Por: Francisca Santander Faúndez

Interferencia. 23/08/2026

El proyecto anti filtraciones busca hasta cinco años de cárcel por divulgar información de carpetas judiciales. Los impulsores dicen que protege investigaciones, mientras los críticos ven una herramienta para callar investigaciones sobre corrupción. Mientras la judicatura reconoce que periodistas necesitan protección contra la represión estatal, el Senado discute esta iniciativa que criminalizaría su trabajo.

Conocida por sus impulsores como "ley anti filtraciones" y rebautizada por detractores como "ley mordaza 2.0", la iniciativa atraviesa su momento más crítico en medio de un silencio político elocuente: el Senado no alcanzó a votarla, a pesar de tenerla agendada.

El proyecto es simple en la superficie: sanciona con hasta cinco años de cárcel y multas de 600 UTM a quienes divulguen antecedentes de investigaciones judiciales reservadas. Pero en los intersticios del texto reside el verdadero conflicto. Los autores argumentan que la palabra "ilegítimamente" blindaría a periodistas amparados en la Ley de Prensa, pero esa salvedad es más porosa de lo que parece. ¿Quién define qué es una divulgación legítima? ¿El juez en la segunda lectura? ¿Un fiscal que se sienta filtrado?

La lógica argumental de los promotores, —que se trata de proteger investigaciones penales, no de censurar prensa—, oculta una contradicción estructural: históricamente, los grandes casos de corrupción política y empresarial en Chile han salido a la luz gracias a revelaciones basadas en documentos de carpetas investigativas. Es decir, no hay periodismo de investigación profundo sin acceso a esos archivos. Poner candados de cárcel a su divulgación no protege investigaciones, obstaculiza fiscalización ciudadana.

Lo que hace inquietante el timing es que hace unas semanas el periodismo investigativo anotó una victoria judicial con la condena en "Operación Topógrafo", que sancionó el espionaje militar contra Mauricio Weibel tras destapar el "Milicogate". El Senado frena la votación justo cuando la prensa demuestra por qué existe.

Pero el paradójico momentum legislativo expone una contradicción aún más profunda en la institucionalidad estatal. El 30 de junio, el Poder Judicial dictó una sentencia que encarceló a un juez y a un general por espiar a un periodista; el 28 de julio, el fiscal nacional emitió una instrucción escrita ordenando a todos los persecutores abstenerse de adoptar medidas intrusivas contra profesionales de la prensa en el marco de su labor. Mientras la judicatura y persecutores reconocen que el periodismo necesita protección contra la represión estatal, el Senado impulsa una ley que lo criminalizaría. La disonancia institucional es estruendosa.

La Asociación Nacional de la Prensa, ANATEL, el Colegio de Periodistas y abogados constitucionalistas como Marisol Peña y Javier Couso alertan que esta medida criminaliza la libre circulación de información de interés público, revirtiendo una línea que parecía ganada. Los críticos no disputan que existan filtraciones irresponsables o que afecten investigaciones en curso. El problema es la envergadura de la represión legal. Sancionar con cárcel la divulgación de asuntos judiciales es usar artillería pesada contra un problema que el sistema ya tenía herramientas para manejar.

A nivel internacional, Marisol Peña ha destacado que el proyecto contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que protege el derecho a buscar y difundir información, prohibiendo restricciones indirectas. Los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH consideran desproporcionado el uso del derecho penal para sancionar la difusión de asuntos públicos en una sociedad democrática. Chile ya está en la picota internacional por retrocesos democráticos; esta ley lo pondría bajo nuevo escrutinio.

Lo más problemático es que los críticos concluyen que aprobar multas millonarias y cárcel por informar sobre causas judiciales representaría un retroceso histórico, consagrando una norma legal que ni siquiera existió durante la dictadura. La dictadura tuvo mordazas, clausuras, periodistas encarcelados y desaparecidos. Pero no criminalizó explícitamente la divulgación de información procesal con penas de cárcel. Eso es una innovación legislativa 2026, más sofisticada, más legal en apariencia, más insidiosa en su efecto.

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