Historia de: Antonia Laborde
El País. 18 de agosto 2026
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, ha asegurado este lunes que, si estuviese preso, preferiría cumplir condena en una cárcel del régimen de Nayib Bukele en El Salvador antes que en un recinto penitenciario chileno. El secretario de Estado, a diferencia del presidente José Antonio Kast, no ha visitado el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un cuestionado recinto donde, según el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), se han registrado casos de golpizas, descargas eléctricas, desnudez forzada, privación de alimentos, falta de atención médica y falta de ventilación. El ministro Arrau, que dijo que no tiene entre sus planes inmediatos visitar El Salvador, el país donde se inspira en parte la agenda de seguridad del Gobierno, se refirió a ello en el programa Tolerancia 0 de CNN Chile. Militante republicano, el partido del presidente, aseguró que, tras visitar un decena de cárceles chilenas, puede dar cuenta del hacinamiento severo, con celdas diseñadas para dos personas que hoy albergan a seis o siete y que hay reclusos que duermen en rucos por falta la de espacio en un sistema con una sobrepoblación de un 150%.
“Es desgarrador el abandono del Estado en las cárceles, el abandono del Estado en Gendarmería”, planteó Arrau, quien lidera la cartera de Seguridad desde hace tres meses en el Gobierno de José Antonio Kast, tras la salida de Trinidad Steinert. Aunque el ministro matizó que no defiende “la política del presidente Bukele y sus cárceles”, sí apuntó que si fuera preso, “preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá”. Según las cifras entregadas por Arrau, Chile tiene 65.190 personas privadas de libertad en régimen cerrado, en un sistema con capacidad para poco más de 40.000 y con una población penal que aumenta a un ritmo de unas 100 personas por semana. Kast prometió en campaña, dentro del Plan Cancerbero, la creación de 100.000 cupos carcelarios en los cuatro años de mandato, sin embargo, este lunes Arrau habló de 20.000. “Con eso ya estamos cortos”, reconoció.
La construcción de la cárcel de El Arenal, en Copiapó, debería iniciarse hacia fines de este año o comienzos del próximo, mientras que la de Calama recién está en proceso de licitación. Frente a esta tardanza, el Gobierno evalúa levantar recintos transitorios o “de emergencia” para descomprimir el sistema mientras se construye la infraestructura definitiva.
El interés del Gobierno por el modelo salvadoreño no es nuevo. A finales de enero, semanas antes de asumir la presidencia, Kast viajó al Cecot —la megacárcel construida por Bukele con capacidad para 40.000 internos— acompañado por quien sería su primera ministra de Seguridad, Steinert. Tras el recorrido, Kast escribió en sus redes sociales que “El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro” y sostuvo que “las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen”.
El ministro Arrau también defendió este lunes que es “relevante” analizar la experiencia salvadoreña, un país que pasó de una tasa de homicidios de 100 por cada 100.000 habitantes a la más baja de la región. La estética del bukelismo se vio la semana pasada en Chile en un operativo bautizado Operación Cancerbero, donde se trasladó a cerca de 700 reclusos de alta peligrosidad —entre ellos nueve líderes de organizaciones criminales— hasta el penal La Laguna, en Talca, bajo un régimen de segregación y vigilancia estricta. Kast encabezó el despliegue junto a Arrau y otros ministros, y varios parlamentarios señalaron que la escena de los reclusos ordenados en filas, con uniformes eran muy similares a las imágenes que difunde El Salvador.
Arrau está liderando ante el Congreso la reforma constitucional en seguridad que el Gobierno ingresó este lunes al Senado, un paquete de ocho modificaciones a la Constitución que corre en paralelo a los 30 proyectos de ley de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Entre las propuestas figura un nuevo estado de excepción constitucional, más restrictivo que las cuatro figuras vigentes, que el presidente podría declarar “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”, por un máximo de 120 días prorrogables una vez sin necesidad de acuerdo del Congreso. Bajo ese régimen, el mandatario podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y de asociación, e interceptar comunicaciones.
Arrau defendió en CNN Chile que la polémica iniciativa está pensada para “intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas” en zonas “donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración”.
El paquete también contempla la creación de un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo —inspirado, según Arrau, en experiencias de “Italia o Estados Unidos”— que permitiría a la Fiscalía perseguir la sola pertenencia a esas estructuras sin tener que acreditar cada vez su existencia. Una propuesta más polémica, la de retirar prestaciones sociales, incluidas las de salud, a condenados por crimen organizado y terrorismo, se mantuvo en el proyecto, pero quedó sujeta a un quorum calificado. Según la encuesta Criteria difundida este fin de semana, las medidas de la ACOT cuentan con un respaldo ciudadano de entre 75% y 94%.
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.