Por Apolo Olivares   – Para UTE-noticias – 08-10-2026

En estas últimas semanas Europa vuelve a mostrar una imagen que contradice aquella idea de un continente definitivamente asentado sobre la estabilidad política, el bienestar social y la prosperidad. Las calles vuelven a llenarse. Protestan estudiantes, trabajadores, campesinos, jubilados y arrendatarios. Las causas inmediatas parecen diferentes, pero debajo de ellas comienza a reconocerse una misma pregunta: ¿qué ocurre cuando amplios sectores de una sociedad sienten que trabajan, pagan impuestos, cumplen las reglas y, sin embargo, viven cada vez con mayor inseguridad?

La vivienda se ha convertido probablemente en una de las expresiones más visibles de este malestar.

En España, el sábado 3 de octubre decenas de miles de personas salieron a las calles en unas cincuenta ciudades. En Madrid participaron alrededor de 70.000 manifestantes. La protesta reclamó medidas frente al precio de los alquileres, los desalojos y la creciente dificultad para acceder a una vivienda. La frase escrita en uno de los carteles podría resumir buena parte del problema social europeo: “Mi sueldo no cabe en tu alquiler”.

No es solamente una consigna. Es la expresión sencilla de una contradicción profunda: cuando el precio de una necesidad básica aumenta mucho más rápidamente que los ingresos, el crecimiento económico puede continuar apareciendo en las estadísticas mientras la seguridad material de una parte de la población se deteriora.

La cuestión española tampoco termina allí. La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos políticos del país y ha irrumpido con fuerza en el debate electoral. Ya no se discute solamente cuánto construir, sino quién posee las viviendas, cuál es el papel de los grandes fondos inmobiliarios, hasta dónde debe intervenir el Estado y si una vivienda debe ser tratada principalmente como un activo financiero o como un derecho social.

Pero España no constituye una excepción.

Francia vive nuevamente importantes movilizaciones. A las protestas relacionadas con salarios, costo de vida y austeridad se ha sumado durante estos días una movilización estudiantil de dimensiones nacionales. Estudiantes, profesores y familias denuncian falta de docentes, deterioro de la infraestructura escolar y recursos insuficientes. Más de 250.000 personas participaron en las protestas del 6 de octubre según cifras del Ministerio del Interior francés, mientras los organizadores entregaron cifras superiores.

Resulta difícil observar estos acontecimientos como fenómenos completamente independientes. Cuando se deterioran simultáneamente la vivienda, la educación pública, los salarios y otros servicios fundamentales, el problema deja de pertenecer exclusivamente a cada sector. Comienza a cuestionarse el funcionamiento del modelo social.

Bélgica presenta otra expresión del mismo conflicto. Desde 2025 se suceden huelgas y movilizaciones contra reformas de pensiones, modificaciones a la seguridad social, restricciones laborales y medidas de austeridad. Nuevamente aparecen trabajadores que no protestan solamente por un aumento salarial determinado, sino por la percepción de que conquistas sociales construidas durante décadas comienzan lentamente a retroceder.

Y entonces aparece Alemania.

Allí ocurre algo particularmente interesante porque permite comprender que el malestar social europeo no tiene una única traducción política.

Durante los últimos años el crecimiento de Alternative für Deutschland (AfD) ha alimentado la idea de que el descontento social conduce inevitablemente hacia la extrema derecha. La inmigración, la inseguridad, el deterioro económico y la desconfianza hacia los partidos tradicionales han sido utilizados por AfD para construir un relato político poderoso. Su crecimiento electoral es real y sería un error minimizarlo.

Pero Berlín acaba de mostrar otra posibilidad.

En las elecciones del 20 de septiembre, Die Linke obtuvo 25,7% de los votos, convirtiéndose por primera vez en la fuerza política más votada de la capital alemana. En 2023 había obtenido apenas 12,2%. En solamente tres años prácticamente duplicó su apoyo.

Mientras tanto, la CDU cayó desde 28,2% hasta 18,8%; el SPD descendió hasta 12,1%; los Verdes obtuvieron 14,3%. La AfD también creció considerablemente y alcanzó 16,3%.

Este resultado contiene probablemente una de las claves para comprender lo que está ocurriendo.

Porque Die Linke no construyó su campaña principalmente alrededor de una discusión abstracta sobre izquierda y derecha. Colocó en el centro una cuestión que cualquier habitante de Berlín comprende inmediatamente: la vivienda.

Los alquileres en Berlín han aumentado aproximadamente un 70% desde 2016 para quienes hoy buscan arrendar una vivienda, sin que los salarios hayan aumentado en proporción semejante. Ya en 2021 cerca del 60% de los berlineses que participaron en un referéndum habían apoyado la socialización de las viviendas pertenecientes a grandes corporaciones inmobiliarias.

Die Linke tomó esa preocupación y la convirtió en política.

Control de alquileres, combate a la especulación inmobiliaria y la propuesta de socializar grandes empresas propietarias de viviendas formaron parte central de su campaña.

Los estudios posteriores a la elección ayudan a comprender el resultado: cuando se preguntó a los electores qué partido consideraban más competente para garantizar vivienda asequible, Die Linke alcanzó 37%, frente a solamente 8% de la CDU. En justicia social obtuvo 32%, frente a 7% de la CDU.

No son cifras menores.

Significan que una parte importante de la ciudadanía encontró una fuerza política capaz de relacionar su experiencia cotidiana con una propuesta concreta.

Y aquí Berlín introduce una pregunta mucho más interesante que simplemente constatar el crecimiento de Die Linke:

¿Por qué ante problemas sociales semejantes una parte de Europa gira hacia la extrema derecha mientras otra vuelve a mirar hacia la izquierda?

Quizás la respuesta no se encuentre solamente en la ideología.

Cuando una persona no puede pagar el alquiler, cuando teme perder su empleo, cuando observa deteriorarse la educación de sus hijos o cuando siente que su salario compra cada año menos, busca una explicación.

Una respuesta puede decirle que el responsable es el inmigrante.

Otra puede decirle que el problema está en la concentración económica, la especulación inmobiliaria, la pérdida de derechos sociales y el debilitamiento del Estado.

Son explicaciones radicalmente distintas para una misma sensación de inseguridad.

Por eso Berlín resulta políticamente tan importante.

La elección demuestra que el descontento social no pertenece naturalmente a la extrema derecha. Pertenece a quien consiga interpretarlo, organizarlo y transformarlo en una explicación convincente y en una expectativa de cambio.

En Países Bajos aparece justamente el otro camino. Allí las dificultades para recibir solicitantes de asilo se mezclan con una severa escasez habitacional. La discusión termina entonces desplazándose: un problema estructural de disponibilidad y precio de viviendas puede transformarse políticamente en un conflicto entre quienes ya viven en el país y quienes llegan buscando refugio.

La vivienda vuelve a aparecer.

Y eso obliga a mirar Europa desde una perspectiva diferente.

Quizás no estemos observando simplemente una sucesión de protestas nacionales. Quizás estamos viendo síntomas diferentes de una transformación más profunda del pacto social europeo.

Durante décadas Europa construyó buena parte de su legitimidad política sobre una promesa: democracia representativa, crecimiento económico y Estado de bienestar permitirían que cada generación viviera al menos con una seguridad semejante o superior a la anterior.

Esa promesa comienza a mostrar fisuras.

La vivienda se vuelve inaccesible para numerosos jóvenes. Los sistemas públicos enfrentan restricciones presupuestarias. Los salarios pierden capacidad adquisitiva. La industria europea enfrenta una competencia internacional cada vez más dura. La transición energética tiene costos. La guerra en Ucrania exige enormes recursos económicos y militares. Y al mismo tiempo los gobiernos deben responder al envejecimiento de la población y a sociedades cada vez más fragmentadas.

Reducir todo aquello simplemente a “la receta neoliberal” puede resultar insuficiente. Hay políticas de austeridad y procesos de financiación  que deben analizarse, pero también existen transformaciones demográficas, tecnológicas, productivas y geopolíticas que están modificando profundamente Europa.

Precisamente por eso la crisis resulta tan compleja.

Pero existe una cuestión que atraviesa todas estas transformaciones: quién termina pagando sus costos.

Cuando las sociedades perciben que los sacrificios se distribuyen de manera desigual, el problema económico comienza inevitablemente a convertirse en problema político.

España, Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos muestran respuestas diferentes, pero detrás de ellas aparece una ciudadanía que comienza nuevamente a interrogar a sus gobiernos.

Y Berlín deja quizá la señal política más interesante.

Mientras durante años se sostuvo que la frustración social europea conduciría inexorablemente hacia el nacionalismo y la extrema derecha, una ciudad de casi cuatro millones de habitantes acaba de mostrar que existe otro camino posible: convertir la vivienda, los salarios y la desigualdad en el centro de la discusión política.

Nada asegura que ese camino triunfe. Tampoco significa que Europa esté girando nuevamente hacia la izquierda. La AfD también creció y con fuerza.

Precisamente allí reside la advertencia.

Europa no está girando simplemente hacia la derecha o hacia la izquierda. Europa está entrando en una disputa por quién será capaz de representar políticamente su malestar.

Y cuando millones de ciudadanos dejan de sentirse representados por quienes durante décadas administraron el poder, la pregunta decisiva ya no es solamente quién ganará la próxima elección.

La pregunta verdaderamente importante es qué explicación del mundo terminarán creyendo quienes sienten que el mundo que conocían comienza a desaparecer.

Apolo Olivares. – Ex dirigente de la Universidad Tecnica del Estado

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