Por: Francisca Santander Faúndez

Interferencia. 14/09/2026

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reveló que su cartera acumula más de 100 solicitudes de indulto, mientras republicanos y libertarios presionan por resolver los beneficios y el proyecto de indulto general avanza en el Congreso. La cifra se conoce a solo dos días de la marcha que conmemoró los 53 años del golpe de Estado, y reabre las dudas sobre el rol del propio Rabat, quien antes de asumir en el Ejecutivo integró el equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en el Caso Riggs.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó este domingo una cifra que el Gobierno había evitado precisar hasta ahora: más de 100 solicitudes de indulto se acumulan en su cartera, la gran mayoría presentadas por condenados por crímenes cometidos durante la dictadura. La declaración, entregada en Mesa Central de Canal 13, llega a menos de una semana del aniversario 53 del golpe de Estado y profundiza la presión que el Gobierno enfrenta desde republicanos y libertarios para resolver los beneficios.

"Las solicitudes son bastantes, son más de 100 hoy día", dijo Rabat, y agregó que un número importante de esos expedientes ya está sobre su escritorio para análisis. Sobre el origen de las peticiones, fue directo: "son mayoritariamente de hechos ocurridos en 1973". También reconoció solicitudes de condenados por el estallido social de 2019, aunque las calificó de "muy pocas".

Sobre los plazos, fue enfático: no maneja ninguno propio ni autoimpuesto, porque cada caso exige "un estudio muy cuidadoso" antes de llegar a una convicción. Consultado por la vía legislativa —el proyecto de indulto general de la senadora libertaria Vanessa Kaiser, ya aprobado por el Senado—, descartó que sea prioridad: "el Gobierno no está hoy día con foco en esas leyes".

La declaración llega en un momento de fricción creciente dentro de la coalición de Kast. El Presidente descartó semanas atrás cualquier indulto durante septiembre, lo que generó molestia en el Partido Nacional Libertario y en sectores republicanos, que han presionado en encuentros como los sostenidos en Cerro Castillo para que La Moneda respalde tanto los indultos individuales como el proyecto legislativo. En paralelo, al menos una veintena de reos de Punta Peuco formalizó sus propias solicitudes ante el Ministerio de Justicia meses atrás, una cifra que ha seguido creciendo.

La cifra reabre además una tensión que involucra directamente a Rabat. Antes de asumir en el Ejecutivo, el ministro integró el equipo jurídico de Rodríguez, Vergara y Compañía que defendió a Augusto Pinochet en el Caso Riggs y en causas vinculadas a la Operación Colombo, y representó a Lucía Hiriart ante la Corte Suprema en 2018 para intentar revertir el comiso de bienes de la familia. Ese historial motivó el rechazo público de 16 organizaciones de detenidos desaparecidos a su nombramiento en enero.

En abril, ya como ministro, instruyó —a través de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido— que los abogados de esa unidad no intervinieran en audiencias donde se discutieran rebajas de pena o cumplimientos alternativos para condenados por crímenes de la dictadura. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos calificó la medida como una forma de "indulto pasivo".

El contexto político tampoco es menor. La confirmación de Rabat ocurre a solo dos días de la marcha que llevó a miles de personas desde el metro Los Héroes hasta el Cementerio General de Santiago para conmemorar a las más de 3.200 personas ejecutadas y los más de 40 mil sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura. Kast optó por no realizar un acto oficial para la fecha; el propio ministro justificó esa decisión señalando que, a 53 años de los hechos, la prioridad del Gobierno es "concentrarse en los problemas actuales del país".

Por ahora, ninguna de las más de 100 solicitudes ha llegado a manos de Kast. Según Rabat, el criterio acordado por el Mandatario es revisar "caso a caso" sobre la base de lo que arrojen las carpetas administrativas, sin fecha ni compromiso público de cuándo se conocerá la primera resolución

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