Por: El Clarín de Chile. 2 octubre, 2026

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la reducción de horas docentes contemplada en el Presupuesto 2027 probablemente implicará desvinculaciones de profesores. La admisión llega después de una marcha nacional de estudiantes, docentes y trabajadores y en medio de conflictos por el financiamiento de la atención primaria y de los gobiernos regionales. Todo ocurre con desempleo de 9,6%, actividad económica a la baja y un Gobierno que promete crear más de 100 mil empleos con Chile Despega.

El Presupuesto 2027 comenzó a revelar esta semana algo más que una nueva distribución de recursos públicos.

Comenzó también a producir sus primeros conflictos sociales.

La controversia más clara está en Educación, donde las reducciones de horas docentes incorporadas en el proyecto podrían traducirse directamente en despidos.

Este viernes, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la disminución de aproximadamente 3,6% de las horas docentes máximas consideradas en los Servicios Locales de Educación Pública puede significar desvinculaciones.

“Probablemente tengan que haber desvinculaciones”, afirmó en Radio Infinita.

Luego defendió la medida separando el derecho a recibir educación de la mantención de los puestos de trabajo: “No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas”.

Y añadió una segunda frase destinada probablemente a acompañar buena parte de la discusión presupuestaria: “No confundamos el Ministerio de Educación con el Ministerio de los profesores”.

La declaración despeja al menos una de las dudas que existían hasta ahora.

Cuando comenzaron a conocerse los límites de horas docentes incorporados al proyecto, especialistas estimaron que su reducción equivalía aproximadamente a 1.888 jornadas completas de 44 horas semanales.

Eso no significaba necesariamente que fueran a ser despedidos exactamente 1.888 profesores, porque existen contratos con jornadas menores y las glosas establecen máximos de horas.

Pero Hacienda reconoce ahora que efectivamente pueden existir desvinculaciones.

Ajuste en la educación pública

El conflicto va más allá de las dotaciones docentes.

El presupuesto global del Ministerio de Educación aumentará levemente en términos reales, pero dentro de esa cifra existen importantes reasignaciones.

Uno de los casos más visibles es el de los Liceos Bicentenario, cuyos recursos disminuirían 46,7%, pasando aproximadamente de $6.500 millones a $3.600 millones. El recorte ha generado cuestionamientos incluso desde el oficialismo: el diputado UDI Sergio Bobadilla sostuvo que la necesidad de ordenar las cuentas fiscales no debería realizarse a costa de Educación.

También desaparece el financiamiento explícito para el programa de entrega de computadores de Junaeb, conocido anteriormente como Yo Elijo Mi PC y actualmente ejecutado mediante Becas TIC.

Durante 2026 el programa contó con alrededor de $35 mil millones y benefició a más de 96 mil estudiantes.

Quiroz defendió la revisión general de programas públicos, aunque consultado por las razones específicas para eliminar esta iniciativa reconoció que no recordaba su evaluación particular.

“No me acuerdo de este en particular, pero de seguro tenía hallazgos”, señaló.

El proyecto incorpora además seis nuevos Servicios Locales de Educación Pública durante 2027 y contempla modificaciones presupuestarias en universidades, evaluaciones y diversos programas del sector.

El Gobierno sostiene que el objetivo es concentrar los recursos en prestaciones prioritarias y hacer más eficiente el gasto.

Sus críticos ven, en cambio, un debilitamiento de determinadas políticas educativas.

Esa será una de las principales disputas durante la tramitación parlamentaria.

De la discusión presupuestaria a la calle

El debate dejó rápidamente de ser exclusivamente técnico.

El jueves, la Confech realizó un paro nacional y una marcha en Santiago bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”.

La movilización tuvo además una característica relevante: no estuvo integrada únicamente por estudiantes universitarios.

Adhirieron la CUT, el Colegio de Profesores, la ACES, la Coordinadora 8M y otras organizaciones sociales y sindicales. Cerca de veinte organizaciones habían anunciado previamente su participación.

Las cifras de asistencia fueron divergentes.

Carabineros estimó alrededor de 6.000 manifestantes en Santiago, mientras la vocera de la Confech, Laura Mlynarz, habló de más de 20.000 estudiantes, trabajadores y profesores.

Durante la jornada hubo incidentes y 31 personas fueron detenidas. La propia dirigencia de la Confech condenó las agresiones registradas contra estudiantes que realizaban una contramanifestación en la Universidad Católica.

Más allá de esos hechos, la movilización mostró que la discusión presupuestaria ya tiene una expresión social.

Y Educación no es el único sector movilizado.

Salud aumenta, pero la APS protesta

El caso de Salud es diferente y requiere una distinción.

El presupuesto del sector aumentará 4,7% real durante 2027, más de tres veces el crecimiento global del gasto público, que será de 1,5%.

La ministra May Chomali ha señalado que los nuevos recursos serán destinados principalmente a reducir listas de espera, fortalecer la red asistencial y avanzar en digitalización.

No existe, por tanto, un recorte global del presupuesto sanitario.

Pero el conflicto está concentrado en el financiamiento de la Atención Primaria de Salud. La Confusam realizó esta semana un paro nacional de 48 horas para exigir un aumento mayor y permanente del per cápita basal que reciben los municipios por cada usuario inscrito.

El gremio cifró la adhesión en torno al 90% y sostuvo que la propuesta gubernamental era insuficiente. Según su presidenta, Gabriela Flores, la organización esperaba un aumento de al menos $1.000 en el per cápita, mientras la propuesta conocida alcanzaba $604.

El propio Ministerio de Salud reconoce que el financiamiento estructural de la APS continúa siendo materia de discusión para el Presupuesto 2027, después de dos años sin reajuste efectivo del per cápita.

Así, mientras Salud aumenta en términos globales, persiste una disputa por cómo se distribuyen esos recursos dentro del sistema.

Las regiones también pierden

Otro foco de conflicto aparece fuera de Santiago.

La propuesta gubernamental contempla una reducción cercana al 6% para los gobiernos regionales, según informó Alejandro Santana, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales.

Hacienda habría ofrecido mecanismos para que las regiones con buena ejecución presupuestaria puedan recuperar parte de esos recursos durante el año.

Pero los gobernadores cuestionan que la reducción inicial pueda afectar inversiones territoriales y proyectos que dependen de servicios públicos cuya ejecución ellos no controlan directamente.

El asunto adquiere una dimensión adicional porque el propio Gobierno acaba de presentar Chile Despega, un programa que pretende crear más de 100 mil empleos mediante inversión pública, subsidios y obras de rápida ejecución.

Parte importante de esa estrategia requiere precisamente capacidad de inversión territorial.

Por eso la discusión sobre los gobiernos regionales no es secundaria.

Ajustar mientras la economía se debilita

El contexto económico vuelve todavía más compleja la discusión presupuestaria.

Chile cerró agosto con una tasa de desempleo de 9,6%.

La producción industrial disminuyó 5,7% interanual.

Y el Imacec cayó 1% durante el mismo mes.

El Gobierno ha respondido con Chile Despega, un paquete de aproximadamente $1,3 billones destinado a estimular inversión, acelerar obras públicas y generar más de 100 mil puestos de trabajo.

Pero paralelamente el Presupuesto 2027 busca contener el crecimiento del gasto.

Ese doble movimiento sintetiza buena parte del desafío económico de La Moneda.

El Ejecutivo quiere estimular la creación de empleo y al mismo tiempo reducir o reestructurar programas y dotaciones públicas.

La declaración de Quiroz sobre Educación hace visible esa tensión.

Mientras Chile Despega se presenta como una estrategia para crear empleo, el Ministerio de Hacienda reconoce que el ajuste de horas docentes probablemente producirá desvinculaciones.

Eso no significa que ambas políticas sean necesariamente incompatibles.

El argumento gubernamental es que el Estado puede reducir puestos de trabajo donde considera que existen sobredotaciones y simultáneamente promover empleo en áreas que considera más productivas.

Quiroz vinculó específicamente el ajuste docente con la caída de la natalidad y la reducción del número de estudiantes.

A juicio de Hacienda, esa realidad obliga a concentrar establecimientos y utilizar de manera más eficiente los recursos públicos.

La discusión será ahora qué significa exactamente esa eficiencia y cuál será su costo social.

El Presupuesto como nuevo centro del conflicto

La discusión presupuestaria recién comienza.

El lunes 5 de octubre se iniciará formalmente la tramitación legislativa y ese mismo día Hacienda debe reunirse con los gobernadores regionales para revisar sus partidas.

Educación anticipa resistencia parlamentaria.

Diputados opositores ya adelantaron que exigirán reponer recursos para programas específicos y el cuestionamiento al recorte de los Liceos Bicentenario también apareció dentro del propio oficialismo.

Los gremios de salud permanecen en alerta.

Y las organizaciones estudiantiles y sindicales han mostrado que están dispuestas a trasladar la discusión nuevamente a la calle.

Todavía sería apresurado afirmar que existe una movilización social unificada contra el Gobierno de José Antonio Kast.

Las demandas de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y gobiernos regionales son diferentes.

Pero todas comienzan a encontrarse alrededor de una misma pregunta:

cómo distribuirá el Gobierno los costos del ajuste fiscal.

Esa puede convertirse en una de las discusiones políticas centrales de octubre.

Porque el Presupuesto 2027 ya no se debate únicamente en términos de porcentajes, déficit o eficiencia administrativa.

En Educación, al menos, el ministro de Hacienda ya reconoció que detrás de las cifras pueden existir personas que pierdan su empleo.

Y desde ese momento la discusión dejó de ser solamente contable.

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