Por: Víctor Osorio. Periodista.

Crónica Digital. 16 octubre, 2026

Porque te duele el corazón por esa negra historia, pero mantienes intacta la esperanza

Una de las prioridades de la dictadura cívico–militar inmediatamente después del Golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional, fue fabricar argumentos que le otorgaran legitimidad suficiente, constatando que los “fundamentos” esgrimidos el 11 de septiembre de 1973 no parecían completamente convincentes. Ello era necesario, además, que se hacía necesaria una justificación para la enorme violencia con la que se reprimía a los partidarios del Gobierno de Salvador Allende y la población en general.

Esa fue una tarea principal, en las semanas inmediatamente posteriores al levantamiento golpista y se extendió por octubre y noviembre. Un ejemplo son dos crónicas publicadas en la revista “Ercilla” N° 1.992, edición del 3 al 9 de octubre de 1973, la segunda en circular luego del Golpe de Estado.

Al releerlas hoy impresiona la profunda mendacidad de los opositores al Gobierno de la Unidad Popular.

MANU MILITARI EN LA UTE

Una crónica sin firma titulada “Universidad: La difícil autonomía”, en que se refiere a la intervención militar de las Casas de Estudios Superiores. Señalaba, en tono de escándalo, que en esas instituciones existía una “crisis de autoridad”, pues “la Reforma había llegado tan lejos, que todo se decidía por votación, en tumultuosas y reiteradas asambleas”. Así, sentenció, “la Junta Militar, al ascender al poder, estimó que todo esto tenía que terminar”, por lo que “nombró representantes al frente de varias universidades y sedes provinciales”.

Indicó que “ocurrió primero en la Universidad Técnica del Estado (UTE), donde el coronel de Ejército Ernesto Reyes (en realidad, su nombre era Eugenio Reyes Tastest) reemplazó en la Rectoría a Enrique Kirberg (comunista), actualmente confinado en la Isla Dawson, frente a Punta Arenas”.

Más adelante, detalló que “la universidad menos conflictiva” para implementar esta medida del régimen, “fue la Técnica del Estado, justamente la más identificada con la UP”. Y señaló crudamente, con una indisimulada satisfacción: “La manu militari se ejerció allí plenamente desde el comienzo, ante la resistencia armada que opusieron los extremistas” (sic).

Ello se completaba con dos imágenes fotográficas de la destrucción de la Casa de Estudios, las que se reproducen en este trabajo, con las siguientes lecturas: “Control militar para ex reducto UP” y “Las huellas del combate”.

Por cierto, impresiona los niveles de la mentira. Al momento del Golpe de Estado no hubo “combate” alguno, ni “resistencia armada” de “los extremistas”. De hecho, no había armas en manos en los miembros de la comunidad universitaria que se congregaron en la UTE la mañana del 11 de septiembre y que permanecieron en el lugar hasta el día siguiente.

Lo que ocurrió realmente, y se encuentra acreditado, es que las tropas del Ejército cercaron la Universidad y durante la noche la sometieron a fuego, causando la muerte del fotógrafo Hugo Araya González. Y se miente también por omisión, porque se omitió informar que la Casa de Estudios fue atacada a cañonazos por los militares. Luego que ocuparon el recinto, procedieron a destruir las instalaciones, lo que explica los daños a los que se refería “Ercilla”.

Se miente por omisión, porque no informó que, luego que las tropas tomaron por asalto la UTE, detuvieron a estudiantes, académicos y funcionarios. En estas circunstancias falleció la funcionaria Marta Vallejo Buschmann. Los arrestados fueron recluidos luego en el entonces Estadio Chile, donde “La manu militari” arrancó la vida de Víctor Jara, que se desempeñaba en la Universidad.

Más adelante, indicaba: “En pleno proceso de reparación de daños, el Rector coronel Reyes se encuentra asesorado por los profesores Luis Alaba (en verdad, su nombre era Luis Alava Cerda) y Ángel Bate (Carter), dirigentes del Frente Universitario. Todas las autoridades UP fueron destituidas y ahora se revisa, una por una, la situación de cada cátedra, académico, funcionario y alumno. Muchos de estos –dijo el profesor Bate– no estudiaban ni trabajaban, sino que eran, activistas políticos”.

“El Frente Universitario” era un movimiento existentes en diferentes universidad estatales, integrado principalmente por “activistas políticos” de la Juventud del Partido Nacional y el “Movimiento Gremial”, que unos años antes había formado Jaime Guzmán en la Universidad Católica. A propósito de mentiras por omisión, en la crónica se “olvidó” mencionar que en julio de 1972 hubo elecciones de rector y secretario general de la UTE: Alava fue candidato al segundo cargo por el Frente Universitario, acompañando a Mauricio Jungk, un radical recién llegado a la oposición a la Unidad Popular, pues incluso había sido Ministro de Minería ese mismo año en el Gobierno de Allende. Fueron derrotados abrumadoramente, logrando solo el 38,2% frente al 61,5 por ciento de la lista de la izquierda, integrada por Kirberg y el socialista Ricardo Núñez.

Luego del Golpe de Estado, Alaba recibió su recompensa y fue designado secretario general de la UTE, el cargo al que no fue capaz de llegar con el consentimiento democrático de la comunidad universitaria. Bate tuvo menos fortuna y no tuvo un cargo de tanta importancia, aunque ocupó diferentes responsabilidades en el período del rector militar, que se extendió hasta 1980.

La revista, eso sí, anticipó la razzia que desencadenó la dictadura en la UTE. Hubo centenares de estudiantes expulsados y académicos exonerados.

Ya el 20 de octubre y el 21 de noviembre de 1973, por Decretos del Rector Militar se exoneró a casi 500 profesores, profesionales y funcionarios no académicos de la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones, y del convenio de la Central Única de Trabajadores y la UTE. En el primer decreto se llegó a la crueldad de incluir entre los exonerados al citado Hugo Araya, asesinado en el asedio de la Universidad.

EL SINIESTRO PLAN ZETA

La fabula del “enfrentamiento” en la UTE estaba en consistencia con el principal producto de la fábrica de mentiras de la dictadura: el “Plan Zeta”, un supuesto “autogolpe marxista” que, según se divulgó, estaba preparando la izquierda chilena para instaurar la “dictadura del proletariado” a través del asesinato en masa de todos sus opositores, civiles y militares, frente al cual, se concluía, las Fuerzas Armadas y de Orden se vieron en la “obligación” de intervenir.

La revista “Ercilla” se refirió por primera vez al asunto en la mencionada edición de inicios de 1973, en un reportaje titulado “Las escuelas de guerrillas”, firmado por el periodista Luis Álvarez Baltierra, en que hablaba del “terror” de la “actuación extremista”.

Indicaba que lo que comenzó “con prácticas elementales de guerrilla” se convirtió “en la formación de un verdadero ejército popular” (sic), que “debía ser capaz de enfrentar a las propias Fuerzas Armadas chilenas”. Detalló que “mientras las tropas de choque marxistas” se dedicaban a intimidar a los opositores, lo que incluyó desviar al Barrio Alto “a cientos de extremistas”, se aceleraban “los pasos finales del enfrentamiento”, con la participación de los “interventores de industrias, funcionarios públicos contratados como extremistas en las oficinas fiscales, extremistas extranjeros y autoridades del Gobierno de Allende”.

Y aseguró: “Surgió así el Plan Zeta –eliminación colectiva de oficiales, políticos y periodistas no adictos a la Unidad Popular– que contemplaba desatar el terror el día 17 de septiembre”.

Citando el diario “Crónica” de Concepción, señalaba que en la capital del país “la intención era hacer volar la elipse del Parque O’Higgins mientras permanecían allí las tropas durante la Parada Militar preparatoria”. En Concepción, agregaba, “se encontró una lista en poder del secretario regional socialista”, en la cual figuraban “los nombres de 600 personas, las que debían ser eliminadas ese día junto a sus familiares directos”.

Detallaba: “En Chillán, Puente Alto y El Cañaveral (la residencia de descanso del Presidente Allende) han sido ubicadas escuelas de guerrilleros, cuyas instalaciones permiten afirmar que los partidos marxistas y las organizaciones extremistas habían alcanzado un nivel impresionante de entrenamiento. También se detectó en sectores como las torres del complejo habitacional San Borja, dependencias del Hospital Salvador y otros lugares, un sistema subterráneo –a través de túneles o canales de comunicación eléctrica– que habrían permitido operar a cientos de extremistas”.

Indicaba que “los extremistas que pasaron por las salas de clases de las escuelas de guerrillas eran reclutados entre elementos extranjeros, habitantes de campamentos que rodean Santiago, obreros de los cordones industriales (…) y estudiantes universitarios”.

“Aparte de las ‘enseñanzas’ sobre manejo de armas entregadas a los extremistas en las escuelas de guerrillas, se les impartían diferentes tipos de instrucciones”, señalaba. A este respecto, citaba las supuestas instrucciones recibidas por los sindicatos de las industrias del Cordón Vicuña Mackenna. Se incluyen instrucciones sobre armas, comunicaciones, material sanitario, formación de brigadas de acción, acumulación de material de guerra –granadas caseras, bencina, municiones, armas, explosivos y otros–, empadronamientos de viviendas y vehículos del sector. Se contemplaba, incluso, la ‘expropiación’ de autos particulares”, sostenía.

Concluía: “La finalidad de las escuelas de guerrillas (…) era instaurar la dictadura marxista en Chile. En ese momento, o incluso antes, las mismas fuerzas extremistas abrirían los fuegos hacía otros países latinoamericanos”. No importaba, ahora habían llegado las Fuerzas Armadas con un “nuevo espíritu para reconstruir”.

Hoy existe abundante evidencia de que el Plan Zeta era una falsedad, como lo estableció el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: un falso pretexto para el Golpe de Estado y, además, para la violenta persecución que se desencadenó contra los hombres y mujeres de izquierda. Tampoco los partidos de la Unidad Popular con poder de fuego y una organización para defender militarmente el Gobierno de Salvador Allende. Aún está pendiente esclarecer los autores intelectuales de tamaña infamia, que en esos días fue dada por cierta por la generalidad de los opositores a la UP, incluso los “moderados”, como fue el caso entonces de “Ercilla”.

Fueron periodistas de esa revista los que en esos días publicaron dos libros fundamentales en la propagación de la mentira del “Plan Zeta”: “Anatomía de un Fracaso”, de Emilio Filippi y Hernán Millas, y “Septiembre/ 73. Martes 11 Auge y Caída de Allende”, que fue escrito por Abraham Santibáñez, Francisco Castillo y el mismo Luis Álvarez Baltierra.

Con el paso del tiempo, todos ellos pasaron a las filas de la oposición a la dictadura, cuando ya se encontraba consolidada y había pasado el período más cruento y generalizado de la matanza y la represión, con más de 1.800 desaparecidos y muertos, que fue precisamente en esos días aciagos de septiembre de 1973.

Santiago, 16 de octubre de 2026.

Crónica Digital.

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