Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara este lunes 5 de octubre.
Por: Simon Del Valle. Periodista
El Clarín Chile. 6 octubre, 2026
El Ejecutivo propone recortar programas, contener el gasto y llevar el déficit estructural al 1,8% del PIB, pero al mismo tiempo solicita autorización para endeudarse hasta por US$25 mil millones. La cifra no equivale a nueva deuda por ese monto: una parte importante deberá utilizarse para refinanciar obligaciones que vencen. Sin embargo, detrás del número aparece un problema más profundo: la deuda pública chilena se ha acercado progresivamente al límite prudente del 45% del PIB y su servicio consume cada vez más recursos fiscales.
El primer Presupuesto elaborado íntegramente por el gobierno de José Antonio Kast comienza a mostrar una paradoja que merece una explicación. Mientras Hacienda aplica recortes a programas públicos, restringe el crecimiento del gasto y presenta la austeridad como uno de los ejes de su política económica, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 solicita al Congreso autorización para contraer obligaciones por hasta US$25.000 millones.
La cifra es suficientemente grande como para producir titulares, pero requiere cautela. No significa que el gobierno vaya a aumentar la deuda pública chilena en US$25 mil millones durante el próximo año.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a hacer esa precisión después del ingreso del proyecto. El monto autorizado debe cubrir, en primer lugar, deuda anterior que vence durante 2027 y que deberá pagarse o refinanciarse; en segundo término, las necesidades derivadas del déficit fiscal; y finalmente determinadas operaciones financieras que se registran bajo la línea.
La diferencia es fundamental: cuando el Estado emite un bono para pagar otro que vence, existe una nueva emisión de deuda, pero no necesariamente aumenta por el mismo monto el endeudamiento neto del país.
De US$17.400 millones a US$23.600 millones
También es necesario tener cuidado con otra comparación que ha comenzado a circular.
La Ley de Presupuestos 2026 autorizó originalmente endeudamiento por hasta US$17.400 millones. Comparados con los US$25.000 millones solicitados para 2027, el incremento alcanza aproximadamente 44%.
Pero durante este año el escenario cambió.
El programa inicial de financiamiento para 2026 contemplaba aproximadamente US$7.200 millones destinados a amortizaciones y alrededor de US$10.200 millones de endeudamiento neto. Posteriormente, el gobierno de Kast revisó las cuentas fiscales y solicitó al Congreso autorización para otros US$6.200 millones.
Hacienda explicó entonces que unos US$4.700 millones respondían principalmente al deterioro del déficit fiscal y a efectos cambiarios, mientras otros US$1.500 millones permitirían disponer de capital de trabajo y reducir deuda flotante, incluidos compromisos pendientes con proveedores.
El Congreso aprobó esa ampliación.
Por tanto, el techo actualmente autorizado para 2026 no es US$17.400 millones sino US$23.600 millones. Si la comparación se realiza respecto de esa cifra, los US$25.000 millones solicitados para 2027 representan un aumento de alrededor de US$1.400 millones, equivalente a 5,9%.
No desaparece el problema, pero cambia considerablemente su dimensión.
Una tendencia que viene de antes
Las autorizaciones de endeudamiento han venido aumentando durante los últimos años, aunque no de manera lineal: fueron US$15.000 millones en 2023, US$16.500 millones en 2024, US$16.000 millones en 2025 y originalmente US$17.400 millones para 2026.
También bajo el gobierno de Gabriel Boric una parte sustancial de estas autorizaciones correspondió al refinanciamiento de obligaciones anteriores. Para 2025, por ejemplo, Hacienda explicó que cerca de US$8.000 millones estaban asociados a amortizaciones y ajustes financieros.
Por eso el debate relevante no consiste simplemente en comparar el tamaño nominal de las autorizaciones.
Lo que importa es cuánto aumenta efectivamente el stock de deuda, cuánto cuesta financiarla y qué proporción de los ingresos fiscales comienza a quedar comprometida antes incluso de discutir las prioridades políticas de cada presupuesto.
Y es ahí donde las cifras se vuelven más incómodas.
Acercándose al 45%
Chile terminó 2025 con una deuda bruta del Gobierno Central cercana al 41,7% del PIB.
El deterioro fiscal de los últimos años llevó posteriormente a Hacienda a proyectar que la deuda continuaría aumentando. Las primeras estimaciones del actual gobierno situaban el indicador en 43,1% del PIB para 2026 y 44,4% para 2027, con posibilidades de superar posteriormente el umbral del 45%.
Las proyecciones fueron corregidas después. Hacienda redujo su estimación para fines de 2026 a aproximadamente 42,7% del PIB y sostiene que, si se cumplen las metas de consolidación fiscal, la deuda podría mantenerse bajo el límite prudente y llegar a aproximadamente 44,1% en 2030.
Pero esa trayectoria depende precisamente de que el ajuste prometido se materialice.
Con el gasto ya comprometido y sin medidas adicionales, las propias estimaciones oficiales muestran que la deuda podría superar nuevamente el 45% del PIB.
El Consejo Fiscal Autónomo ha formulado una advertencia similar. Sus proyecciones muestran que, sin medidas permanentes de consolidación, la deuda podría atravesar ese umbral y continuar aumentando durante los próximos años.
El problema fiscal chileno, por tanto, no comenzó con el Presupuesto 2027 ni puede atribuirse exclusivamente al gobierno actual. Pero es este gobierno el que deberá decidir cómo enfrentarlo.
El costo de la deuda también se come el Presupuesto
Existe además un aspecto menos visible que el porcentaje de deuda sobre el PIB: los intereses.
A medida que aumenta el stock de obligaciones y cambian las condiciones financieras, también crecen los recursos necesarios simplemente para servir la deuda acumulada.
El propio mensaje del Presupuesto 2027 ofrece una comparación particularmente ilustrativa: durante 2025, el gasto en intereses de la deuda pública equivalió a más del 70% de todo el gasto destinado a la Pensión Garantizada Universal.
Ese dinero no financia nuevos hospitales, viviendas, computadores escolares, universidades, infraestructura regional ni políticas culturales. Corresponde al costo de decisiones fiscales adoptadas en años anteriores y de la deuda acumulada para financiarlas.
Aquí comienza a entenderse mejor la aparente contradicción del nuevo Presupuesto.
El gobierno puede reducir determinados programas y, simultáneamente, mantener enormes necesidades de financiamiento. Los recortes afectan el flujo futuro del gasto, mientras que los vencimientos y los intereses provienen en buena medida de obligaciones contraídas anteriormente. A ello se agrega un Estado que todavía mantiene déficit: sus ingresos continúan siendo insuficientes para cubrir todos sus gastos.
Por eso austeridad y endeudamiento no son necesariamente términos contradictorios.
La pregunta es otra: cuánto ajuste será necesario para estabilizar efectivamente la deuda y sobre quién recaerá ese ajuste.
La tijera también expresa prioridades
Esta discusión adquiere especial importancia cuando se observa dónde está comenzando a pasar la tijera del Presupuesto 2027.
Ya se conocen reducciones relevantes en Cultura, gobiernos regionales, programas educacionales, Liceos Bicentenario y determinadas políticas habitacionales, además de la eliminación anunciada del programa de Becas TIC, conocido popularmente como Yo Elijo Mi PC, decisión que el propio gobierno ha abierto ahora a revisar.
Cada una de estas partidas puede parecer pequeña frente a un Presupuesto nacional. Pero sumadas expresan una determinada forma de distribuir el costo de la consolidación fiscal.
Por eso el debate sobre los US$25 mil millones no debería convertirse en una competencia entre dos consignas igualmente insuficientes: que el gobierno está disparando la deuda pese a predicar austeridad o, en sentido contrario, que el monto carece de importancia porque una parte corresponde a refinanciamiento.
Ambas afirmaciones pierden una parte sustancial del problema.
Chile necesita refinanciar deuda anterior, pero al mismo tiempo continúa necesitando deuda para financiar déficits presentes. Y mientras eso ocurra, una proporción creciente de los presupuestos futuros quedará condicionada por decisiones adoptadas en el pasado.
La cifra que todavía falta
Hay un dato decisivo que Hacienda deberá transparentar durante la discusión presupuestaria.
De los US$25.000 millones solicitados para 2027, cuánto corresponde exactamente a vencimientos que serán refinanciados, cuánto financiará el déficit efectivo del próximo año y cuánto estará destinado a otras operaciones financieras del Estado, conocidas como operaciones «bajo la línea».
Sin ese desglose resulta prematuro determinar cuánto representa realmente la autorización solicitada en términos de nuevo endeudamiento.
La comparecencia de Jorge Quiroz y del director de Presupuestos ante la Comisión Especial Mixta será, por ello, más importante que la cifra aislada que encabeza el proyecto.
El Presupuesto 2027 comienza a revelar algo que va bastante más allá de un programa eliminado o una partida reducida. El gobierno de Kast prometió ordenar las cuentas fiscales y está comenzando a aplicar recortes para hacerlo. Pero recibe al mismo tiempo un Estado con déficit persistente, vencimientos crecientes y una deuda que se aproxima al límite que el propio Ejecutivo se ha comprometido a respetar.
Los US$25 mil millones son, en ese sentido, menos una contradicción que una señal de la magnitud del problema.
La verdadera discusión comenzará cuando sepamos qué parte de esa enorme capacidad de endeudamiento sirve para pagar el pasado, qué parte financiará el presente y cuánto ajuste adicional pretende realizar el gobierno para evitar que la deuda siga condicionando el futuro.
Simón del Valle
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