El Siglo. Agosto 23, 2026
El también teólogo afirma que “inundar la agenda es una técnica de volumen. Encuadrarla es más ambicioso, porque significa fijar los términos en que se discute lo que se discute. El gobierno consiguió ambas cosas, y la segunda es la que importa” y advierte: “Lo notable es que buena parte de la oposición terminó discutiendo dentro de ese encuadre”. Indica que la reforma de seguridad de la administración actual vulnera derechos civiles y constitucionales y, sumado a la aprobada megarreforma tributaria y financiera, “el resultado es que el derecho deja de ser una certeza y pasa a ser una expectativa administrada, sujeta a disponibilidad presupuestaria y a decisión discrecional”. Ante la afirmación del Presidente José Antonio Kast de que no es iliberal, señala que “lo que caracteriza a la nueva derecha iliberal no es la supresión del debate sino la reescritura de sus reglas mediante lo que llamo privilegios epistemológicos diferenciales”. El expresidente Gabriel Boric hizo declaraciones sobre errores o problemas durante el Gobierno pasado; consultado por la “autocrítica descarnada” prometida por el progresismo y la izquierda ante la derrota electoral, Ramis declara que “no se está cumpliendo. Llegó el género literario de la autocrítica, que consiste en enunciar errores en tercera persona del plural y en tiempo pasado, sin que nadie asuma decisiones propias”. Y sobre los niveles de propuesta de proyectos, apunta a que “el socialismo chileno arrastra una polisemia no resuelta: bajo la misma palabra convive desde un constructivismo social difuso hasta la aspiración a un Estado de bienestar de modernidad tardía”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 23/8/2026. ¿El gobierno logró no sólo inundar sino encuadrar la agenda aprobando el megaproyecto financiero y tributario e instalando la reforma de Seguridad y acciones como “el cancerbero” de traslado de presos?
Sí, y conviene distinguir las dos cosas, porque no son lo mismo. Inundar la agenda es una técnica de volumen: se ingresan tantos proyectos que ningún actor alcanza a procesarlos con seriedad. Encuadrarla es más ambicioso, porque significa fijar los términos en que se discute lo que se discute. El gobierno consiguió ambas cosas, y la segunda es la que importa. El megaproyecto tributario y financiero instaló la premisa de que el problema fiscal chileno es de gasto y no de estructura de ingresos. La reforma de seguridad instaló la premisa de que el déficit de protección se explica por insuficiencia de facultades y no por insuficiencia de capacidades. Y operaciones como el traslado de presos con despliegue televisado, el “cancerbero”, no resuelven nada del sistema penitenciario, pero producen una imagen de soberanía recuperada que vale más, políticamente, que cualquier indicador. Es gobierno por gesto en el registro simbólico y gobierno por aritmética en el registro legislativo. Lo notable es que buena parte de la oposición terminó discutiendo dentro de ese encuadre: si el estado de excepción debe durar ocho meses o cuatro, si el recorte debe ser 3% o 2,5%. Cuando uno discute la magnitud, ya concedió el marco. Hay un límite, eso sí, y va a aparecer. Kast llegó prometiendo desmontar el aparato estatal y ahora tiene que gobernarlo. Administrar mientras se vacía es pedirle resultados al mismo aparato que se está desfinanciando. Esa contradicción no se resuelve con encuadre comunicacional.
En tu columna de Le Monde Diplomatique Chile afirmaste que este modelo de José Antonio Kast “desmonta la certidumbre de los derechos”. ¿A qué te referías?
Me refería a algo bastante concreto, no a una metáfora. Un derecho social solo existe en la medida en que es exigible: si yo puedo presentarme mañana y obtener la prestación. El modelo no deroga los derechos, que sería costoso y visible. Los deja escritos en la ley y les retira las condiciones materiales que los hacen operar. El punto de partida es fiscal. La megarreforma abre una brecha de recursos que la propia Dipres cifra en 13.078 millones de dólares entre 2027 y 2030, contra 6.190 millones de dólares sin reforma. Ese déficit no es un accidente de cálculo: es la condición de posibilidad de todo lo demás. Un Estado que compromete su recaudación por adelantado no necesita derogar ningún derecho para dejar de cumplirlo. El Decreto 333 es el ejemplo más limpio de cómo se traduce eso. Un recorte de 2,5% al Ministerio de Salud, más de 413 mil millones de pesos, con cerca de 18 mil millones menos en atención primaria. El derecho a la salud sigue en el texto constitucional y en la ley. Lo que desaparece es la hora médica. En La Cisterna, el alcalde Joel Olmos calculó alrededor de 18 mil atenciones menos. Nadie tuvo que votar la supresión de un derecho: bastó un decreto administrativo. A eso se suman tres dispositivos que operan juntos. El presupuesto base cero, que invierte la carga de la prueba institucional: ya no hay que justificar el recorte, hay que justificar la existencia del programa. La focalización, que sustituye provisión universal por transferencias mínimas y convierte al titular de derechos en beneficiario elegible. Y las rebajas tributarias estructurales, que hacen insostenible en el tiempo el gasto sin necesidad de anunciar nunca su reducción. El resultado es que el derecho deja de ser una certeza y pasa a ser una expectativa administrada, sujeta a disponibilidad presupuestaria y a decisión discrecional. Jurídicamente sigue vigente. En la vida de la gente, se volvió incierto. Esa distancia entre vigencia formal y exigibilidad real es exactamente lo que llamo desmontar la certidumbre.
¿Hay peligros constitucionales, de derechos civiles, de transgresiones judiciales en el proyecto de seguridad del gobierno?
Hay tres, y ninguno es especulativo: están en el articulado. El primero son las inhabilidades del nuevo Artículo 9° bis. Establecen un régimen de restricciones que se aplican por pertenencia o vinculación con una organización declarada, sin que medie necesariamente condena por sentencia firme. Eso configura una forma de muerte civil administrativa. El Artículo 5.6 de la Convención Americana es explícito en que la pena no puede trascender de la persona del condenado y que su finalidad es la readaptación social. Una inhabilidad indefinida por vinculación no cumple ninguno de los dos requisitos. El segundo es el mecanismo de declaración de organizaciones criminales por decisión presidencial, con registros asociados y participación del Consejo de Seguridad Nacional. Es la potestad de clasificar enemigos por acto de autoridad. La experiencia comparada es concluyente: donde el Ejecutivo puede declarar quién es organización peligrosa, el criterio migra desde lo criminal hacia lo político. La Ley 21.732 ya arrastra ese problema con tipos penales de textura abierta; esto lo amplifica y lo saca del ámbito jurisdiccional. El tercero es el estado de excepción de seguridad pública, con vigencia prolongable hasta ocho meses y facultades que nuestro ordenamiento reservaba para situaciones de guerra. Un régimen excepcional que dura ocho meses y es renovable no es excepción: es un régimen paralelo permanente que se activa por conveniencia. La discusión sobre el mando entre Fuerzas Armadas y policías es la punta visible de ese problema, no el problema.
El Presidente José Antonio Kast dijo que no es iliberal, que no está pasando por encima del gobierno o censurando a los medios. ¿Le crees? ¿No es, en efecto, iliberal?
Su respuesta contiene la trampa. Kast se defiende contra una acusación que nadie le hizo. Nadie sostiene que haya clausurado un diario ni disuelto el Congreso. El iliberalismo contemporáneo no funciona así. Lo que caracteriza a la nueva derecha iliberal no es la supresión del debate sino la reescritura de sus reglas mediante lo que llamo privilegios epistemológicos diferenciales: umbrales de prueba y cargas argumentativas distribuidos de manera desigual según quién habla. A un adversario se le exige evidencia concluyente para cualquier afirmación; a un aliado le basta la sospecha. Un abuso policial requiere sentencia firme antes de ser nombrado; una acusación contra un funcionario opositor no requiere nada. Las instituciones siguen ahí, la prensa sigue publicando, los tribunales siguen funcionando. Lo que cambió es la distribución de quién debe probar qué. Junto a eso opera lo que denomino suspensión elegante de la norma: la regla no se deroga, se vuelve inaplicable para ciertos actores mediante interpretación, silencio administrativo o simple no ejecución. Levitsky y Ziblatt lo documentaron con claridad: la erosión democrática contemporánea es legal en cada uno de sus pasos. Así que no, no le creo, pero no porque mienta sobre los hechos que menciona. Le creo esos hechos. Lo que no acepto es el test que propone. Preguntar “¿censuré a algún medio?” es responder una pregunta de 1975 en 2026.
“El socialismo chileno arrastra una polisemia no resuelta”
¿Cómo miras los señalamientos de que la izquierda y el progresismo no consiguen articular una propuesta, un plan de acción, ni ordenarse y sólo están actuando en función de ser oposición al gobierno?
El señalamiento tiene fundamento y no vale la pena defenderse de él. Pero el diagnóstico habitual es superficial, porque supone que falta un documento. Documentos hay de sobra. Lo que falta es otra cosa. El socialismo chileno arrastra una polisemia no resuelta: bajo la misma palabra convive desde un constructivismo social difuso hasta la aspiración a un Estado de bienestar de modernidad tardía. Mientras esa ambigüedad no se salda, cualquier programa es un acuerdo de superficie sobre un desacuerdo de fondo, y eso produce indefinición táctica y estratégica. El problema es anterior al programa: es una teoría del cambio para condiciones adversas. Sabemos qué hacer cuando somos mayoría. No sabemos qué hacer cuando no lo somos, y llevamos décadas resolviendo esa pregunta con transformismo táctico presentado como realismo. Un ejemplo de la desconexión: se puso el tiempo como eje articulador de la propuesta laboral. Pero el trabajador informal no tiene jornada regulada, quien maneja para una aplicación se autoexplota sin patrón que le imponga horario, y la reducción a 40 horas simplemente no le llega. Se legisló para el mundo formal y se llamó a eso agenda de los trabajadores. Dicho eso, no comparto que solo exista reacción opositora. Hay construcción, pero está ocurriendo donde no se la mira: en el trabajo territorial. La Articulación de Organizaciones Sociales y Territoriales lleva cinco encuentros nacionales, encuentro regional en Biobío, actividades en Coquimbo. Cuando vinieron los temporales, quienes llegaron primero a las poblaciones de Puente Alto fueron esas organizaciones y esos municipios, no el nivel central. Eso no es un programa todavía, pero es lo único que en política se convierte después en programa.
El expresidente Gabriel Boric llamó a reflexionar a la izquierda, a identificar errores, y a no cancelar debates. ¿Crees que eso se está cumpliendo, llegó la “autocrítica descarnada” de la derrota presidencial y legislativa?
No, no se está cumpliendo. Llegó el género literario de la autocrítica, que consiste en enunciar errores en tercera persona del plural y en tiempo pasado, sin que nadie asuma decisiones propias. Eso no es autocrítica: es un reparto de responsabilidades administrado para que no le toque demasiado a nadie. Y los debates que había que no cancelar siguen cancelados. Menciono tres. El primero: qué pasó realmente con seguridad y migración, sin que quien plantee el tema quede bajo sospecha ideológica. El segundo: octubre de 2019 nunca tuvo una sola lectura. Hubo un Chile popular que lo vivió como el almacén de la esquina destruido y el barrio militarizado, y que nunca tuvo columna de opinión ni interlocutor en nuestro campo. El kastismo fue el primero en nombrarlo en voz alta, con fines electorales y con simplificaciones peligrosas, pero lo nombró, mientras nosotros preferimos el silencio. El tercero, el más incómodo: se está configurando una alianza objetiva entre el gran capital y sectores populares informales, sin coordinación alguna entre ellos, esa es la parte llamativa, contra la clase media formalizada que sostiene moralmente un relato de derechos que ya no tiene poder político para imponer. Mientras esas tres discusiones sigan clausuradas, cada nueva derrota se explicará por la comunicación, por los medios o por la fragmentación. Nunca por lo que efectivamente decidimos hacer.
Tú fuiste Rector de una universidad, estás en el mundo académico. ¿Qué opinión te merece la gestión de la Ministra de Ciencias, sus decisiones? Particularmente la polémica por decisiones en torno de Fondecyt.
Mi objeción no es que la ministra no sea científica. Un ministro sectorial puede no ser experto del área si domina la construcción de política pública, la articulación intersectorial y la negociación público-privada. Ese contraargumento es legítimo y hay que tomárselo en serio. El problema es que aquí falla en las dos dimensiones a la vez. La focalización de hasta 70% del Fondecyt Postdoctorado 2027 en diez áreas prioritarias revela desconocimiento del sistema chileno de investigación y de los estándares internacionales de productividad científica: un postdoctorado no es un instrumento de reconversión de la fuerza de trabajo, es la etapa en que se consolida una línea de investigación ya iniciada en el doctorado. Se está pidiendo a investigadores que cambien de área para acceder al único financiamiento disponible, lo que garantiza proyectos débiles en las áreas prioritarias y destruye trayectorias en las demás. La defensa con datos de empleabilidad de doctores y déficit en seguridad muestra la segunda falla, que es de política pública. Si el diagnóstico es que faltan capacidades en ciertas áreas estratégicas, el instrumento correcto es un programa nuevo con financiamiento adicional y acuerdos público-privados, no la reasignación del fondo que sostiene a toda la investigación básica del país. Convertir un instrumento existente en herramienta de política sectorial ajena a su diseño es un error elemental de administración del Estado, y se agrava con la exclusión de hecho de las humanidades y las ciencias sociales. A eso se suma la falta de diálogo previo con la comunidad académica, que no es un problema de forma. Habiendo sido rector, sé que un sistema de investigación funciona sobre confianza institucional acumulada, y ese activo se destruye rápido y se reconstruye lento.
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