Por : Fabiola Campillai Senadora por la Séptima Circunscripción (IND). – El mostrador - 18 de octubre 2026
Octubre no fue un hecho aislado: fue la expresión de un malestar profundo que tenía razones concretas, y esas razones no desaparecen porque algunos intenten borrar la memoria o cambiar el sentido de lo que vivimos.
Hace siete años, en octubre de 2019, el gobierno que decía que Chile era un oasis nos respondió. Frente a los reclamos de la ciudadanía por el aumento del costo de la vida, nos dijeron que teníamos que madrugar para tomar el Metro o que aprovecháramos de comprar flores porque estaban más baratas. Mientras millones de familias enfrentaban dificultades para llegar a fin de mes, las autoridades parecían vivir en un país completamente distinto.
Así fue como millones de personas salieron a las calles y dijeron “basta”: Basta de abusos, basta de desigualdad, basta de las burlas de un gobierno, basta de vivir en un país donde trabajar toda una vida no garantiza poder vivir con dignidad.
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Pero la respuesta del Estado fue la represión. Nos respondieron con disparos y violencia y no solamente contra quienes se manifestaban, sino también contra trabajadores que regresaban a sus casas, que iban a sus trabajos, personas que transitaban por las calles y ciudadanos que simplemente se encontraban en el lugar equivocado. Frente a esa violencia, y frente a la indignación que provocó conocer a personas heridas y mutiladas, millones volvieron a salir a las calles con todavía más fuerza.
Durante aquellos meses sufrimos graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Alrededor de 464 personas sufrieron lesiones oculares; hubo personas fallecidas, personas que quedaron con discapacidades permanentes y miles de víctimas que todavía viven con las consecuencias físicas y psicológicas de aquella violencia. Se registraron miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos y, sin embargo, hoy, siete años después, son muy pocas las víctimas que han encontrado justicia.
La impunidad sigue siendo una dolorosa realidad. Amnistía Internacional ha advertido sobre el reducido número de agentes del Estado condenados que cumplen penas efectivas de prisión y, mientras tantas víctimas continúan esperando justicia, algunos de los responsables ya han comenzado a recibir beneficios penitenciarios.
Por eso, recordar octubre no es solamente recordar las manifestaciones. Es recordar a las víctimas, denunciar la impunidad y exigir garantías de que nunca más el Estado vuelva a utilizar sus armas contra el pueblo al que tiene la obligación de proteger.
En este punto quiero detenerme en algo fundamental: no podemos equiparar los crímenes cometidos por particulares con aquellos perpetrados por quienes tienen la responsabilidad de ejercer la fuerza pública y utilizar las armas del Estado. No se trata de restar gravedad a los delitos comunes, sino de reconocer que quienes reciben del Estado la autoridad, las armas y la responsabilidad de proteger a la ciudadanía tienen una obligación especialmente exigente. Cuando un agente del Estado utiliza ese poder para cometer un crimen, no solamente vulnera los derechos de una persona: también traiciona la confianza que la sociedad depositó en él y utiliza contra la ciudadanía los instrumentos que le fueron entregados precisamente para protegerla.
Existe, además, otra diferencia que muchas veces se pretende ignorar. Quienes cometen graves violaciones a los derechos humanos desde las instituciones del Estado pueden contar con redes de protección construidas durante años: redes dentro de las propias instituciones en las que trabajaron, pero también respaldos de sectores políticos que se beneficiaron de sus actuaciones para mantener privilegios o conservar el poder. Esas redes pueden traducirse en pactos de silencio, encubrimientos, dificultades para obtener pruebas y obstáculos que hacen mucho más difícil investigar, juzgar y condenar a los responsables.
La historia de nuestro país nos ha demostrado lo difícil que puede ser llevar ante la justicia a quienes ejercieron el poder del Estado para cometer crímenes. También conocemos casos en que las defensas han recurrido a argumentos sobre el estado de salud de los acusados para impedir o postergar su comparecencia ante los tribunales. Por eso, cuando después de años de investigaciones, obstáculos y dificultades finalmente se consigue una condena por violaciones a los derechos humanos, no estamos hablando simplemente de una sentencia judicial, sino de una conquista de las víctimas, de sus familias y de una sociedad que ha debido luchar durante años contra la impunidad.
Precisamente por eso resulta tan grave que hoy se pretenda abrir nuevamente la puerta a la liberación de personas condenadas por estos crímenes. Porque digamos las cosas como son: hoy, cuando estamos conmemorando siete años de aquellas manifestaciones, sectores del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano vuelven a impulsar indultos para uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social.
Yo me pregunto: ¿dónde queda la justicia para las víctimas? ¿Dónde queda la responsabilidad de quienes utilizaron las armas del Estado para disparar contra la ciudadanía? ¿Qué mensaje estamos entregando cuando, después de tantos años de lucha para conseguir una condena, se pretende liberar a los responsables?
Resulta especialmente preocupante que esta discusión se instale mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por su respuesta a las demandas ciudadanas en materia de seguridad, combate al crimen organizado y narcotráfico. La seguridad no puede ser un discurso que se utiliza solamente cuando conviene políticamente: no podemos exigir mano dura contra la delincuencia y, al mismo tiempo, promover beneficios para quienes fueron condenados por cometer graves delitos abusando del poder del Estado. La justicia no puede depender del uniforme que llevaba quien cometió el crimen, ni de las amistades políticas que tenga, ni de las instituciones a las que perteneció.
Nada de esto significa desconocer los derechos de las personas privadas de libertad. Toda persona, incluso quien ha cometido los delitos más graves, tiene derecho a recibir atención médica, a condiciones dignas y a que cualquier enfermedad sea evaluada con criterios objetivos. Pero una cosa es garantizar esos derechos y otra muy distinta es utilizar razones humanitarias como una vía para dejar sin efecto condenas judiciales.
Por eso creo que debemos abrir una discusión seria sobre la eliminación de la facultad presidencial del indulto. No puede ser que una decisión política individual termine dejando sin efecto el resultado de años de investigaciones, juicios y esfuerzos de las víctimas por obtener justicia. Lo que corresponde es fortalecer los mecanismos judiciales que ya existen, con evaluaciones médicas independientes, criterios transparentes, respetando las condenas en materia de derechos humanos y una participación efectiva de las víctimas, de modo que las decisiones se adopten conforme a la ley, con pleno respeto al debido proceso y sin quedar sometidas a las presiones de los gobiernos o de los sectores políticos de turno.
Mientras se discute cómo liberar a criminales, las injusticias que llevaron a millones de chilenos y chilenas a manifestarse en octubre de 2019 siguen presentes y más vigentes que nunca: el aumento del costo de la vida, la preocupación por el desempleo y las dificultades para acceder a derechos sociales continúan formando parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y hoy advertimos con preocupación políticas económicas que favorecen a los sectores de mayores ingresos, mientras se anuncian recortes y restricciones presupuestarias que afectan a quienes más necesitan del Estado.
Detrás de cada recorte presupuestario hay personas. Hay familias que esperan una digna atención en la salud pública. Hay niños que necesitan una educación de calidad. Hay personas mayores que requieren cuidados. Hay trabajadores que necesitan mejores condiciones laborales. Cuando se debilitan los derechos sociales se profundiza la desigualdad y, cuando se profundiza la desigualdad, nos alejamos de la justicia social que millones exigieron en octubre de 2019.
Por eso resulta tan doloroso escuchar a quienes aprovechan esta conmemoración para decirnos que estuvo mal salir a las calles, que estuvo mal levantar la voz, que estuvo mal exigir dignidad. Algunos pretenden instalar una interpretación de nuestra historia que justifica la represión, que glorifica y hace apología de los crímenes de agentes del Estado y que minimiza las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquellos meses.
Pero quiero decirlo con toda claridad:
- Exigir dignidad no estuvo mal.
- Manifestarnos por nuestros derechos no estuvo mal.
- Denunciar los abusos y las desigualdades no estuvo mal.
- Y la violencia que sufrimos jamás puede convertirse en una advertencia para que nuestro pueblo guarde silencio.
La democracia no se fortalece castigando la protesta social ni debilitando los derechos de las personas. Se fortalece escuchando a la ciudadanía, garantizando sus derechos sociales, protegiendo su derecho a manifestarse y asegurando que nadie esté por encima de la justicia. Por eso necesitamos seguir organizándonos, cuidándonos y defendiendo nuestros derechos.
Octubre no fue un hecho aislado: fue la expresión de un malestar profundo que tenía razones concretas, y esas razones no desaparecen porque algunos intenten borrar la memoria o cambiar el sentido de lo que vivimos.
Esta conmemoración nos llama a recordar a quienes sufrieron, a acompañar a quienes todavía esperan justicia y a volver a encontrarnos en la defensa de nuestros derechos. Que la memoria nos reúna. Que la solidaridad nos fortalezca. Y que la esperanza nos mueva a seguir luchando.
Porque hoy, en octubre de 2026, sigue pendiente aquello que millones exigimos en 2019: una vida digna para todos y todas. Y porque sin verdad, sin justicia y sin garantías de no repetición, nunca podremos hablar de una democracia plenamente comprometida con los derechos humanos.
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