Por: Elena Rusca. Periodista, corresponsal en Ginebra

El Clarín Chile. 28 septiembre, 2026

Mientras los mecanismos internacionales de derechos humanos dependen cada vez más de la información aportada por la sociedad civil, activistas, periodistas, sindicalistas y defensores ambientales afrontan una escalada de intimidaciones, vigilancia digital y represalias que traspasan fronteras. El último informe de Naciones Unidas alerta sobre la expansión de la represión transnacional y el progresivo cierre de los espacios cívicos en numerosos países.

Por detrás del lenguaje diplomático de las Naciones Unidas se esconde una realidad cada vez más inquietante: en numerosos países, colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos puede convertirse en un riesgo personal. El informe anual del Secretario General de la ONU sobre represalias, publicado el 16 de septiembre de 2026, revela una tendencia preocupante que trasciende fronteras nacionales y que refleja una transformación más profunda del contexto político global.

Lejos de tratarse de incidentes aislados, el documento describe un patrón de intimidación sistemática dirigido contra defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, abogados, activistas ambientales e incluso víctimas que buscan justicia a través de los mecanismos internacionales. Entre mayo de 2025 y abril de 2026, la ONU documentó casos en 32 Estados, pero advierte que la cifra real es probablemente mucho mayor debido al temor de las víctimas a sufrir nuevas represalias.

El precio de denunciar

Históricamente, la cooperación entre la sociedad civil y las Naciones Unidas ha sido un mecanismo esencial para documentar abusos, visibilizar violaciones de derechos humanos y ejercer presión internacional sobre los Estados. Sin embargo, el informe sugiere que este espacio se está cerrando.

Las represalias adoptan formas diversas: detenciones arbitrarias, restricciones de movimiento, confiscación de pasaportes, agresiones físicas, campañas de difamación, vigilancia electrónica, amenazas contra familiares y acoso en línea. La finalidad es siempre la misma: desalentar cualquier interacción con organismos internacionales capaces de fiscalizar el comportamiento estatal.

Lo alarmante es que la represión ya no se limita al territorio nacional. El informe identifica una expansión de la llamada «represión transnacional», es decir, acciones dirigidas contra activistas exiliados, periodistas o defensores que se encuentran fuera de sus países de origen. Al menos 43 personas y cuatro organizaciones fueron objeto de este tipo de prácticas.

Esta evolución refleja un cambio significativo en las capacidades estatales contemporáneas. Las fronteras físicas han dejado de ser una protección efectiva cuando las tecnologías digitales permiten vigilar, hostigar y controlar a individuos dispersos por distintos continentes.

La digitalización de la intimidación

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la centralidad que adquieren las tecnologías digitales en las estrategias de represión.

Herramientas de vigilancia electrónica, campañas de acoso coordinadas en redes sociales, monitoreo de comunicaciones y recopilación de datos personales están siendo utilizadas para rastrear a quienes colaboran con la ONU. La digitalización de la vida política ha creado nuevas oportunidades para la participación ciudadana, pero también para el control estatal.

Esta tendencia coincide con un fenómeno ampliamente documentado por organizaciones de derechos digitales: la proliferación de tecnologías de vigilancia, muchas veces desarrolladas por empresas privadas y exportadas internacionalmente, que permiten a gobiernos autoritarios ampliar significativamente su capacidad de control social.

La preocupación de Naciones Unidas apunta a una cuestión de fondo: si el espacio digital se convierte en un territorio hostil para el ejercicio de los derechos fundamentales, también se deteriora la posibilidad misma de obtener información independiente sobre las violaciones que ocurren en distintas regiones del mundo.

Legislación como instrumento de control

El informe destaca otro fenómeno cada vez más frecuente: la utilización de marcos legales para restringir el trabajo de la sociedad civil.

Leyes antiterroristas, normativas sobre ciberseguridad, regulaciones de seguridad nacional o disposiciones relativas al financiamiento extranjero son utilizadas en numerosos contextos para criminalizar actividades legítimas de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Más de la mitad de los Estados mencionados en el informe adoptaron o modificaron legislación que limita las actividades independientes de la sociedad civil.

Este proceso refleja una transformación importante en las formas contemporáneas de autoritarismo. En lugar de recurrir exclusivamente a la represión abierta, muchos gobiernos optan por estrategias de legalización de las restricciones, dotándolas de una apariencia de legitimidad institucional. Se trata de un fenómeno que numerosos especialistas describen como «autoritarismo legal» o «represión normativa».

Los más vulnerables

La ONU señala que determinados grupos enfrentan riesgos particularmente elevados. Jóvenes activistas, mujeres defensoras, pueblos indígenas y defensores ambientales continúan siendo objetivos recurrentes de amenazas e intimidaciones.

Esta vulnerabilidad no es casual. Son precisamente estos actores quienes suelen desafiar proyectos extractivos, denunciar discriminaciones estructurales o cuestionar políticas gubernamentales en ámbitos considerados sensibles para los intereses económicos o políticos dominantes.

La creciente criminalización de los movimientos ambientales resulta especialmente significativa en un contexto marcado por la crisis climática global y los conflictos vinculados al acceso a recursos naturales.

Una crisis para el sistema internacional

Más allá de las consecuencias individuales, el informe plantea una cuestión institucional de mayor alcance.

Cuando las personas temen cooperar con Naciones Unidas, el propio sistema internacional pierde capacidad para cumplir su función de monitoreo y protección de los derechos humanos. La información procedente de organizaciones independientes constituye una fuente esencial para los procedimientos especiales, los órganos de tratados y los mecanismos de investigación de la ONU.

La erosión de este espacio cívico afecta, por tanto, no solo a las víctimas directas, sino también a la arquitectura internacional construida después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir abusos y garantizar estándares mínimos de protección.

Las represalias buscan precisamente ese efecto disuasorio: no solo castigar a quienes denuncian, sino también enviar un mensaje ejemplificador a quienes podrían hacerlo en el futuro.

Un indicador de la salud democrática global

La lista de países mencionados en el informe es diversa y reúne contextos políticos muy distintos. Ello confirma que el problema no puede reducirse a una división simplista entre regímenes democráticos y autoritarios.

La presión sobre periodistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos aparece cada vez más como un síntoma de una crisis más amplia de la gobernanza democrática y del debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas.

En un escenario internacional marcado por conflictos armados, polarización política, competencia geopolítica y avances tecnológicos acelerados, la protección de quienes colaboran con los organismos internacionales se convierte en una cuestión estratégica.

La advertencia de Naciones Unidas es clara: cuando informar sobre abusos implica asumir riesgos personales crecientes, no solo están amenazados los defensores de derechos humanos. También lo está la capacidad de la comunidad internacional para conocer la verdad sobre lo que ocurre detrás de las fronteras estatales.

Como muestra este nuevo informe, la batalla por los derechos humanos se libra hoy tanto en las cárceles y los tribunales como en los teléfonos móviles, las plataformas digitales y los espacios transnacionales donde la sociedad civil intenta mantener viva una vigilancia que muchos gobiernos preferirían silenciar.

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