Por: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

Diario U de Chile. 11-09-2026

Hoy, 11 de septiembre, se cumplen 53 años del golpe de Estado de 1973. La memoria de las personas detenidas desaparecidas, ejecutadas, torturadas y exiliadas obliga también a examinar el proyecto económico que se impuso mediante esa violencia. La persecución contra las organizaciones populares permitió desarticular fuerzas que disputaban la propiedad de la tierra, el control de la producción y la distribución de la riqueza. Sobre esa derrota se construyeron condiciones para convertir los territorios y sus bienes naturales en fuentes de acumulación privada.

Esa relación atraviesa Las otras heridas: Extractivismo y 50 años de lucha socioambiental en Chile, publicación impulsada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), editada por la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz y publicada en septiembre de 2023. Releerla en esta conmemoración permite comprender por qué la memoria de la dictadura también está presente en las disputas por los ríos, las semillas, los bosques y los territorios intervenidos por la minería y la generación eléctrica.

El libro reúne a doce autoras y autores en nueve capítulos. Desde distintas experiencias, examinan una transformación que combinó represión, privatizaciones y normas destinadas a asegurar la apropiación de los bienes naturales. Su análisis interpela también a los gobiernos de postdictadura, que mantuvieron y profundizaron los fundamentos del modelo. Al mismo tiempo, recupera una historia de organización popular que ha cuestionado sus imposiciones y construido propuestas propias.

El agua como condición del poder económico

En Aguas neoliberalizadas y el largo cauce para salir del despojo, Alexander Panez Pinto explica que la transformación del agua en mercancía fue parte constitutiva del proyecto neoliberal. El Código de Aguas de 1981 permitió transar los derechos de aprovechamiento de manera separada de la tierra, favoreciendo que su destino se definiera según la capacidad económica de los compradores y las necesidades de las actividades extractivas. “La expropiación hídrica fue y es condición para la consolidación del neoliberalismo en Chile”, sostiene Panez.

Controlar el agua permite condicionar la vida de un territorio. La posibilidad de cultivar, criar animales o permanecer en una comunidad queda subordinada a decisiones tomadas por quienes concentran su acceso. El autor muestra, además, que las privatizaciones de empresas se beneficiaron de derechos de agua entregados gratuitamente por el Estado, asegurando condiciones para su expansión.

Panez cuestiona así la idea de que el neoliberalismo significa simplemente ausencia estatal. En el caso chileno, el Estado intervino activamente para producir las normas que hicieron posible el despojo. Frente a esa estructura, las luchas por el agua han construido articulaciones territoriales, propuestas de gestión comunitaria y demandas de desprivatización. Su historia permite comprender la escasez desde las relaciones de poder que organizan el acceso al agua, junto con las transformaciones climáticas que afectan su disponibilidad.

La postdictadura profundizó las bases del extractivismo

Javier Arroyo Olea y Lucio Cuenca Berger abordan esa continuidad en A la sombra de la dictadura: la multiplicación de conflictos socioambientales en Chile. La Constitución de 1980 y las normas sobre aguas, minería, sector forestal y electricidad configuraron un orden favorable a la inversión privada que los gobiernos posteriores utilizaron como base de su política económica.

La promesa de crecimiento y de recursos para pagar la deuda social acumulada en dictadura sirvió para justificar la expansión extractiva. En ese marco se construyó una institucionalidad ambiental cuyo diseño, según los autores, mantuvo la subordinación de la protección de los territorios a la aprobación de inversiones.

Su crítica apunta a “una institucionalidad con un fuerte acento en dar certificación ambiental a proyectos de inversión sin poner al centro la protección ambiental y de las comunidades”.

Desde el enfoque de OLCA, los conflictos expresan tanto el daño o la amenaza ambiental como la capacidad de las comunidades para organizarse y enfrentarlos. Reducirlos a obstáculos para la inversión oculta la disputa por quién decide sobre los territorios. La participación ciudadana limitada y la primacía de decisiones políticas por sobre las consideraciones ambientales son parte del problema que examina el capítulo.

Las experiencias contra Pascua Lama, HidroAysén o el ducto de Celco en Mehuín muestran, a su vez, que la organización produce conocimientos y estrategias que circulan entre comunidades. Incluso cuando un proyecto se impone, quedan aprendizajes que alimentan otras luchas. Por eso los autores advierten que los conflictos tienen continuidades y períodos de latencia que desbordan las fechas de una resolución administrativa.

La minería y la renovación de la dependencia

En Chile, país de conflictos mineros, César Padilla Ormeño recorre la nacionalización del cobre y el posterior fortalecimiento de las concesiones privadas. La dictadura estableció garantías para el negocio minero, mientras la expansión de la producción privada adquirió especial fuerza durante la postdictadura.

El capítulo abre una discusión que también interpela a quienes proponen financiar derechos sociales mediante una mayor explotación estatal de minerales. La propiedad y el destino de la renta son asuntos centrales, pero no agotan el problema pues persisten los límites ecológicos, la presión sobre las aguas y las afectaciones a las comunidades. Una política emancipadora necesita discutir cuánto se extrae, para qué y bajo qué decisiones territoriales.

Esa reflexión alcanza a la transición energética. El autor advierte que la demanda de litio, cobre y tierras raras puede renovar la subordinación de los países proveedores a las necesidades de las economías industrializadas. En su análisis, se mantiene “un esquema donde la dependencia de la que hablaba Gunder Frank no desaparece: sólo se moderniza”.

La pregunta política es quién define esa transición y quién asume sus costos. Presentar una actividad como parte de la respuesta climática no resuelve sus impactos locales ni garantiza soberanía para los pueblos que habitan los territorios de extracción.

Padilla plantea limitar la extracción y orientar sus beneficios hacia transiciones postextractivistas, capaces de reducir la dependencia económica de ese mismo negocio.

Las mujeres y la memoria que falta reconstruir

Carolina Meza Vásquez, en Mujeres resistiendo al extractivismo, sitúa en el centro a quienes han sostenido la vida cotidiana bajo la contaminación, la falta de agua y la precarización. Las tareas de cuidado, invisibilizadas e históricamente asignadas a las mujeres, las han enfrentado directamente a las consecuencias de un modelo que deteriora las condiciones de existencia de sus familias y comunidades.

Su análisis vincula la violencia dictatorial con la desarticulación de las organizaciones y la reorganización del espacio. Las erradicaciones hacia las periferias urbanas y las transformaciones del mundo rural alteraron vínculos comunitarios y posibilidades de resistencia. Desde esas condiciones surgieron luchas que, al encontrarse con otras, pudieron reconocer el origen común de sus problemas.

“Reconstituir la propia historia organizativa encontrando allí las dirigencias femeninas es un ejercicio necesario para nuestro tiempo”, escribe Meza.

El capítulo recupera a Nicolasa y Berta Quintremán en la defensa del Alto Biobío, a las mujeres organizadas por el Loa y a las campesinas de Paine que conectan la memoria de la represión con la defensa de las semillas y del agua. La autora exige reconocerlas como productoras de pensamiento y acción política. Esa tarea implica escuchar sus propias palabras y revisar las prácticas de las organizaciones para incorporar sus experiencias y demandas.

El despojo colonial que la dictadura radicalizó

Susana Huenul Colicoy y Pablo Mariman Quemenado incorporan una precisión indispensable en Vigencia del colonialismo: conflictos socioambientales y Pueblos Originarios 1973-2023. Para los pueblos originarios, la historia del despojo antecede a 1973. El golpe profundizó una relación colonial de ocupación territorial, negación de derechos y subordinación que el Estado chileno había reproducido desde su conformación.

La Contrarreforma Agraria revirtió recuperaciones de tierras y favoreció su transferencia a intereses privados. La división de la propiedad comunitaria debilitó relaciones colectivas, mientras la separación jurídica entre suelo, aguas, subsuelo y bosques desconoció la interdependencia que sostiene las formas de vida indígenas.

En ese contexto, los autores afirman: “Es claro que sin las permanentes acciones de resistencia de las diversas expresiones de los distintos sectores del mundo mapuche ya no existiríamos como pueblo”.

El recorrido por Ralco, Neltume, Mehuín y la organización lafkenche permite comprender esas resistencias como ejercicios de continuidad y reconstrucción territorial. La recuperación de las semillas, la lengua, los oficios y los espacios de significación cultural forma parte de la misma lucha. La conquista de la Ley Lafkenche en 2008 aparece en el capítulo como resultado de un proceso organizativo que llevó al debate público la relación de las comunidades con el mar.

Desde esta perspectiva, abordar los conflictos exige reconocer a los pueblos como sujetos colectivos con capacidad de decidir sobre sus territorios. Tratarlos únicamente como población vulnerable o beneficiaria de compensaciones reproduce la subordinación que está en el origen del conflicto.

La energía bajo decisiones empresariales

En Continuidades, resultados y conflictos socioambientales, en el sector eléctrico del Estado neoliberal, Ximena Cuadra Montoya reconstruye el paso desde el protagonismo estatal en la electrificación hacia la privatización de empresas e infraestructura. La venta de ENDESA y la reorganización del sector trasladaron decisiones estratégicas a actores privados, con un Estado encargado de regular y sostener las condiciones de funcionamiento del mercado.

La autora examina cómo las reformas posteriores ampliaron la intervención pública para promover inversiones y competencia, sin abandonar los principios neoliberales del sector. Esa continuidad también atraviesa la expansión de las energías renovables.

“La política pública no tiene capacidad para pensar la proyección energética desde las necesidades locales de energía, pues es el mercado, es decir las empresas, las que deciden dónde quieren instalarse”, señala Cuadra.

Su análisis obliga a preguntar para quién se produce electricidad y qué poder tienen las comunidades frente a las instalaciones proyectadas. El cambio tecnológico de la matriz no garantiza por sí mismo justicia territorial. Si las decisiones siguen respondiendo principalmente a oportunidades de inversión, las comunidades pueden continuar soportando los costos de una producción que no se organiza desde sus necesidades.

El capítulo también cuestiona la idealización del pasado estatal: algunas de las primeras centrales públicas se construyeron en territorio mapuche sin reconocer a sus habitantes en los documentos que justificaban esas obras. Democratizar la energía requiere revisar tanto la propiedad como las relaciones de poder que definen su producción.

Los derechos de la naturaleza frente a la lógica de propiedad

En Naturaleza sin Derechos, Fernando Salinas Manfredini discute la visión que reduce la naturaleza a un conjunto de objetos disponibles para la explotación. La dictadura intensificó esa mirada mediante un modelo que privilegia la rentabilidad, pero el autor sitúa sus raíces en una historia más amplia de separación entre la humanidad y el mundo del que forma parte.

“El derecho más esencial de la Naturaleza es el mismo del humano: existir”, plantea Salinas.

Reconocer ese derecho supone valorar la continuidad de los ecosistemas y su capacidad de regeneración por sí mismas. El autor relaciona esta propuesta con los bienes comunes naturales y con una responsabilidad hacia las generaciones futuras, pues extraer un mineral no renovable implica reducir lo que estará disponible para quienes vendrán.

El capítulo recupera las propuestas ecológicas de la Convención Constitucional de 2021–2022 como parte de una discusión política sobre derechos de la naturaleza, interdependencia y Buen Vivir. Se refiere al texto rechazado en el plebiscito de 2022. Su aporte al debate es proyectar alternativas que transformen la relación con los territorios y reduzcan la subordinación de la vida a la acumulación económica.

Recuperar el campo y el poder de decidir sobre la alimentación

Carolina Agurto Flores, en Resistencias y caminos hacia la soberanía alimentaria y la recampesinización agroecológica, vincula la concentración agraria y el modelo agroexportador con la represión del campesinado. La Reforma Agraria había abierto posibilidades de acceso a la tierra, organización y participación en las decisiones productivas. El golpe interrumpió ese proceso e impuso condiciones para reorganizar el campo en función del agronegocio.

La autora sigue esa trayectoria hacia la postdictadura, cuando la apertura comercial y las políticas de fomento profundizaron la orientación exportadora. Examina sus consecuencias sobre el trabajo rural, las semillas y la autonomía de quienes producen alimentos.

“El proyecto político-económico del agronegocio ha beneficiado a una elite nacional y transnacional a costa del empobrecimiento, la exclusión y la vulneración de los derechos del campesinado”, sostiene.

Frente a ello, la soberanía alimentaria implica recuperar la capacidad de decidir qué producir, cómo hacerlo y para quién. El capítulo reconoce en las huertas comunitarias, las cooperativas de consumo, las escuelas campesinas y la recuperación de semillas experiencias concretas de construcción de autonomía.

La recampesinización agroecológica busca hacer posible una vida digna en el campo, con acceso a la tierra y al agua, conocimientos propios y vínculos solidarios entre productores y comunidades. También recupera la dimensión política de la alimentación: desde las organizaciones de abastecimiento durante la Unidad Popular hasta las ollas comunes en dictadura, sostener la comida ha sido una forma de organización y resistencia.

Los bosques y las alternativas destruidas por el golpe

Claudio Donoso Hiriart y Cristián Frêne Conget cierran el libro con La relación antigua del bosque con el ser humano. Su recorrido muestra la larga historia de destrucción de los bosques y la persistencia de comunidades que han mantenido relaciones de cuidado y subsistencia con ellos.

La dictadura aceleró la concentración económica del sector mediante privatizaciones y subsidios. Sobre el Decreto Ley 701, los autores señalan: “Este decreto consolida el modelo de monocultivos de especies exóticas y talas rasas, sustituyendo bosques nativos y tierras agrícolas por pinos y eucaliptos”.

La expansión forestal aparece vinculada a la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y la alteración de los ciclos del agua. Los autores cuestionan también el discurso que presenta las plantaciones como respuesta climática sin considerar el conjunto de impactos de su producción, cosecha y procesamiento.

El capítulo recupera la experiencia del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, que permite dimensionar lo que el golpe interrumpió. Su organización buscó mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y comunidades, cuidar el bosque nativo y desarrollar formas de autogestión. La represión destruyó ese proceso y sus tierras terminaron en manos privadas. Recordar esa historia permite reconocer proyectos colectivos que fueron derrotados por la fuerza. La transformación de los bosques en patrimonio empresarial tuvo como contrapartida la pérdida de derechos y posibilidades de vida para quienes los habitaban y trabajaban.

Una memoria para disputar el modelo

A 53 años del golpe, Las otras heridas permite articular la exigencia de verdad, justicia y reparación con la discusión sobre el orden económico construido mediante la violencia. Los territorios conservan las consecuencias de decisiones que concentraron la propiedad y limitaron el poder de las comunidades. La postdictadura debe ser examinada por su responsabilidad en la continuidad y profundización de ese proceso.

La memoria que propone el libro incluye, a la vez, las capacidades políticas construidas por los pueblos. La defensa de las aguas, la soberanía alimentaria, la recuperación territorial y las propuestas postextractivistas contienen experiencias desde las cuales discutir otras formas de organizar la vida. El intercambio de esos aprendizajes, en espacios como el AGUAnte la Vida que recoge la publicación, permite que las luchas se reconozcan y amplíen sus posibilidades de acción.

Volver a estas páginas este 11 de septiembre es preguntar qué relaciones de propiedad y de poder deben transformarse para que las comunidades puedan decidir sobre su presente. La reparación de las heridas socioambientales exige enfrentar las condiciones que siguen produciéndolas y reconocer a quienes, desde los territorios, han sostenido esa disputa.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.