayo, estableciendo una línea de trabajo formal que se reconoció como mesa sectorial ANEF y gobierno. El propio Presidente de la República nombró al ministro del Trabajo y Previsión Social, al director del Servicio Civil y al subdirector de Racionalización y Función Pública para establecer un diálogo social permanente. Entonces, en esa contradicción, es bueno saber que el jefe superior del ministro de Hacienda estableció un diálogo con esta confederación”, sostuvo Pérez.

Y replicó que “queremos que se respete ese diálogo permanente con los gobiernos de turno, en particular con este Gobierno que ya tenemos una mesa de trabajo formal e institucional en áreas tan sensibles como es modernizar nuestro estatuto público. Esperamos que el ministro le pregunte a su jefe, al propio Presidente de la República, cuál fue el acuerdo con esta confederación sindical”.

En tanto, el diputado del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Luis Cuello, recalcó: “que el ministro Quiroz plantee la creación de una mesa distinta a la ya instalada entre el Ejecutivo y la ANEF demuestra una vez más la desprolijidad del gobierno. En seguida, cualquier instancia de diálogo debe incorporar necesariamente a los trabajadores públicos”.

En esa misma línea, el presidente de la Confederación Fenats Nacional, Emerson Berríos, destacó que “las y los trabajadores públicos no pueden ser simples espectadores de una reforma que afectará directamente sus derechos y el funcionamiento del Estado. Nuestras bases estarán alertas y organizadas para defender la estabilidad laboral, la carrera funcionaria y la salud pública”.

Asimismo, la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Educación (Andime), mediante una declaración pública, subrayó que “rechazamos cualquier intento de modificar las normas que regulan el empleo público, la carrera funcionaria y los derechos de las y los trabajadores del Estado, sin la participación efectiva de sus organizaciones sindicales”.

¿Jibarización del rol del Estado?

Otras de las preocupaciones que asoman tienen que ver con las flexibilizaciones que según indican desde La Moneda tienen que ver con los nuevos tiempos, pero también directamente con el ordenamiento de cuentas. «Estamos empeñados en lograr la consolidación fiscal. O sea, lograr equilibrar las cuentas no solo en el corto plazo, sino que a largo plazo de modo estructural”, apuntó el ministro de Hacienda.

Escenario que ven desde las agrupaciones del sector público como una oportunidad de facilitar los despidos.

“Nos preocupa que esta revisión se plantee desde Hacienda, se relacione directamente con el ajuste fiscal y sea encabezada por un economista. El empleo público no puede ser tratado simplemente como un costo que debe reducirse ni convertirse en la variable de ajuste de las cuentas fiscales”, afirmó el presidente de Fenats Nacional, además, el representante de los trabajadores de la salud pública, añadió que “no aceptaremos que se utilice la modernización para facilitar despidos, reducir personal, precarizar los contratos o debilitar la carrera funcionaria. Un Estado más eficiente no es un Estado más pequeño ni con menos derechos”.

En esa misma línea, los funcionarios del Ministerio de Educación, apuntaron que “el Estatuto Administrativo no puede ser tratado como un mero instrumento de gestión fiscal ni sometido exclusivamente a la mirada de expertos designados por la autoridad. Como Andime conocemos directamente las consecuencias que tiene para la ciudadanía el debilitamiento de las capacidades públicas, por ello rechazamos la concepción de modernización que pueda convertirse en reducción del Estado, precarización laboral, pérdida de derechos o debilitamiento de la carrera funcionaria”.

Mientras que el diputado Cuello aseveró que “no sería aceptable que el objetivo preconcebido de esta mesa sea debilitar y precarizar la función pública”.

Los puntos a revisar por los expertos serían: la dualidad entre planta y contrata, terminando ese camino para establecer un régimen único de contratación. Un nuevo mecanismo para la evaluación de desempeño. Procesos más flexibles para contratar y desvincular a los funcionarios. Y una nueva concepción de carrera de funcionaria.

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